El Gobierno da 1.600 millones a los Mossos mientras niega la mitad a policías y guardias
La Audiencia Nacional ordenó en junio a Interior renegociar la equiparación salarial tras un recurso de los agentes
Agentes protestan por la equiparación salarial en Madrid. | EP
El Gobierno ha acordado con ERC financiar la incorporación de 3.739 efectivos más a la plantilla de los Mossos d’Esquadra en los próximos seis años hasta alcanzar los 22.000. Lo que supondrá un desembolso progresivo entre 2024 y 2030 de alrededor de unos 1.600 millones de euros por parte del Ejecutivo central, aseguran a THE OBJECTIVE fuentes de Interior de la Generalitat de Cataluña. Se trata de uno de los compromisos que recoge el pacto firmado el PSOE y el partido independentista para asegurar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El documento que recoge este punto hace alusión a la Junta de Seguridad de Cataluña que se celebró en 2021, en la que el presidente catalán, Pere Aragonès, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pactaron la ampliación en torno al 20% de la plantilla de la policía catalana. Un aumento de efectivos que busca conseguir una ratio de 2.628 agentes por cada 1.000 habitantes, frente a la de 2.635 establecida en 2006, para que esta cifra esté «actualizada y adecuada a futuras necesidades operativas y al incremento poblacional en la comunidad autónoma».
Este compromiso con Cataluña contrasta, sin embargo, con la negativa del Gobierno a cumplir con otros acuerdos firmados con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y sobre los que incluso hay sentencias judiciales en favor de los agentes. Se trata de la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil, precisamente, con los Mossos d’Esquadra.
En 2018, Interior dio una partida inicial de 807 millones para la consecución de la igualdad entre los cuerpos y acordó realizar una auditoria posterior para completar la equiparación. Una promesa que jamás se materializó, ni en el caso del entonces ministro, Juan Ignacio Zoido, ni ahora con Grande-Marlaska. Inicialmente esta operación se presupuestó en 1.500 millones. Una cifra similar a la que el Ejecutivo ha prometido dar en los próximos años a los Mossos.
Batalla judicial
Si bien es cierto que la partida del Ministerio supuso un incremento de aproximadamente 200 euros en las nóminas de los agentes de forma progresiva, asociaciones y sindicatos policiales vienen reclamando desde hace años que el convenio firmado no supuso una equiparación real, puesto que Interior no ha cumplido con dos de las cláusulas que rubricó con los agentes. En sucesivas protestas, policías y guardias civiles han criticado que los mossos siguen cobrando hasta 500 euros más de pensión.
Esto motivó que dos de las organizaciones, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), acudieran finalmente a los tribunales. La AUGC y el SUP reclamaron a la Secretaría de Estado de Seguridad que cumpliese con las dos cláusulas, en concreto la tercera y la octava, y que trasladase esta petición al Consejo de Ministros, un extremo al que se negó el citado órgano, dependiente de Interior, según quedó reflejado en una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en enero de 2022.
«Tiene que ser efectiva cuanto antes»
A finales de junio, tras dos años de litigio, la Audiencia Nacional dio la razón a los sindicatos. Según adelantó este diario, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 3 estimó el recurso de las dos organizaciones de Guardia Civil y Policía y ordenó al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska renegociar el acuerdo de la equiparación salarial tras incumplir las cláusulas tercera y octava. Un extremo que debía ser acatado por Interior siempre y cuando el Gobierno no aprobase un proyecto de ley que recogiese las demandas económicas de los sindicatos, según señalaba el dictamen judicial.
En cualquier caso, según ha podido saber THE OBJECTIVE, la Abogacía del Estado estudia recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo en las próximas semanas, lo que evidenciaría la negativa de Interior a cumplir con el acuerdo firmado con los sindicatos. Tras el varapalo de la Audiencia Nacional, desde el área de Grande-Marlaska señalaron que «tras completar en la pasada legislatura una subida de sueldo del 38 por ciento de media para los agentes de los dos cuerpos, el Ministerio seguiría trabajando en la mejora de sus condiciones».
En el fallo, el tribunal señala que el Ministerio del Interior «habrá de procurar, con todos los medios a su alcance cumplir con las obligaciones y compromisos adquiridos». Aunque, señalan los magistrados, «no le es jurídicamente exigible que consiga la tramitación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado que incluya entre sus partidas las necesarias para cumplir con el incremento retributivo», estos compromisos pueden «ser asumidos por el Gobierno de España».
«La prioridad es que la equiparación tiene que ser efectiva en las nóminas de los policías y los guardias civiles cuanto antes», insiste el juzgado. No obstante, matiza, al precisarse de una ley presupuestaria, es el Ejecutivo quien debe presentar un proyecto de ley, a instancias de Interior, que recoja el cumplimiento total del acuerdo. De no incorporarse a esta norma lo acordado, los magistrados indican que Interior deberá iniciar una «renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes». Estas son las organizaciones de policías y guardias y civiles.
Protestas
Sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han convocado protestas el martes y el viernes que viene por la equiparación salarial y para defender la actuación de los 45 agentes antidisturbios que están siendo investigados por delitos de lesiones por las cargas del 1-O. «La partida que el Gobierno liberará en favor de los Mossos d’Esquadra duplica a la que se necesita para equiparar los sueldos de policías y guardias civiles. Hay que recordar que las fuerzas de seguridad sumamos un total de 150.000 agentes, los policías catalanes son 20.000. Es un despropósito», denuncian.
