Los agravios con Mossos y Ertzaintza sacan a miles de policías a la calle contra el Gobierno
Unos 20.000 agentes han exigido a Interior mejoras laborales, entre ellas la equiparación de sus pensiones con los cuerpos autonómicos
AUGC y SUP se manifiestan por unas mejores condiciones de trabajo. | Europa Press
Los agravios con los cuerpos autonómicos han sacado de nuevo a las calles del centro de Madrid a policías y guardias civiles de todo el país. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organizaciones decanas de ambos cuerpos, miles de agentes han exigido al Gobierno la equiparación de sus pensiones con las de Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral, quienes perciben hasta 600 euros más tras jubilarse. Policía Nacional y Guardia Civil, según denuncian, son los únicos funcionarios policiales que no tienen reconocida la necesidad de anticipar la jubilación y cuando acceden a ella lo hacen con un menoscabo económico del 30%.
En la movilización, a la que han acudido 20.000 personas según el cálculo de las organizaciones convocantes, los agentes han recordado al Ministerio al Interior que el acuerdo de equiparación suscrito en 2018 no se ha cumplido en su totalidad y han reclamado a su titular, Fernando Grande-Marlaska, que se incluya una partida presupuestaria para igualar sus pensiones con la de sus homólogos en Cataluña, País Vasco o Navarra. «¡No nos merecemos este trato del Gobierno, solo queremos que cumplan el acuerdo!; ¡mismo trabajo, mismo sueldo!; ¡policías de primera, condiciones de tercera!», han coreado decenas decenas de funcionarios a lo largo de la protesta, que ha arrancado en la Puerta del Sol y ha culminado poco antes de la Plaza de Neptuno.
Los sindicatos se abren a negociar con el Gobierno a partir de 2023 e incluso pactar una subida progresiva en varios años, como se firmó con la equiparación salarial. «No vivimos ajenos a la sociedad, sabemos que hay una situación económica compleja y una guerra, pero queremos que se reconozca nuestro derecho por tener una profesión de riesgo. Dinero hay, lo había cuando se mejoraron las condiciones de los mossos en los presupuestos de 2022, la cuestión es si quieren que seamos una policía de tercera o no», reconocía en una entrevista reciente a este periódico Mónica Gracia, secretaria general del SUP.
Diálogo y negociación
Las organizaciones, sin embargo, no revelan cuál es el montante económico necesario para conseguir esa igualdad en las pensiones. Aseguran estar trabajando en una cifra en el caso de que hubiese un acercamiento por parte del Ejecutivo. «No es cuestión de dinero, sino de voluntad política. Queremos una mesa de diálogo y negociación, es por donde se empieza en un sistema democrático. Basta de discriminar a policías y guardias civiles», han insistido desde las dos organizaciones convocantes durante la marcha, a la que, según fuentes de la Delegación del Gobierno, han asistido 6.000 agentes.
La protesta, encabezada por representantes de los sindicatos, también ha contado con presencia política: los diputados Ana Vázquez (PP), Javier Ortega Smith (Vox) y Miguel Gutierrez (Ciudadanos). Al mismo tiempo, otras organizaciones como el Sindicato Profesional de Policía (SPP), EYA o la Unión de Guardias Civiles se han sumado a la movilización de estos funcionarios, para la que se ha diseñado un gran dispositivo de seguridad: decenas de agentes y media docena de lecheras de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, conocida como los antidisturbios.
«En pie de guerra»
Mientras todas las policías autonómicas y locales tienen reconocidos coeficientes reductores de la edad de jubilación porque sus funciones han sido consideradas de naturaleza «penosa, tóxica, peligrosa o insalubre», los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no gozan de esta consideración en el desempeño de su trabajo. Y, de este modo, no tienen la opción de «prejubilarse» percibiendo el 100% de la pensión, como es el caso de los policías en Cataluña, País Vasco o Navarra.
La «discriminación» frente a los cuerpos autonómicos, sin embargo, se vio agravada a finales del pasado año, cuando ERC y EH Bildu cerraron un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los Presupuestos a cambio de que Mossos y Policía Foral pudiesen prejubilarse a los 60 años sin perder ningún margen de su cotización. Así, desde principios de 2022, los agentes catalanes y navarros pueden ir a la reserva percibiendo el total de su pensión, es decir, sin perder margen de su cotización. «Estaremos en pie de guerra hasta que el Gobierno de Sánchez atienda esta petición de policías y guardias civiles», han asegurado desde el SUP y AUGC en la marcha, tras la que han leído un manifiesto a las puertas del Congreso de los Diputados.
Durante la manifestación, los agentes también han reivindicado una jornada de 35 horas y la reclasificación en la clase b, como tiene el resto de funcionarios desde que se suscribió el acuerdo en la mesa de función pública. Y han criticado el Gobierno por la reforma que pretende materializar con el delito de sedición: «Un movimiento dantesco y aparejado a la sensación de desamparo institucional de guardias civiles y policías, quienes sufrieron pedradas físicas para hacer cumplir una ley en Cataluña que ahora se pretende cambiar. Esta es una nueva pedrada, y más dura de encajar». «El Ejecutivo se sienta a negociar con quien está al otro lado de su Policía, pero no con su Policía», han censurado los sindicatos.
600 euros menos
El Instituto Armado y la Policía Nacional tienen figuras semejantes a la prejubilación, como la Segunda Actividad o la Reserva. No obstante, los agentes no tienen la posibilidad de cobrar la pensión máxima, es decir, el 100% de su cotización en la Seguridad Social. En su caso, si cumplen los requisitos y deciden retirarse antes de los 65 años, los policías y guardias civiles pierden ciertos complementos de su sueldo.
Una pérdida salarial que supone una diferencia de 600 euros entre la pensión de prejubilación de un mosso o un ertzaina y la de un agente de la Policía Nacional. Según se deduce de las tablas salariales de ambos cuerpos, cuando un policía catalán se retira anticipadamente cobra un total de 2.659,41 euros. Si lo hace un policía o un guardia civil, su pensión base es de 1.577,81 euros, a lo que se añaden los trienios acumulados de los agentes, que pueden oscilar entre 200 y 300 euros.
En cualquier caso, el traslado de un agente a la Segunda Actividad le supone dejar de cobrar unos 700 euros al mes. Una situación que no se revierte cuando el guardia civil o el policía cumplen los 65 años. Cuando alcanzan la edad suficiente para jubilarse, la pensión de un policía de escala básica asciende hasta los 1.821,29 euros, mientras que la del mosso d’esquadra se mantiene igual. En el caso de los agentes catalanes, según lo pactado con el Gobierno, podrán jubilarse a los 60 años y cobrar el total de su pensión, siempre y cuando acrediten 35 años de actividad efectiva y cotización.
