El juez retira el pasaporte al exjefe de ETA 'Mikel Antza' por ordenar el atentado de Santa Pola
La Audiencia Nacional impone medidas cautelares contra ‘Mikel Antza’ y Ramón Sagarzazu, exresponsables de los aparatos político e internacional de la banda cuando ocurrió el ataque
Fachada de la Audiencia Nacional. | Europa Press
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado retirar el pasaporte y prohibir salir de España al exjefe de ETA Mikel Albisu (alias ‘Mikel Antza’), investigado por su presunta responsabilidad en el atentado perpetrado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) en el año 2002, según informan fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE. El magistrado ha acordado mantenerles en libertad a él y al también ex responsable de la banda terrorista Ramón Sagarzazu (‘Txango’), si bien les ha impuesto medidas cautelares, tal y como solicitaba la Fiscalía.
‘Mikel Antza’ y Sagarzazu estaban llamados a declarar este lunes junto a otros cuatro exmiembros de la cúpula etarra que también se encuentran imputados por el ataque con coche bomba en el que fueron asesinadas dos personas, entre ellas una niña de seis años. Los otros investigados son Soledad Iparraguirre (‘Anboto’), miembro del aparato político de ETA junto a Mikel Antza; Juan Antonio Olarra Guridi (alias ‘Jon’) y Ainoha Múgica Goñi (‘Olga), miembros del aparato militar de la banda; y Félix Esparza Luri (‘Ana’), exjefe del aparato logístico de ETA.
Estos cuatro últimos exjefes de ETA se encuentran en prisión cumpliendo condena por otros atentados. Según fuentes jurídicas, Esparza Luri y ‘Anboto’ se han negado a declarar ante el juez García Castellón. El primero porque está en una cárcel francesa y la segunda porque no le han llevado al Centro Penitenciario del País Vasco desde donde declaraban ‘Jon’ y ‘Olga’. Por su parte, Mikel Antza se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que Sagarzazu solo ha contestado a las preguntas de su abogado y del fiscal.
Tras tomarles declaración, la Fiscalía ha pedido la imposición de medidas cautelares contra ‘Mikel Antza’ y Sagarzazu, exjefe del aparato internacional de ETA durante los años 2001 y 2002. En concreto, ha solicitado que se les imponga la obligación de firmar en el juzgado y la prohibición de abandonar España. La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), cuya querella reabrió el caso el pasado mes de marzo, había solicitado prisión provisional para ambos al entender que existe riesgo de fuga y de destrucción de documentos. Una petición que han respaldado el resto de acusaciones particulares.
El juez descarta riesgo de fuga
No obstante, sendos autos emitidos tras tomarles declaración, el magistrado ha descartado la petición de las acusaciones particulares y ha acordado imponer a Mikel Antza la obligación de comparecer cada mes ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 o ante el más próximo a su domicilio. También la prohibición de salida del territorio con entrega de pasaporte, así como la designación de un domicilio a efectos de notificaciones. Respecto del otro investigado, Ramón Sagarzazu, el instructor le conmina a designar un domicilio donde pueda ser emplazado.
En sendas resoluciones, el magistrado considera que en este caso no se dan los requisitos necesarios para la imposición de la medida de prisión provisional, como son el riesgo de fuga, la reiteración delictiva, la destrucción de pruebas o la posibilidad de que el encausado pueda actuar contra bienes de las víctimas. En sendos autos, García Castellón afirma que no concurre riesgo de fuga toda vez que el investigado se encuentra localizado, posee arraigo en España y no se infiere que vaya a evadirse de la acción de la justicia en la presente causa.
En relación con la ocultación o destrucción de pruebas, señala que han transcurrido más de 20 años desde la comisión de los hechos que se investigan, «por lo que, prima facie, no resulta dable afirmar que se puedan destruir tales medios de prueba, ya que no existe una inmediatez entre la comisión delictiva y esta instrucción».
La Guardia Civil da por acreditada su participación
En un informe remitido recientemente al Juzgado Central de Instrucción número 6, la Guardia Civil da por acreditado que los seis imputados formaban parte del Comité Ejecutivo de ETA en el momento del atentado y «habrían participado en la decisión y facilitación de medios para atentar contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola».
En el documento, de 312 páginas, los investigadores sostienen que «la decisión de llevar a cabo el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola no pudo ser tomada por un miembro concreto o aislado» del Comité Ejecutivo, «sino que debió requerir del consenso y de la toma de una decisión colegiada por todos los integrantes». Además, apuntan a que todos ellos podían haber evitado la comisión del atentado, y no lo hicieron.
Por ello, les responsabiliza de la acción terrorista perpetrada a las 20.30 horas del 4 de agosto de 2002, cuando el comando Argala hizo explotar el coche bomba, cargado con 100 kilos de explosivos, que mató a Silvia Martínez, hija de un Guardia Civil, y a Cecilio Gallego Alaminos, jubilado de 57 años que esperaba el autobús en una parada cercana a la casa cuartel cuando estalló el artefacto.
«El alcance, la repercusión y las consecuencias de una acción terrorista como la cometida contra el citado acuartelamiento, el cual era habitado además de por agentes de la Guardia Civil, también por sus respectivas familias (entre ellos menores de edad), así lo requería», sostiene la Guardia Civil.
El juez García Castellón reabrió la causa el pasado mes de marzo a raíz de una querella interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) para investigar la responsabilidad de la cúpula de ETA en un atentado que estaba a punto de prescribir. En su querella, DyJ solicitaba que se les investigue como «autores mediatos» del asesinato de Silvia Martínez y Cecilio Alaminos, y por 51 tentativas de asesinato terrorista.
También como responsables de la planificación y coordinación de la logística para poner a disposición de los dos autores materiales del atentado –Óscar Celarain Ortiz y Andoni Otegi Eraso, condenados a 843 años de cárcel– el coche bomba cargado de 100 kilos de explosivos procedente de Francia con el que se perpetró el ataque.
