Defensa acepta que todos los militares sean reconocidos como profesión de riesgo

El Ministerio de Defensa se ha comprometido ante las asociaciones de militares a elevar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una propuesta en la que la totalidad de los uniformados sean reconocidos como profesión de riesgo y no solo aquellos que estén integrados en el régimen general de la Seguridad Social, que son los ingresados en la milicia a partir del 1 de enero de 2011. Una situación que dejaba a miles de efectivos fuera de esta medida.

AUME, UMT y Asfaspro exigieron a finales de marzo en un comunicado conjunto la modificación del real decreto 402/2025, que regula el procedimiento previo, para determinar en qué caso procede permitir anticipar la edad de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores. El objetivo es que se reconozca legitimación a las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas.

Este jueves, la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, y el director general de Personal, el general de división José Ramón Velón, recibieron a representantes de las asociaciones, a los que se trasladó el compromiso del departamento que dirige Margarita Robles de que este trámite del reconocimiento de la condición de militar como profesión de riesgo «se extienda a todo el personal militar, tanto del Régimen de Clases Pasivas como de Seguridad Social», si bien AUME, UMT y Asfaspro advirtieron en un comunicado que la medida no debe ser una «zanahoria electoral» y reclamaron una participación activa en el proceso para evitar que «aumenten las desigualdades retributivas».

Los dos altos cargos de Defensa informaron a las asociaciones que iban a iniciar el trámite ante el ministerio que dirige Elma Saiz para solicitar la consideración de profesión de riesgo para todos los militares e instaron a las asociaciones a presentar propuestas «además de las ya presentadas con anterioridad». Las tres asociaciones trasladaron la necesidad de «información y participación en el proceso, independientemente del procedimiento que se siga y más allá del encorsetamiento que supondría una comisión de trabajo del Consejo de Personal». Además, puntualizaron que también debe abordarse la diferencia en las pensiones de retiro.

«No puede haber diferencias en la pensión de los militares en función de su adscripción a uno u otro régimen de personal, Seguridad Social o Clases Pasivas. Además, (las asociaciones) abordaron la necesidad de que este reconocimiento tenga un impacto real en el personal que por alguna razón haya dejado las Fuerzas Armadas antes de alcanzar la edad de retiro», indicaron AUME, UMT y Asfaspro.

En estas tres asociaciones preocupa que esta solicitud de profesión de riesgo quede «en un mero anuncio o zanahoria preelectoral y, si no se lleva a cabo de forma correcta, aumente el desequilibrio entre los militares adscritos al Régimen de Clases Pasivas y al de Seguridad Social».

Hubo una cuarta asociación en la reunión -Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME)- que no suscribió el comunicado conjunto. Si bien coincide en el análisis de que Defensa tiene intención de elevar una propuesta a Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de que «la totalidad del personal militar sea incluida en el marco de las profesiones de riesgo», lo que permitiría la aplicación de coeficientes reductores y otras medidas asociadas, lamenta que dicha explicación no viniese acompañada de «documentación técnica, informes preliminares o borradores que permitieran valorar la solidez, el alcance o la viabilidad real de la iniciativa anunciada».

«Aunque se afirmó que la solicitud se ha planteado para el conjunto de las Fuerzas Armadas, tampoco se ofreció un posicionamiento explícito ni un compromiso formal que despejara las dudas existentes. De igual modo, se indicó que las asociaciones profesionales serían ‘tenidas en cuenta’, sin que se precisara si se constituirá un grupo de trabajo, una mesa técnica o algún mecanismo estable de participación que permita un seguimiento efectivo y verificable del proceso», critica ATME.

A juicio de esta cuarta asociación, la reunión evidenció que, a día de hoy, «no existe un documento serio, estructurado y verificable que respalde la propuesta anunciada», lo que lleva a interpretar que el planteamiento actual de Robles «constituye más una prolongación del debate que una iniciativa técnicamente preparada». Desde esta perspectiva, «la impresión transmitida es que el anuncio podría responder a la necesidad de aplazar el descontento existente en torno al reconocimiento del riesgo profesional, sin que se haya avanzado en los elementos esenciales que permitirían convertirlo en una medida efectiva y aplicable», constata ATME.

Aclarar si la medida será voluntaria

Desde esta asociación se trasladó, además, la necesidad de aclarar cuestiones que considera vitales. Por ejemplo, si la medida tendrá carácter voluntario para quienes deseen acogerse a ella o si incluirá al personal temporal que ha servido o está sirviendo en las Fuerzas Armadas. «Las respuestas ofrecidas fueron escasas y poco concretas, manteniéndose una situación de incertidumbre generalizada. Por el momento, todo se limita a una iniciativa que, según se indicó, será presentada al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, sin que exista un horizonte claro de resolución. Quien espere un avance rápido, deberá asumir que el proceso podría prolongarse e incluso agotar la presente legislatura sin resultados tangibles», concluye.

En este sentido, aún se desconoce cuándo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones finalizará el trámite y elevará al Consejo de Ministros el real decreto, que establecerá el coeficiente reductor de la edad de retiro. La declaración de la carrera militar como profesión de riesgo es una reivindicación histórica de las asociaciones castrenses. Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como policías locales y autonómicos, están reconocidos en esta categoría, pero no así los guardias civiles.