La Generalitat de Cataluña deja de mostrar la nacionalidad de los beneficiarios de ayudas
Vox denuncia que el ‘Govern’ oculta quiénes acceden a rentas básicas y ayudas al alquiler porque «van a inmigrantes»
Oficina de Treball de la Generalitat de Cataluña. | Archivo
La Generalitat de Cataluña ha dejado de mostrar la nacionalidad de los beneficiarios de la Renta Garantida de la Ciutadania (RGC) y de las ayudas para el alquiler. El motivo es desconocido, pero desde Vox apuntan a que están tratando de «esconder» que «ayudan sobre todo a extranjeros». En 2021, el último año en el que el Govern ofreció datos al respecto, el 40% de quienes se beneficiaban del RGC eran foráneos, así como el 42% de quienes obtenían prestaciones económicas en el ámbito de la vivienda. Desde entonces, pese a la insistencia de la formación que lidera Ignacio Garriga, apagón informativo.
Vox, en documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, destapó hace dos años que el porcentaje de extranjeros que recibían ayudas de la Generalitat aumentaba. En 2021, estos eran ya 21.938 de 54.746 (el 40,06%, pese a representar demográficamente el 16% de la población). En 2020, el porcentaje se reducía al 28,61%: 12.956 de 44.020. Si la inercia ha continuado, ahora mismo habría más extranjeros que nacionales cobrando subsidios de este tipo en la región catalana.
En 2022 y 2023 intentaron recabar más información de esta índole, preguntando además por otras ayudas sociales como el Bono Social Término, Alquiler Social, Vivienda Social, expedientes DEGAIA, etc. Pero la Generalitat ha dejado de responder alegando -contra su criterio anterior- que «el tipo de documento identificativo de la persona es irrelevante para recibir la prestación».
«Discriminación positiva»
«Pueden ser beneficiarias de la Renta garantizada de ciudadanía (RGC) las personas que, o bien no disponen de recursos, o bien disponen de ellos pero son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, y siempre que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos. Entre estos está el de estar empadronado en Cataluña y que se acredite su residencia continuada y efectiva durante los 24 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, sin realizar distinciones por motivos de origen o nacionalidad», expone el Govern en respuesta a María García Fuster (Vox).
La diputada de Vox en el Parlament de Cataluña considera que, con esta respuesta, la Generalitat «decide blindar la información para que los ciudadanos no conozcan la realidad de a qué dedican el dinero»: «Lamentablemente, una parte importantísima de los recursos públicos son destinados a la inmigración, existiendo una clara discriminación positiva en su favor. Esto hace que el catalán trabajador, el que lleva toda la vida cotizando, que en un momento dado puede necesitar una ayuda puntual secundaria a la situación económica provocada por los mismos gobernantes y su mala gestión, se vea totalmente abandonado».
«Esto, que es un sentir social, se vería refrendado por esos datos que nos niegan», abunda García Fuster, que zanja en declaraciones para este medio: «El fracaso estrepitoso de la sociedad multicultural que han promovido tanto la izquierda como los separatistas está provocando que actualmente más del 50% de las ayudas sociales vayan a parar a inmigrantes, muchos de ellos ilegales».
La inmigración en Cataluña
Cataluña tiene una población total de 7.792.611 habitantes, de los cuales 1.271.810 son extranjeros, el 16,32%. De entre todos estos, destaca la población marroquí. Un informe de la Fundación Disenso, publicado por THE OBJECTIVE el pasado mes de mayo, demostraba que de los 872.759 marroquíes afincados en nuestro país, la mitad están empadronados en Cataluña (238.192) y Andalucía (157.113).
Además, cabe recordar que los extranjeros nacionalizados no dejan de crecer año tras año, por lo que muchos de los beneficiarios españoles lo son -españoles- desde hace poco. En 2022, sin ir más lejos, 181.000 personas adquirieron la nacionalidad española, un 26% más que en 2021. De estos, 48.901 la obtuvieron en Cataluña.
