Los colegios catalanes formarán a los niños en memoria democrática desde los seis años
La ley promulgada por la Generalitat obliga a profesores, jueces y fiscales a instruirse, y amplía la consideración de víctimas del franquismo al colectivo LGTB
Manifestación por la escuela catalana. | Europa Press
La Generalitat obligará a los colegios catalanes a incorporar la memoria democrática en todo el currículum educativo: desde los seis años (1º de Primaria) hasta los 18 (2º de Bachillerato). Así consta en el anteproyecto de ley de memoria democrática que ha presentado este miércoles la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, y que será aprobado el próximo martes por el Govern antes de ser remitido al Parlament. Este también prevé la retirada de monumentos franquistas, multas de entre 2.000 y 10.000 euros a los ciudadanos que exalten públicamente el golpe de estado de 1936 o de la dictadura posterior, y el expolio de ateneos.
La ley catalana convivirá con la nacional, aprobada el pasado mes de octubre. En su pulso con el Ejecutivo Central, la Consejería de Justicia, Derechos y Memoria se ha concentrado en maximizar las competencias de la Generalitat y ampliar los preceptos que no incluye la promulgada por Félix Bolaños. Así, también prevé la eliminación de toda la simbología franquista en un plazo de dos años y la inclusión de dos nuevas fechas conmemorativas: el día de la República, que se celebrará el 14 de abril, y el día de la constitución de la Asamblea de Cataluña, el 7 de noviembre.
También va más allá de la norma nacional en la incorporación de los contenidos memorialísticos en las primeras etapas de la enseñanza, desde la Educación Primaria hasta Bachillerato. En palabras de Ubasart, servirá para «transitar hacia un nuevo paradigma en las políticas de memoria en un momento de cambio generacional, en el que muchas personas no solo no han vivido la Guerra Civil o la dictadura franquista, sino tampoco la Transición o las primeras décadas de la democracia».
Perspectiva de género
Este «nuevo paradigma» denunciará el esclavismo y el colonialismo, pensando en la «memoria de las diásporas y en los catalanes de origen foráneo». También se pretende erradicar el racismo institucional y la discriminación por motivos étnicos, raciales o culturales. La norma amplía, a su vez, la consideración de víctimas del franquismo al colectivo LGTB, a las personas «psiquiatrizadas» por alejarse del «modelo de normalidad impuesto por el poder» o a las personas enfermas de la polio.
La ley incluye la perspectiva de género en las políticas de memoria para «reivindicar el papel de las mujeres como sujetos activos de la historia en clave republicana y antifranquista, más allá de su condición de víctimas también de la represión». «El texto incorpora en todas sus disposiciones la mirada feminista», blasona el Govern.
Memoria para profesores, jueces y fiscales
El texto no especifica cómo se impartirá esta formación, pero esta no será exclusiva para los niños. La Consejería de Educación se encargará de facilitar las herramientas pedagógicas para que los profesores hagan lo propio, mientras que el departamento de Justicia prevé también un programa de instrucción en memoria democrática a los jueces y fiscales, así como formación específica para la aplicación de la norma.
«Es una ley que hace colaborar diferentes departamentos, diferentes niveles administrativos y en la que han jugado un papel destacado las entidades sociales», ha señalado este miércoles Ubasart, que ha recordado que los trabajos para esta legislación se iniciaron durante el mandato de la consellera Ester Capella (ERC), siguieron durante la etapa de Lourdes Ciuró (Junts) y se culminan ahora.
Sanciones
En cuanto al régimen sancionador, la norma autonómica contempla duras medidas para luchar contra el enaltecimiento del franquismo, castigando aquellos actos que comporten «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de la Guerra Civil o la dictadura». Los ciudadanos que realicen acciones de esta índole serán sancionados con una multa de 2.000 a 10.000 euros, mientras que a los representantes públicos les aguardan sanciones de 10.000 a 150.000 euros.
En esta lucha anacrónica contra la dictadura, la Generalitat se ha propuesto retirar la simbología franquista del espacio público en un plazo máximo de dos años. Con este fin, actualizará el censo de simbología para determinar qué queda por hacer. Entre los remanentes estarían el obelisco de Tortosa, erigido en 1966 para conmemorar la victoria en la Batalla del Ebro, y que en la actualidad es objeto de un proceso judicial.
Vox, en contra
La norma se aprobará el próximo martes y se remitirá al Parlamento catalán. Ahí debería tener un recorrido placentero, y contar con el apoyo de Junts per Cat, por cuanto el proyecto conserva en gran medida la redacción de Lourdes Ciuró. De momento, solo Vox se manifestado en contra, denunciando que los separatistas «pretenden enseñar a los niños que es mejor la discordia que la reconciliación».
En el currículum educativo se incorporará formación en memoria democrática a los escolares de Cataluña desde los 6 a los 18 años. Ante este anuncio de la consellera de Justicia, Derechos y Memoria, el presidente del grupo parlamentario de Vox en Cataluña y secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha manifestado en redes sociales que «van a contar a miles de niños que sus bisabuelos, asesinados por su fe o por sus ideas a manos de socialistas y separatistas, se lo merecían».
