El constructor más beneficiado en el 'caso Koldo' pagó a Ábalos fiestas con prostitutas

Casi cuatro años después de que José Luis Ábalos fuera fulminado como ministro de Transportes en un movimiento que muchos interpretaron como un intento de contención de daños en Moncloa, la trama que lleva su nombre —y que se ramifica hacia Santos Cerdán y Koldo García— sigue revelando capas de un entramado que combina adjudicaciones millonarias, comisiones opacas y fiestas privadas con prostitutas. Fuentes con conocimiento directo de la investigación y personas vinculadas al núcleo de la operación han confirmado a THE OBJECTIVE que el empresario valenciano José Ruz —conocido en los ambientes como Pepe Ruz—, dueño y figura principal de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), no solo fue uno de los grandes beneficiarios de los contratos públicos durante la etapa de Ábalos, sino que también financiaba algunas veladas nocturnas del exministro.

Este periódico se ha puesto en contacto con Ruz para recabar su versión, pero el constructor valenciano ha declinado amablemente hacer ningún pronunciamiento sobre los hechos. Sin desmentido por su parte, las fuentes consultadas por este diario aseguran que su papel de financiador de este tipo de encuentros pudo haber sido una de las puertas de entrada para alcanzar una posición prominente en el entorno cercano del exministro José Luis Ábalos.

Se trata de una figura clave por su relación con el entramado criminal que se investiga en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. El constructor más beneficiado por el Ministerio de Transportes fue uno de los principales colaboradores de Ábalos y Koldo durante sus tres años de mandato. Diferentes testigos consultados por THE OBJECTIVE le sitúan en reuniones habituales en el restaurante La Tragantía de Madrid, donde se reunía el «grupo acelerador» desvelado por un empresario a este periódico. En su declaración ante el Tribunal Supremo, Pepe Ruz confirmó esas reuniones habituales, al igual que reconoció haber pagado 77.500 euros a Víctor de Aldama por ayudarle a recuperar una deuda en Panamá. Era, exactamente, el 20% de la cantidad adeudada que, según reconoció Ruz, era la cantidad que pactaba con sus clientes y proveedores.

Un porcentaje que, presuntamente, solicitaba también a los empresarios que reclamaban sus servicios de mediación con la Administración, a través de Ábalos y Koldo, según desveló a este diario un empresario de incógnito, que fue testigo directo de las operaciones en las que se negociaban comisiones del 20% a cambio de agilizar licitaciones y contratos con la Administración. «Había un grupo de gente encargada de acelerar todos los proyectos en relación con la Administración. Este grupo estaba formado por un líder, que sería el señor José Ruz», relató el testigo. En su visión, Ruz actuaba como el «recaudador» visible: el que daba la cara ante los solicitantes, el que abría la puerta al ministro y, a cambio, canalizaba las mordidas que supuestamente iban destinadas al PSOE —o, al menos, eso se decía en las reuniones—.

La amistad entre Ruz y Ábalos no es nueva ni casual. Se remonta a la infancia, según múltiples testimonios, y se tradujo en privilegios concretos. Ruz formó parte de la delegación oficial del Ministerio de Fomento en un viaje a Georgia para la Asamblea de la Organización Mundial del Turismo (OMT), un detalle que ilustra hasta qué punto se trataba al constructor valenciano como parte del séquito ministerial. Pero el verdadero botín estaba en las cifras: durante el mandato de Ábalos al frente de Transportes, Levantina Ingeniería y Construcción se adjudicó contratos por un importe de entre 125 y 128 millones de euros, según cruces de datos de adjudicaciones públicas y análisis incorporados a la causa por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El constructor que recaudaba un 20% para el PSOE

Entre las operaciones bajo sospecha destacan varias con claros indicios de irregularidad: la obra de emergencia en Asturias adjudicada por ADIF (alrededor de cinco o seis millones), la conservación de carreteras en Teruel (otros cinco o seis millones), el gran bocado de la autovía A-12 entre La Rioja y Burgos (cerca de 72 millones) y reformas como la del Edificio Royal en Canarias (entre seis y siete millones), donde se sospecha la intervención directa de Koldo y contactos con figuras como el entonces presidente autonómico Ángel Víctor Torres. La UCO ha documentado reuniones, teléfonos desechables facilitados por Koldo para comunicaciones discretas y hasta una «pensión» simulada de 2.600 euros mensuales que Ruz habría canalizado hacia Koldo tras el cese de Ábalos en 2021, interpretada como contraprestación diferida.

El objeto de esas citas del «grupo acelerador», según el testigo exclusivo, era claro: «Coger proyectos, ver la viabilidad de acelerarlos con la Administración y luego cobrar una comisión por ello». La mordida se repartía: una parte supuestamente para el partido, otra para los interlocutores directos que conocían los entresijos burocráticos —Koldo y Ábalos, los que más sabían de cómo mover los hilos—. Ruz, como «el que daba la cara», era el filtro inicial para cualquier empresario que buscara favores.

Ruz y las fiestas con «chicas»

Y aquí entra el capítulo más escabroso. En su entrevista en Código 10 (Cuatro), Carolina Perles, exmujer de Ábalos, dejó caer una confesión que el exministro le habría hecho: una vez en el Gobierno, Víctor de Aldama y otros empresarios «organizaban fiestas donde iban chicas». Perles lo presentó como algo que Ábalos le contaba directamente, en un contexto de influencia y privilegios del poder. Sin embargo, THE OBJECTIVE ha podido contrastar con fuentes próximas a la trama que el verdadero organizador y pagador de esas fiestas con prostitutas era Pepe Ruz. Aldama, según su propio reconocimiento en sede judicial, se encargaba de otras prebendas —como el piso en Plaza de España para Jéssica Rodríguez—, pero las veladas privadas del exministro contaban con el mecenazgo del constructor valenciano.

Esta revelación no es aislada. Se enmarca en un patrón más amplio: el uso de mujeres de compañía como moneda de cambio en el entorno de Ábalos y Koldo, documentado en audios, mensajes y registros de la UCO. Mensajes interceptados muestran cómo se coordinaban «reuniones discretas» —incluido el alquiler de pisos vía Airbnb para encuentros con prostitutas—, citas con empresarios en casas particulares (como la cena de Ábalos, Koldo y Ruz en la vivienda de Ángel Víctor Torres en Las Palmas, días antes de una licitación millonaria) y hasta referencias a «catálogos» de chicas clasificadas, publicados en exclusiva por este medio.

Ruz, imputado en el Tribunal Supremo por cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, niega cualquier irregularidad y sostiene que sus contactos eran legítimos y sus pagos, laborales. Pero el testimonio del empresario anónimo, verificado por este periódico, junto a los informes de la UCO y las filtraciones judiciales, pinta un cuadro en el que el constructor más agraciado con el dinero público no solo compraba contratos, sino también el silencio y el placer del exministro que los facilitaba.