Dejan en libertad a la enfermera y al jefe seguridad de Chávez mientras España decide su entrega

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dejado en libertad este jueves a los que fueran jefe de seguridad y enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén, tras su detención el día anterior en Madrid a petición de Venezuela.

Andreu considera que los dos pueden permanecer en libertad con la única medida cautelar de no abandonar Madrid, mientras se decide sobre su entrega a Venezuela, que reclama a ambos por un presunto delito de blanqueo, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Tras la detención de estos dos colaboradores de Chávez, en cumplimiento de una orden cursada por Venezuela para su extradición, los dos fueron puestos a disposición del juez de la Audiencia Nacional.

El abogado de los detenidos, Manuel S. Varela, atribuyó su arresto a la búsqueda de «chivos expiatorios» por parte del régimen venezolano «para distraer a la gente de la miseria que está viviendo el pueblo».

Tanto Guillén como Velásquez Figueroa, que son marido y mujer, están señalados en la investigación de los ‘papeles de Panamá’ por, supuestamente, haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para «blindar» una fortuna no declarada, según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en Twitter el pasado 10 de abril.

Esta misma investigación sitúa a ambos como muy cercanos a la primera magistratura, a Guillén como enferma de Chávez y extesorera de la nación, y a su marido como jefe de seguridad del fallecido jefe de Estado.

En otro mensaje, Saab recordó que en 2016 la Fiscalía venezolana realizó allanamientos a las propiedades de la familia Velásquez Figueroa y que en ese momento «se les detectó innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito que los obliga a comparecer ante las autoridades competentes de Venezuela».

El letrado Manuel S. Varela ha expresado su satisfacción con la decisión del juez Andreu, pues considera que sus defendidos ahora podrán demostrar que «son víctimas de un régimen corrupto que los está usando, tanto a ellos como a otros, para esconder su responsabilidad por la actual situación del pueblo venezolano»

A su juicio, «no había ningún motivo» para mantenerlos privados de libertad al indicar que «las alegaciones provenían de un régimen criminal con una larga historia de abuso de los organismos de justicia internacional».