La inacción del Gobierno en la dana obliga a Mazón a tomar sus propias decisiones
El Gobierno valenciano admite que reaccionaron hace cinco meses «basándose únicamente en las llamadas ciudadanas»
Carlos Mazón junto a Pedro Sánchez. | Jorge Gil (Europa Press)
El pasado 29 de octubre, la Comunidad Valenciana sufrió una de las riadas más devastadoras de los últimos años. Sin embargo, más allá de la magnitud del temporal, lo que quedó en evidencia fue la falta de información proporcionada por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), lo que dejó a la Generalitat Valenciana y a los cuerpos de emergencias sin datos clave para anticiparse al desastre.
A diferencia de lo que ocurrió aquel día, en el actual episodio de lluvias la Generalitat ha tomado sus propias decisiones sin esperar la actuación del Gobierno central, garantizando una respuesta eficaz y rápida ante el temporal.
La jornada del 29 de octubre se caracterizó por un apagón informativo que impidió activar medidas de prevención a tiempo. El 112 de Emergencias de la Generalitat Valenciana recibió 15.188 llamadas entre las 00.00 y las 19 horas, un volumen similar a otros episodios de alerta roja en la Comunitat, como la dana de Orihuela en 2019. Sin embargo, a diferencia de entonces, esta vez los servicios autonómicos no contaron con información actualizada de la CHJ sobre los desbordamientos de ríos y barrancos.
Fuentes del Gobierno valenciano sostienen que esto obligó a los servicios de Emergencias de la Generalitat a «actuar basándose únicamente en las llamadas ciudadanas», que fueron clave para activar el operativo de respuesta. «Si se hubiera contado con los sistemas de alerta temprana adecuados, se podrían haber detectado con antelación la crecida de los barrancos y se habría podido actuar con mayor margen de maniobra».
Pero la realidad es que el organismo responsable de gestionar los cauces, la CHJ, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, «no tiene instalado aún este sistema de ayuda para la toma de decisiones clave para la seguridad de la población», lamentan desde la Generalitat. Y eso a pesar de que la propia ministra Teresa Ribera reconoció en el Congreso en noviembre que estos sistemas «salvan vidas». Peor aún, «el Gobierno no inició los trámites administrativos para su contratación hasta tres semanas después de la riada», critican las mismas fuentes.
La pasividad del Ejecutivo central quedó reflejada en la gestión del barranco del Poyo, uno de los puntos críticos durante la emergencia del 29 de octubre. La CHJ ha admitido que a partir de las 17.40 se produjo un incremento súbito de caudal, cuyos datos estuvieron disponibles entre las 18.00 y las 18.10 en el Centro de Procesos de la Cuenca. Sin embargo, el aviso no se envió a Emergencias de la Generalitat hasta las 18.43, cuando el barranco ya estaba desbordado en municipios como Paiporta.
Desde el Gobierno valenciano denuncian que en la reunión del Cecopi, donde estaba presente el presidente de la CHJ, Miguel Polo, y otros técnicos del organismo, «nadie alertó del riesgo de desbordamiento ni de lo que ya estaba ocurriendo». Tampoco lo hizo la Delegación del Gobierno, pese a que tenían información desde las 17.40. Cuando finalmente se lanzó el Es-Alert a las 20.11 horas, el mensaje no se refería al desbordamiento del barranco del Poyo, sino al riesgo de rotura de la presa de Forata, un aviso que solo se activó tras la llamada desde Colombia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la consellera de Emergencias, Salomé Pradas.
Fuentes del Consell aseguran que este cúmulo de errores y la falta de actuación del Gobierno central «obligaron a la Generalitat a actuar con independencia en el nuevo episodio de lluvias». En la actual dana, el Consell ha reaccionado con rapidez, sin esperar a las decisiones de Madrid.
El pasado lunes, cuando la Aemet activó la alerta roja en Castellón a las 15.39, el Centro de Coordinación de Emergencias convocó una reunión inmediata con todas las agencias y administraciones implicadas para analizar la evolución del temporal y tomar medidas preventivas. Apenas 36 minutos después, a las 16.15, la Generalitat envió un Es-Alert con instrucciones claras para la población, garantizando que los ciudadanos estuvieran informados con la suficiente antelación.
Carlos Mazón, además, ha demostrado una implicación mucho mayor que en octubre, cuando su llegada al Cecopi fue objeto de críticas. En esta ocasión, el presidente de la Generalitat se desplazó de urgencia a Castellón el lunes para supervisar personalmente el operativo y coordinar el refuerzo del dispositivo de bomberos en el Alto Palancia.
Mientras la Generalitat ha aprendido de los errores y ha mejorado su capacidad de respuesta, el Gobierno de Sánchez sigue sin dar explicaciones sobre «por qué la CHJ no activó los mecanismos de alerta antes de los desbordamientos», cuestionan desde la Generalitat.
