El PSC también pidió amparo al TC para frenar tres plenos del Parlament en 2017 y 2018
El entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazó la sesión plenaria en la que se debía investir a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat
Investidura de Roger Torrent como presidente del Parlament | Europa Press
El recurso de amparo del PP ante el Tribunal Constitucional contra la admisión a trámite de las enmiendas PSOE y Unidas Podemos para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional mediante una proposición de ley, y la petición de medidas cautelares para la suspensión de los acuerdos que afecten a su tramitación, no es una situación inédita en los últimos años. El PSC llegó a interponer en 2017 dos recursos de amparo y otro en 2018 ante el Tribunal de Garantías con petición de medidas cautelares inaudita parte con el fin de evitar que los derechos de la oposición parlamentaria fueran conculcados en el Parlament.
El primero de estos recursos tuvo lugar ante los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, en los que la mayoría independentista en la Cámara catalana aprobó las llamadas leyes de desconexión -la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica- que pretendían dar cobertura legal a la votación del 1 de octubre y a la posterior declaración unilateral de independencia.
En esa ocasión, los magistrados desestimaron la medida cautelarísima de los socialistas catalanes en lo referente a la suspensión de la celebración del pleno del Parlamento catalán por «carecer sobrevenidamente de objeto», ya que a la hora de resolverse esta cuestión el pleno del Parlament ya había concluido.
«Urgencia excepcional»
Poco después, ante la convocatoria del pleno del Parlament del lunes 27 de octubre que debía declarar la independencia de Cataluña, el PSC volvió a recurrir ante el Constitucional y en su demanda explicaban que la celebración de ese pleno supondría un «quebrantamiento radical» de la Constitución y una «aniquilación» de los derechos de los diputados.
Por ello, pedían que se declarase la «nulidad» del acuerdo de la Mesa para la convocatoria del pleno del lunes y se suspendieran «los efectos del acto impugnado y cualesquiera otras medidas cautelares que estime pertinentes para asegurar el objeto de amparo solicitado», manifestando que se trata de un «supuesto de urgencia excepcional».
Torrent frenó el pleno
En 2018, también se solicitó por parte del PSC la suspensión del pleno de investidura de Carles Puigdemont mediante la petición de medidas cautelares, que siendo adoptadas por el Constitucional en fecha de 27 de enero, no surtieron efecto porque el propio presidente del Parlament, Roger Torrent, suspendió el día 30 de enero el pleno sine die.
Ello motivó un nuevo recurso de amparo de los socialistas contra el bloqueo del Parlament para ver protegidos sus derechos fundamentales sobre la base de «ejercer los cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad, sin perturbaciones ilegítimas», según expusieron en su demanda.
El pleno del Tribunal Constitucional acordó por unanimidad admitir a trámite el recurso de amparo al considerar que cumplía con el requisito legal de la especial trascendencia constitucional. El motivo es que «plantea un problema o afecta a una faceta del derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal», y porque «el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias polÍticas generales».
En la misma línea, el tribunal decidió pedir a todas las partes personadas que se pronuncien sobre la posible pérdida de objeto del recurso del Gobierno contra las resoluciones de Torrent que se dirigían a investir a Carles Puigdemont como president. Y les daba un plazo de diez días para presentar sus escritos.
En la misma línea, estipuló el mantenimiento de medidas cautelares acordadas el 27 de enero mientras se decide sobre la eventual pérdida de objeto.
El TC aplaza su decisión
En el caso actual, los 11 miembros que componen el pleno del Tribunal Constitucional han aplazado hasta el lunes su decisión sobre el recurso presentado por el PP contra las enmiendas con las que Pedro Sánchez busca acelerar la renovación del órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes.
Los magistrados tampoco se han pronunciado sobre las medidas cautelarísimas que solicitaban los de Alberto Núñez Feijóo para paralizar la tramitación parlamentaria de las enmiendas, que se votarán este mismo jueves en el Congreso. La petición de retrasar la resolución parte de cinco miembros del sector progresista.
Batet rechaza posponer el pleno
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha rechazado este jueves la pretensión del PP, Vox y Ciudadanos de suspender la sesión plenaria sobre la reforma penal de la sedición hasta que el el Tribunal Constitucional decida sobre las enmiendas impugnadas. Al continuar la sesión, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo.
PP y Ciudadanos también se han mostrado muy críticos con la decisión de Batet. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado que los órganos del Congreso no han resuelto los recursos de amparo presentados por el PP durante el trámite parlamentario. Y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha hablado de las diversas «irregularidades» en las que, a su juicio, se ha incurrido en la tramitación de esta proposición de ley.
