Feijóo busca amargar el fin de año de Sánchez con su propuesta para despolitizar la Justicia
El líder de la oposición quiere condicionar el balance político que hará el presidente del Gobierno el 27 de diciembre en la Moncloa
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el último pleno del Senado.. | Jesús Hellín (EP)
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ultima una proposición de ley para despolitizar la Justicia con la opción de presentarla a la opinión pública la víspera de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que hará balance político del año que termina, según fuentes populares consultadas por THE OBJECTIVE.
El jefe del Ejecutivo tiene previsto comparecer ante los medios el 27 de diciembre tras superar en las Cortes la polémica reforma del Código Penal que incluye la derogación del delito de sedición y la rebaja de penas para la malversación. Para los cambios en la elección de jueces del Tribunal Constitucional deberá esperar aún «varias semanas» tras el varapalo judicial en el tribunal de garantías, tal y como reconoció Sánchez en su cara a cara con Feijóo en el Senado.
Feijóo se plantea romper ese balance de año del presidente del Gobierno con su iniciativa para despolitizar la Justicia, un movimiento con el que obligaría a Sánchez a posicionarse en su comparecencia ante los medios en Moncloa. Otra posibilidad para Feijóo es esperar a principios de enero para que su proposición de ley esté más pegada a la iniciativa legislativa sobre el TC que el Ejecutivo presente para su aprobación en el Parlamento.
Además, ese 27 de diciembre lo tiene el Gobierno marcado en el calendario para un posible pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados, según desvelan fuentes parlamentarias a este periódico, si este jueves se aprueban enmiendas en el Senado en algunas de las leyes que se someterán a votación mientras los niños de San Ildefonso cantan los premios del Gordo.
La oferta de Feijóo a Sánchez en julio
El PP tiene prácticamente redactada su propuesta en base al documento «para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España» que en julio entregó al Gobierno. En él se subraya que el vigente sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial ha producido «dos resultados indeseables», fruto de la dinámica política nacional de las últimas décadas.
«Primero, se tendió al reparto por cuotas partidistas y, posteriormente, se produjo el deterioro en que el CGPJ está inmerso desde hace varios años. Ambas consecuencias, dañinas tanto para la independencia judicial como para la calidad de la democracia española, requieren una reacción por parte de las distintas formaciones políticas, especialmente de las que tienen representación mayoritaria. Estamos obligados a plantear soluciones, tanto para el presente como para evitar perjuicios mayores en el futuro», se indica en el texto al que ha tenido acceso este periódico.
Básicamente, el PP propone que los propios jueces elijan a los 12 magistrados que tienen que ser consensuados por el Poder Judicial y que los ocho que corresponden a los partidos en el Parlamento sean escogidos con unos requisitos de idoneidad y prestigio.
«La renovación del CGPJ debe hacerse con absoluta transparencia y por los órganos constitucionales a los que corresponde: el Congreso y el Senado. En consecuencia, el liderazgo de este proceso debe otorgarse a las Cortes», hacen hincapié los populares, quienes plantean que la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos cuando está en funciones «debe derogarse íntegramente y no solo en lo que respecta al TC».
La próxima renovación tendrá presente, según Génova, la «necesaria regeneración», aunque Bruselas se conforma ya con aprobar el nuevo CGPJ con las reglas actuales y luego negociar un nuevo marco para su aplicación dentro de cinco años, tal y como reiteró el comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders.
«Se preferirán los perfiles de mayor prestigio y los menos vinculados a partidos políticos, respetándose los turnos establecidos en la Constitución: doce vocales procedentes de la carrera judicial y ocho vocales juristas, sin que quepa introducir por este último cupo a integrantes de la carrera judicial en ejercicio», plantea la formación de Feijóo.
En paralelo a la renovación del CGPJ, se tramitará una reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial que asegure un cambio del modelo de elección del mismo sobre la base del consenso, «que impida que la presente situación de deterioro vuelva a producirse y que logre despolitizar el gobierno de la Justicia». Para ello, Feijóo propone encargar una propuesta de reforma al nuevo CGPJ y en el Congreso de los Diputados se creará una ponencia, en el seno de la Comisión de Justicia, que emitirá un informe al respecto, ambos en un plazo improrrogable de seis meses.
«A este acuerdo le seguirá un proceso de diálogo estructurado para alcanzar un Plan de Reconstrucción Institucional, que garantice la independencia y mejore el prestigio de todas las instituciones del Estado», se señala en el texto que tiene Feijóo sobre la mesa. Y una vez designados, los vocales del nuevo CGPJ «serán los que elijan a su presidente sin pactos previos ni indicación de cualquier tipo» por parte de las formaciones políticas.
La proposición de ley para la despolitización de la Justicia, a tramitar por el procedimiento de urgencia, incluye la derogación de la reforma que «impide al CGPJ tomar casi cualquier decisión estando en funciones», así como la regulación de las llamadas puertas giratorias.
Feijóo mantiene que los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos. Tampoco podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política «en los cinco años inmediatamente anteriores».
«Se recogerá la posible recusación del fiscal general y se establecerá que no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores»
Proposición de ley del PP de Alberto Núñez Feijóo
El PP reclama, igualmente, una regulación de la Comisión de Calificación de los jueces propuestos. «Se establece nuevamente esta Comisión con la finalidad de recabar información de los candidatos a puestos discrecionales, al objeto de motivar justificadamente los nombramientos», subraya el documento.
El principal partido de la oposición propone que todos los altos cargos de la carrera judicial pasen a ser nombrados por mayoría de tres quintos –13 votos de los 21– y que en los nombramientos de magistrados para el Tribunal Supremo se exija una antigüedad mínima de 25 años de servicio activo en la carrera judicial, «sin que pueda computarse a estos efectos los años de servicios especiales de cualquier tipo» cuando se salta, por ejemplo, a la política.
Además, Feijóo ofrece «garantías de independencia» de la Fiscalía General del Estado: se recogerá «expresamente» la posible recusación del fiscal general y se establecerá que no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores.
Mil nuevas plazas de jueces en cinco años
Los populares inciden, igualmente, en un incremento de la planta judicial en cuanto al número de jueces, con 200 nuevas plazas más al año, de manera que en cinco años el incremento de la planta en cuanto a número de jueces sea de un millar, «atendiendo así al aumento de la litigiosidad de los últimos años, la situación actual de incremento de justicia interina y las jubilaciones previsibles de los próximos años». Desde Génova se recuerda que los datos estadísticos reflejan que la litigiosidad está en niveles superiores al inicio de la anterior crisis económica de 2008.
Asimismo, el PP pide mantener el actual sistema de acceso a la carrera judicial por oposición. «Se ratificará el actual sistema de acceso al Poder Judicial acorde con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, exigencia prioritaria de la solidez de conocimientos y el cuidado de la búsqueda de la excelencia, componentes irrenunciables en un diseño que verdaderamente apueste por la independencia judicial como valor constitucional a proteger por los poderes públicos», se indica en el documento.
Por último, Feijóo defiende que la terna que formulan los Parlamentos autonómicos deje de ser vinculante para el CGPJ. Varias regiones gobernadas por el PP, por ejemplo la Comunidad de Madrid o la propia Galicia que dirigía hasta mayo el actual presidente de los populares, ya han renunciado a esta prerrogativa en los últimos años.
