La Guardia Civil investiga una nueva denuncia contra el exDAO por amenazas y coacciones

La sombra judicial sobre el que fuera número dos de la Policía Nacional se alarga. La Policía Judicial de la Guardia Civil ya investiga una denuncia presentada por un comisario del Cuerpo Nacional de Policía contra el ex director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, conocido dentro del cuerpo como Jota, por presuntos delitos de amenazas, coacciones y abuso de autoridad con afectación a la integridad moral y personal. Según ha podido saber THE OBJECTIVE en exclusiva, el mando policial se personó este martes a las 11:40 horas en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos para formalizar la denuncia. La actuación ha sido asumida por la Policía Judicial del Instituto Armado, que ya ha iniciado las primeras diligencias para esclarecer los hechos relatados por el comisario.

La nueva acción judicial se produce en un contexto especialmente delicado para el exDAO, cuya salida abrupta tras su imputación en una causa por violación ha provocado un efecto dominó en la cúpula policial. Sin embargo, en esta ocasión el eje de la denuncia no es un episodio privado, sino una decisión de carácter estrictamente profesional que, según el denunciante, estuvo motivada por presiones políticas directas del PSOE. El núcleo de la denuncia es claro: el comisario sostiene que fue apartado de su puesto de forma arbitraria por orden del entonces DAO única y exclusivamente a petición del PSOE, y en concreto del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.

El mando policial ejercía como jefe de Comisaría Local en Parla, uno de los municipios más poblados del sur de la región. Durante su etapa al frente de la comisaría elaboró numerosos informes internos alertando de un fenómeno que, a su juicio, estaba desbordando la capacidad operativa: la consolidación de focos de okupación masiva de viviendas y un incremento sostenido de delitos contra el patrimonio presuntamente vinculados a población inmigrante en situación irregular, principalmente de origen magrebí e hispanoamericano. Según la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, el comisario advertía de que determinadas políticas sociales impulsadas por el alcalde socialista de Parla estaban generando un «efecto llamada». En concreto, señalaba que la tolerancia frente a la okupación de inmuebles —muchos de ellos propiedad de promotoras o incluso de titularidad pública— y la provisión de suministros básicos como agua y electricidad estaban incentivando la llegada de nuevos infractores desde otras localidades.

Los informes, remitidos a la superioridad, detallaban la existencia de edificios completos ocupados y la utilización de algunos de esos inmuebles como puntos de pernocta de delincuentes reincidentes o como lugares de receptación de objetos robados. El comisario también describía un incremento de hurtos, robos con fuerza en viviendas y establecimientos, y robos con violencia, concentrados en determinadas franjas horarias y zonas concretas del municipio vinculada especialmente a la inmigración.

La queja política y la orden de salida

Siempre según el relato del denunciante, las advertencias sobre el repunte delictivo y su vinculación con la ocupación ilegal generaron incomodidad en el ámbito político local. El alcalde de Parla habría trasladado su malestar a instancias superiores, entre ellas el delegado del Gobierno en Madrid. La denuncia sostiene que fue el propio Francisco Martín quien puso en conocimiento del entonces DAO la incomodidad del PSOE con la actuación del comisario. A partir de ese momento, según el escrito presentado ante la Guardia Civil, se produjo una reunión en la que el exDAO comunicó al mando policial que debía abandonar su destino.

El comisario asegura que se le ofreció un puesto de coordinación en Madrid —habitualmente reservado a comisarios principales— como fórmula para apartarlo del foco del conflicto. Una «patada para arriba», en palabras del entorno del denunciante, que en la práctica suponía cesarlo de la jefatura operativa en un momento especialmente sensible. El mando se negó a aceptar el traslado. Alegó que ya había sido desplazado previamente con la llegada del PSOE y que esa decisión estaba recurrida en la jurisdicción contencioso-administrativa. Según la denuncia, la respuesta del exDAO fue tajante y acompañada de expresiones despectivas hacia el procedimiento judicial en curso, dejando claro que debía abandonar su puesto porque así lo exigían los responsables políticos. Es en ese punto donde el comisario considera que se produjeron los presuntos delitos de amenazas y coacciones.

La denuncia presentada ante la Guardia Civil invoca varios tipos penales. El delito de coacciones, regulado en el artículo 172 del Código Penal, castiga a quien, sin estar legítimamente autorizado, impide a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, u obliga a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. Este delito puede conllevar penas de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses, en función de la gravedad de los hechos. En cuanto a las amenazas, el artículo 169 y siguientes del Código Penal contemplan penas que pueden oscilar entre uno y cinco años de prisión cuando la amenaza consiste en anunciar un mal que constituya delito, dependiendo de si se exige o no el cumplimiento de una condición.

La denuncia también menciona el abuso de autoridad y la afectación a la integridad moral. El artículo 173.1 del Código Penal castiga los atentados contra la integridad moral con penas de prisión de seis meses a dos años cuando se inflige a otra persona un trato degradante menoscabando gravemente su dignidad. Será ahora la investigación de la Guardia Civil la que determine si los hechos denunciados encajan en alguno de estos tipos penales y si existen indicios suficientes para trasladar la causa al juzgado competente.