Las tres vías del constitucionalismo para que la UE obligue al Govern a cumplir con el 25%
La UE no tiene competencias en materia lingüística. La estrategia pasará por señalar el incumplimiento de las sentencias y la vulneración a la libre circulación
Didier Reynders, comisario de Justicia de la UE, e Inés Arrimadas | Europa Press
El constitucionalismo catalán aprovechará la visita a Cataluña de una delegación del Parlamento Europeo para analizar la situación del castellano en las escuelas con el fin de instar a la Unión Europea a tomar cartas en el asunto. Fuentes de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (ABE) consultadas por THE OBJECTIVE buscan que las autoridades comunitarias se pronuncien sobre esta cuestión del mismo modo que recientemente lo han hecho para pedir a las principales fuerzas políticas que renueven el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y modifiquen su sistema de elección.
La AEB, así como Ciudadanos, el partido que ha logrado el compromiso de la Eurocámara para visitar la región, contemplan tres vías de actuación que engloba el Parlamento, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
«Tutela de la UE» sobre España
La primera estrategia -y la más factible que prospere- será apelar al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, relativo a que todos los estados miembros deben respetar los principios democráticos, para conseguir la «tutela de las instituciones europeas» cuando hay una «quiebra sistemática de la legalidad» en una área determinada.
El jurista y miembro de la AEB, Rafa Arenas, explica que el primer objetivo es que «la UE reconozca que hay un problema con el régimen lingüístico en Cataluña, que sumado a los incumplimientos de las sentencias judiciales, demuestre que hay una quiebra del Estado de Derecho». Y es optimista porque «la Unión Europea ha ido ganando confianza en la tutela de valores fundamentales».
Precedente del comisario de Justicia
A este respecto, el hecho de que el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, emplazara a Pere Aragonès en su encuentro en Bruselas a «garantizar la plena aplicación de las sentencias judiciales» respecto al 25% de horas lectivas en castellano sentó un precedente inédito.
Desde la AEB confirman a este periódico que la «actitud» de las instituciones comunitarias ha cambiado sustancialmente en tan solo seis meses. Y que se toman en serio su función de «vigilancia del Estado de Derecho». En especial, desde que los fondos de recuperación de la covid-19 han empezado a circular y, en consecuencia, se exige a los estados miembros la observancia a la legalidad sin fisuras.
También recuerdan que el Consejo de Europa, órgano consultivo al que recurre el nacionalismo para denunciar la «represión del Estado», dejó claro en su comité de ministros que no se puede denigrar a los jueces. Y estas mismas fuentes afirman que el Govern, con sus declaraciones públicas sobre esquivar o no aplicar las sentencias de la Justicia catalana, ha llevado «la crítica a los tribunales más allá de lo permitido por los estándares europeos».
¿Sanción a España?
Otra vía que se plantea, pese a la dificultad de que surja efecto, es que la Comisión Europea inicie un procedimiento de infracción que acabe en el Consejo Europeo. El artículo 7 del Tratado de la UE recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos como los derechos humanos o el imperio de la ley y puede implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.
Fuentes de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, matizan que la misión servirá, sobre todo, «para visibilizar hechos y recopilar datos que se plasmarán en un informe parlamentario que incluirá recomendaciones políticas». No obstante, creen que también puede ser útil para que «la Comisión Europea lo tenga en cuenta, junto con otras fuente, y refleje en su informe sobre Estado de Derecho las deficiencias existentes en materia de cumplimiento de sentencias».
«El paso siguiente si no se subsana el problema -añaden- sería que la Comisión lanzara un procedimiento de infracción». Para ellos, es importante que «el Comisario haya afirmado esta semana que hará uso de su competencia en materia de cumplimiento de sentencias judiciales nacionales».
Tribunal de Justicia de la UE
En los casos más extremos, como la vulneración de la independencia judicial en Polonia, la Comisión Europea ha planteado recursos por incumplimiento en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «El TJUE ha adoptado bastantes resoluciones en las que ha anulado leyes polacas por ser contrarios al derecho europeo», abunda Arenas.
Los tribunales de los estados miembros también pueden plantear cuestiones prejudiciales al TJUE para que «interprete y se pronuncie» sobre leyes nacionales. No obstante, antes de llegar a este escenario se debe pronunciar el Tribunal Constitucional en la materia. Y es una cuestión que puede llevar años.
Vulneración del «derecho europeo»
Lo que es evidente es que desde la AEB enfocarán la cuestión de la lengua en las escuelas como una «vulneración del derecho europeo». Son conscientes de que la UE no tiene competencias en materia lingüística, y que mientras la UNESCO reconoce el derecho de los niños a estudiar en su lengua materna, no es un derecho propiamente dicho de las instituciones europeas.
Ana Losada, presidenta de la AEB, explica que el Parlamento Europeo no tiene convenio sobre educación pero visitará la escuela catalana en base a aquellos asuntos que afectan al derecho europeo: «Insistiremos en la vulneración de las sentencias y las leyes en vigor, pero también en la vulneración de la libertad de movimientos dentro de España por la barrera lingüística. Todo ellos son puntos que enlazan con el derecho europeo».
