Denuncian que el jefe de Prisiones mintió en sede parlamentaria por el caso de Estremera

Uno de los denunciantes del caso de presunta corrupción en la prisión de Estremera que investiga un juzgado madrileño ha denunciado ante la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) al secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), Ángel Luis Ortiz, presuntamente por haber mentido en sede parlamentaria cuando afirmó que el citado órgano, dependiente del Ministerio de Hacienda, no advirtió ninguna irregularidad en los más de 220 contratos adjudicados entre 2019 y 2024 objeto de las pesquisas judiciales.  El afectado ha presentado decenas de documentos que prueban las anomalías en las adjudicaciones y que, de haber sido examinadas, advierte en el escrito, la IGAE habría detectado.

«Los contratos han pasado por los preceptivos procesos fiscalizadores por parte de la Intervención Delegada Regional de Madrid […]. Ni la Fiscalía ni la Intervención vieron nada en estos contratos a los que usted se refiere», respondió el pasado martes Órtiz en la Comisión de Interior del Congreso a preguntas de la diputada del PP Ana Vázquez sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Centro Penitenciario Madrid VII denunciadas por los cauces internos de Prisiones.

Dos días después, THE OBJECTIVE publicó que el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey (Madrid) había abierto una causa para investigar estos hechos tras advertir indicios de delito. Por un lado, la juez ha iniciado diligencias contra el exdirector de la prisión del centro Enrique Valdivieso y los responsables de una docena de empresas por la adjudicación irregular de los contratos; y por otro, contra el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el jefe de área de los Servicios Jurídicos de la Inspección, José Antonio García, por supuestamente haber evitado investigar estos hechos delictivos.

La denuncia de la IGAE

En la nueva denuncia ante la IGAE, el funcionario hace mención a la información contable obtenida sobre múltiples expedientes de contratación de la cárcel madrileña que, «sin prejuzgar la actuación de esa Intervención General, invitan a contrastar la realidad documental con lo manifestado en sede parlamentaria» por el secretario general de IIPP. Entre las irregularidades documentadas y manifiestas se encuentra, por ejemplo y según el escrito, «la inversión sistemática de las fases de ejecución del gasto público, con facturas emitidas con anterioridad al acuerdo de adjudicación en decenas de expedientes, con diferencias que alcanzan hasta 101 días». 

También sirven como prueba la «duplicidad de pagos durante la vigencia de dos contratos de mantenimiento»; el «fraccionamiento indebido de contratos, con acumulación de contratos menores a empresas vinculadas que superan ampliamente los umbrales de licitación», o la «vinculación empresarial entre múltiples adjudicatarios, con domicilios fiscales coincidentes, apoderados comunes y firma electrónica de la misma persona en facturas de empresas distintas», según reza la denuncia ante el organismo del Ministerio de Hacienda, al que ha tenido acceso este periódico. 

Con el escrito, el denunciante no pretende cuestionar la labor de la «Intervención General ni la diligencia de sus órganos delegados». De hecho, desconoce si los expedientes relacionados fueron efectivamente sometidos a fiscalización previa, en qué fechas se realizó dicha fiscalización y si la documentación que obra en los sistemas de la IGAE coincide con la que ha sido obtenida por el declarante. 

Pide un informe a la IGAE

No obstante, lo que sí puede acreditar es «la realidad documental que obra en su poder, obtenida por los cauces legales, la cual revela un conjunto de irregularidades que, de haber sido conocidas por la Intervención Delegada en tiempo y forma, probablemente habrían merecido algún tipo de reparo o consideración», revela la denuncia. Por todo ello, el funcionario de prisiones ha pedido al órgano de Hacienda que verifique si los expedientes de contratación fueron sometidos a fiscalización previa por la Intervención Delegada Regional de Madrid y si las irregularidades documentadas fueron advertidas o no. 

Además, también ha solicitado a la IGAE emitir un informe sobre si la afirmación realizada en sede parlamentaria por el máximo responsable de las prisiones del Estado en cuanto al sometimiento de los contratos a los «preceptivos procesos fiscalizadores sin detención de irregularidad» se ajusta a la realidad de los expedientes. Y que, en caso de que se confirmen las irregularidades, se adopten las medidas que procedan, incluyendo, si fuera pertinente, la comunicación de los hechos al Tribunal de Cuentas y/o al Ministerio Fiscal. 

La trama de la prisión de Estremera

En la etapa que investiga el juzgado —entre 2019 y 2024—, la dirección del centro penitenciario estuvo en manos de Enrique Valdivieso, que se mantuvo en el cargo hasta su cese en abril de 2024. Posteriormente, en mayo, fue relevado por José Ángel Laso, responsable de la prisión de Madrid VII hasta diciembre de 2026, cuando Instituciones Penitenciarias lo apartó tras protagonizar distintos escándalos, entre ellos el trato de favor a su esposa, también funcionaria, a la que dio un puesto como jefa de servicios, así como otros de responsabilidad a los pocos meses de que esta última llegase a la prisión. Una circunstancia que creó gran malestar en la prisión.

Actualmente, el director del centro penitenciario es Raúl Ors, precisamente administrador de la prisión madrileña entre 2019 y 2021. Recientemente, Ors ha designado como subdirector de seguridad —número dos de la cárcel— a Óscar Prieto, que fue también administrador de la prisión entre 2021 y 2024, tras el destino del actual director al penal de Valencia. El nombramiento de ambos cargos ha causado estupor entre los funcionarios de prisiones de Estremera por su polémico pasado en el centro madrileño. Los dos altos cargos se encargaban de la gestión económica del centro durante el periodo que investiga ahora el juzgado de Arganda del Rey.