Gibraltar amenaza con sanciones tras detectar 16.000 vehículos sin ITV en vigor

El Gobierno de Gibraltar ha activado una campaña intensiva para identificar y retirar de la vía pública los vehículos abandonados o que no cuentan con la inspección técnica en vigor. La iniciativa, presentada recientemente por el Ministerio de Transporte y sobre la que ya se han hecho eco los medios de comunicación locales, llega después de constatar que el territorio arrastra un volumen inusual de coches y motocicletas sin los controles obligatorios. Según los datos, actualizados al 13 de noviembre de 2025, más de 16.000 unidades carecen de ITV válida, cifra que el Ejecutivo califica de «preocupante» y que diversas fuentes del sector ya habían señalado en los últimos meses.

Los registros del Departamento de Licencias de Conducción y Vehículos sitúan el parque móvil en 52.472 unidades, de las cuales 9.017 son automóviles y 7.254 motocicletas que actualmente no cumplen las condiciones para circular, según datos confirmados a THE OBJECTIVE. En el Gobierno reconocen que el fenómeno no se limita a despistes puntuales de los propietarios. Las series históricas incluyen 11.681 vehículos que llevan más de cinco años sin inspección y un total acumulado de 25.138 que no la han pasado en los últimos 28 años. Este desfase, como han adelantado varios medios, apunta a un problema combinado: parte de esos vehículos estarían abandonados, otros seguirían circulando sin las garantías mínimas y un número indeterminado podría encontrarse fuera del Peñón sin que sus dueños los hayan dado de baja.

Espacio urbano al límite

La presión sobre el estacionamiento ha sido uno de los detonantes de la campaña. Gibraltar dispone únicamente de 14.654 plazas públicas, una cifra insuficiente para absorber la movilidad diaria de sus 12.922 direcciones residenciales, a lo que se suma la entrada constante de vehículos procedentes de la frontera. El Ejecutivo considera que la retirada de unidades inservibles puede liberar un número significativo de espacios sin necesidad de ampliar la oferta de aparcamiento, una medida que no sería viable en un territorio con poco margen urbanístico.

Las tareas de campo ya han comenzado y están coordinadas por el Ministerio de Transporte, Gibraltar Parking Management Services y la Royal Gibraltar Police. Los equipos se han desplegado por las distintas zonas para documentar los vehículos que presentan signos de abandono, carecen de ITV o llevan más de 28 días en el mismo lugar. Con la normativa revisada, basta con que se cumpla uno de estos criterios para que se pueda retirar el vehículo. Se trata de una modificación que, según fuentes del área, agiliza un proceso que hasta ahora se veía enormemente condicionado por requisitos acumulativos.

Nuevas reglas y sanciones

El plan incorpora un claro esquema de sanciones que pretende incentivar la regularización. La multa por vehículo abandonado es de 200 libras (unos 228 euros), con reducción a 100 (114 euros) si se paga en un plazo de dos semanas. En caso de retirada, se añaden 60 libras (68,40 euros) por el uso de la grúa y 15 libras (17,10 euros) por día de almacenamiento en el depósito municipal. Para evitar que el proceso se convierta en un castigo indiscriminado, el Gobierno ha incluido una opción gratuita para facilitar esta transición: los propietarios que no quieran mantener el vehículo pueden entregarlo voluntariamente a las autoridades con su documentación y ubicación, lo que permite tramitar su eliminación sin coste.

Las autoridades insisten en que parte del problema proviene de la falta de actualización de los titulares. Entre los 4.183 vehículos cuya ITV lleva menos de un año caducada, se sospecha que muchos podrían haber sido abandonados en España, vendidos informalmente o simplemente olvidados por antiguos propietarios. La campaña pretende impulsar una revisión generalizada de la documentación, con especial atención a los vehículos que no se utilizan de forma regular.

El Ministerio de Transporte recuerda además que circular sin una inspección válida invalida el seguro y compromete la seguridad vial. En el Ejecutivo apuntan también a la dimensión medioambiental: un porcentaje desconocido de estos vehículos podría estar contaminando por encima de los límites permitidos al no haber sido sometidos a controles periódicos.

Una medida no exenta de debate

Las brigadas de retirada se apoyarán en los calendarios habituales de limpieza urbana, colocando avisos con 48 horas de antelación para que los propietarios retiren sus vehículos. Los que permanezcan en la zona serán trasladados al depósito. La medida no afecta a las fincas privadas, aunque cualquier vehículo que salga a la vía pública entra en el ámbito de aplicación de la campaña.

La iniciativa ha generado controversia entre algunos residentes, que consideran que el sistema penaliza situaciones temporales, especialmente en épocas como diciembre, cuando es habitual que los vehículos permanezcan más tiempo estacionados. Otros, en cambio, celebran una actuación que ven necesaria ante la saturación creciente del espacio urbano. Este debate ya se puede observar en redes sociales.

En el Gobierno sostienen que la prioridad es recuperar plazas, mejorar la seguridad y ordenar un parque móvil que, con más de 50.000 vehículos registrados para un territorio de apenas siete kilómetros cuadrados, se ha convertido en un desafío estructural.