El Gobierno multará con 500.000 euros el desperdicio de comida
El plan busca reducir los 1.364 millones de kilos/litros de alimentos que se desperdician cada año
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez. | Alberto Ortega (Europa Press)
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos con la meta de reducir el desecho de productos aptos para el consumo humano que no han sido utilizados en toda la cadena alimentaria, es decir desde que se cosecha en la huerta hasta la mesa. Tras el encuentro, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado que se contemplan multas de hasta medio millón de euros.
Durante su exposición en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Planas ha destacado que se trata de un instrumento jurídico pionero par «regular y concienciar» y para prevenir una «ineficiencia en la cadena alimentaria» que tiene consecuencias económicas, ambientales y sociales.
Así, ha precisado que la intención del Gobierno es que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2023 si los trámites y plazos en el Congreso y en el Senado lo permiten.
Planas ha afirmado que solo Francia e Italia disponen de una regulación semejante en la UE y ha destacado que uno de los objetivos de la norma es concienciar, porque el 40 por ciento de la pérdida se produce en las tiendas y en los hogares y otro 20 por ciento en la cadena alimentaria.
La iniciativa, que comenzará ahora su trámite parlamentario, estipula que las empresas de la cadena deberán contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en el año 2020 los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona.
Las empresas deben donar sus excedentes
Además, las empresas deberán estipular el destino de los alimentos para evitar su desperdicio bajo la premisa de que la prioridad máxima será siempre el consumo humano a través de la donación o redistribución de alimentos.
Para donar excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En estos acuerdos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones.
Las entidades de iniciativa social que sean receptoras de donaciones deberán garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados. Sólo podrán destinar estos productos a la donación, sin que en ningún caso puedan comercializarlos, y deberán realizarla sin ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios.
Desechos convertidos en zumos y mermeladas
Por otro lado, el proyecto de ley contempla la transformación de alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas en otros como zumos o mermeladas y los que ya no sean aptos para consumo humano
Planas ha señalado que cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria ya como residuos, y la obtención de compost o biocombustibles.
El ministro asegura que los consumidores tendrán «derecho» a disponer de forma gratuita en las empresas hosteleras y de restauración a trasladar a su domicilio las sobras que no hayan comido, sin coste adicional alguno, excepto en los establecimientos de bufé libre, y para ello, estos deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables o fácilmente reciclables. El fin, según Planas, es que lo no consumido «no acabe en la basura, que eso es una pérdida inaceptable».
Por otro lado, los bares y restaurantes que prevean que ciertos productos no van a poder ser vendidos al público deberán establecer acuerdos o planes con ONG o con bancos de alimentos respecto a la utilización de los mismos.
