Tensión en Castilla y León: Mañueco recrimina a Gallardo que Vox vaya por libre con el aborto
El presidente regional «toma nota» de la actitud de su ‘número dos’ y le reprocha que no apague la polémica pese a varios toques de atención
Juan García-Gallardo (Vox) y Alfonso Fernández Mañueco (PP) en las Juntas de Castilla y León. | Claudia Alba (EP)
El polémico plan de medidas «provida» que Castilla y León anunció el jueves ha provocado fuertes tensiones en los últimos días en el seno del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, que «ha tomado nota» de la actitud de su vicepresidente Juan García-Gallardo, al que le reprocha no haber apagado la polémica pese a varios toques de atención que se le ha dado durante el fin de semana, según desvelan fuentes del Gobierno castellano-leonés a THE OBJECTIVE.
En el equipo de Mañueco niegan que la coalición corra riesgo después de la dura advertencia que lanzó el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, a la formación de Santiago Abascal, aunque la tensión entre ambos partidos se asemeja a los primeros enfrentamientos que hubo entre los populares y los naranjas de Francisco Igea en la corta legislatura anterior que acabó en elecciones anticipadas hace un año. Es más, preguntado si deberían convocarse elecciones en Castilla y León en mayo para no depender de Vox, Sémper no cerró esa posibilidad y se limitó a señalar que es una decisión que compete a Mañueco como presidente.
PP y Vox consensuaron cuatro nuevas medidas para fomentar la natalidad en la región y así lo plasmaron en un comunicado de prensa con la bendición de Mañueco. Se trata de un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas -básicamente, que entre la consulta del ginecólogo y la del psicólogo no haya que pasar por atención primaria-, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D en toda la región -dos provincias no tienen este servicio- y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
Sin embargo, Gallardo fue más allá al anunciar en la posterior rueda de prensa del jueves que los médicos tendrían la «obligación» de ofrecer a las mujeres embarazadas que quieran abortar el citado protocolo de escucha del latido fetal, dentro de la atención programada en el primer trimestre de gestación, por lo que se incluye la etapa de seis a nueve semanas en la que aún se puede interrumpir el embarazo.
Dos consejeros de Mañueco corrigen a Gallardo
Aquellas declaraciones fueron «el primer patinazo» del número dos del Ejecutivo regional, a juicio de las citadas fuentes. «Gallardo se extralimitó cuando la nota de prensa era impecable. Hizo valoraciones políticas que no se ajustaban a la realidad, así que eran sus palabras, pero no la posición de la Junta de Castilla y León», añaden desde el equipo de Mañueco.
Dos consejeros del PP -los de Presidencia y Sanidad- corrigieron ese viernes al vicepresidente de Vox, al dejar claro que no se iba a dar ninguna instrucción a los facultativos como afirmaba Gallardo, pero este último siguió en sus trece. Ante la bola de nieve que se estaba formando, el propio Mañueco aprovechó el sábado el acto electoral de su partido en Zaragoza, donde Alberto Núñez Feijóo presentó a sus candidatos autonómicos para mayo, para dejar claro que no se iba a obligar a las embarazadas y a los médicos a hacer nada distinto a lo que era hasta ahora.
Y este lunes, cuando el vicepresidente de Vox reiteró la entrada en vigor de la nueva norma y la obligación que conllevaba para los galenos, el presidente de Castilla y León salió a la palestra en un acto institucional para negar ambos extremos y subrayar que las palabras de su número dos, aunque no le citó expresamente, supondrían unas «coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada».
«En ningún caso se modifica la cartera de servicios del Estado, básica y común para toda España, ni se modifica el protocolo de actuación sanitaria del Estado y de la Comunidad Autónoma. En ningún caso, la Junta de Castilla y León actualiza el protocolo de atención a las mujeres que se sometan a una interrupción del embarazo. Ni la legislación ha cambiado ni la Sociedad de Ginecología ha solicitado introducir modificación alguna. No se obligará a los médicos a nada. No se obligará a las mujeres a nada», hizo hincapié Mañueco en una declaración sin preguntas.
Las fuentes gubernamentales en Castilla y León insisten en que la Consejería de Sanidad no ha aprobado ni enviado ningún protocolo a los médicos, pese a lo que se avanzó el jueves en la nota de prensa y la comparecencia de Gallardo, y que tampoco ha salido publicado en el BOE regional ninguna instrucción o cambio en la actuación de los sanitarios. Por lo que todo sigue igual.
De ahí que, en su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez no haya enviado el requerimiento oficial al Ejecutivo de Mañueco que anunció en la noche del domingo ya que no tiene ningún argumento jurídico al que agarrarse para denunciar algo que no existe en papel. «Solo tienen una comunicado de prensa que saben que cumple de forma exquisita con la ley. Y las palabras de Gallardo, que saben que son suyas pero que no representan la posición de la Junta», subrayan.
El vicepresidente castellano y leonés reconoció este lunes en 7NN que Vox y PP han comunicado de manera distinta «medidas idénticas» sobre el plan de medidas provida. «Aquí hay un falso debate sobre la obligatoriedad o no de esas medidas y la pregunta que me surge es: si una orden del consejero no es obligatoria, ¿para qué sirven las órdenes de los consejeros?», se preguntó sobre el papel del titular de Sanidad en la región, el popular Alejandro Vázquez.
Ahora, para intentar rebajar la tensión, fuentes de la Vicepresidencia confirman que García-Gallardo abandonará el foco mediático y no tendrá más apariciones en medios esta semana. «Es todo una cortina de humo socialista para sacar rédito político utilizando a las mujeres y que no se hable de la reforma de la malversación o de las rebajas en las condenas que ha provocado la ley del solo sí es sí. No vamos a seguir el juego a Moncloa», zanjan desde el equipo de García-Gallardo. Para sus socios de Gobierno, tras cuatro días de polémica, es demasiado tarde: ya han «tomado nota».
