El PSOE y Podemos acuden al TC ante el temor de que tumbe su asalto al Poder Judicial
Los jueces buscan dirimir si las reformas promovidas por el Gobierno siguen los cauces adecuados, pero no entrarán en el fondo de la cuestión
La secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, Isaura Leal. | Eduardo Parra (Europa Press)
El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y Unidas Podemos se han personado ante el Tribunal Constitucional para tratar de evitar el pleno en el que los jueces deben dirimir si las reformas del Código Penal que votará hoy la Cámara son válidas, no por lo que se cambia, sino por la forma de tramitarlo. Los jueces, por tanto, no entrarán en el fondo de la cuestión.
En un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Grupo del Partido Socialista, a través de su secretaria general, Isaura Leal, reclama que los jueces no tomen una decisión que podría paralizar la sesión en el Congreso de los Diputados. Los socialistas aseguran que no cabe el recurso de amparo presentado por el PP (por el que se celebra este pleno) al no haberse aprobado todavía esta ley.
«Se puede afirmar, sin género de duda, que no pueden existir esos perjuicios de difícil reparación, dado que el procedimiento legislativo no ha concluido y la tramitación proseguirá de acuerdo con las previsiones de la Constitución y de los Reglamentos Parlamentarios», puede leerse. Los socialistas también defienden que no existen precedentes de que un grupo minoritario pueda paralizar esta renovación, lo que consideran que vulnerarán los derechos de los diputados.
Las cautelares aplicadas tras la reclamación del PP no son una novedad en el organismo. Una situación similar ya se vivió en Cataluña en 2017, cuando tras un recurso del PSC llegó a paralizar un pleno del Parlament en el que Carles Puigdemont iba a valorar la consulta ilegal del 1 de octubre y sus resultados.
Podemos ser persona
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha explicado que anoche presentaron el escrito en el Constitucional para poder comparecer ante los magistrados, que se suma al registrado por el PSOE en el mismo sentido.
«Es la amenaza más grave a la democracia desde el 23-F y, por eso, ayer por la noche presentamos un escrito compareciendo ante el Tribunal Constitucional para que se nos permita hablar en el pleno», ha avanzado Asens en los pasillos del Congreso.
Nervios en el PSOE
El texto presentado por los socialistas señala que si los jueces paralizan la sesión en el Congreso de los Diputados, se estaría cayendo en «una injerencia del TC» que «colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde», lo que atacaría la autonomía del Poder Legislativo al «presumir la falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de Gobierno de la Cámara (elegidos por los Diputados) y la mayoría de los Diputados que han votado y aprobado los textos en las distintas fases del procedimiento legislativo».
Fuentes socialistas consultadas por este medio aseguran que existe un temor a lo que consideran un «golpe de estado del PP y el TC». «Si tumba la reforma del Código Penal, será una injerencia del poder judicial en el legislativo, un menoscabo de la soberanía popular… un golpe de Estado», explican las mismas fuentes.
Reforma del Código Penal
El recurso del Partido Popular se dirige contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia adoptado el pasado lunes, por el que se admitieron -entre otras- las enmiendas parciales número 61 y 62 planteadas por el PSOE y Unidas Podemos en el marco de la proposición de ley por la que se deroga el delito de sedición.
En dichas enmiendas, el PSOE y Unidas Podemos proponen pasar de una mayoría de tres quintos –que ahora requiere al menos 11 votos– a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.
Además, contemplan que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, proponga y vote solo a uno, lo que -según explican las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press– garantizará que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque del Consejo (el progresista y el conservador). Esto es, en el caso de los progresistas: el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés.
El recurso del PP al Constitucional
En su recurso, el PP señaló que el acuerdo adoptado el pasado martes por el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia, por el que decidió no convocar a la Mesa de dicha comisión para resolver la reconsideración que instaron los populares frente al acuerdo de admisión a trámite de ambas enmiendas.
Además de solicitar que se anulen los dos acuerdos, el PP pidió como medida cautelarísima que se suspenda la admisión a trámite de las dos enmiendas, independientemente del momento en el que se encuentre la iniciativa legislativa.
En un comunicado, el PP ha explicado que el motivo de su recurso es que considera que se ha hecho «un uso fraudulento de los trámites parlamentarios», por la «falta de conexión» de las enmiendas con la proposición de ley, para dar vía libre a unas modificaciones que son «inconstitucionales de forma manifiesta».
«Las enmiendas suponen un atentado a la separación de poderes y una quiebra grave del Estado de Derecho, además de ser indiscutiblemente incompatibles con la Constitución», han indicado los populares.
