EEUU destaca las rebajas en la 'ley del solo sí es sí' en su informe anual sobre derechos humanos
El informe también señala que la UE instó al Gobierno «a trabajar con la oposición para renovar el mandato y la pertenencia de los miembros del CGPJ»
La ministra de Igualdad, Irene Montero. | Europa Press
El informe anual sobre derechos humanos que elabora el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos constata, en su capítulo sobre España, las rebajas de condenas que se han producido con la Ley de Libertad Sexual, promovida por la ministra de Igualdad Irene Montero, y «las protestas públicas y llamamientos a derogar o reformar la ley» por parte de víctimas y grupos feministas.
El informe sobre nuestro país consta de 46 páginas, y en el apartado seis, relativo a la discriminación y abusos que sufren las mujeres, refleja los efectos inesperados que provocó esta nueva ley, «conocida como la ley del solo sí es sí», a partir de noviembre: «En noviembre algunos acusados por agresión sexual bajo la nueva ley anterior presentaron y ganaron apelaciones para que sus sentencias fueran reducidas de acuerdo con la ley, provocando protestas públicas y llamamientos a derogar o reformar la ley».
El punto dedicado a esta norma explica también que, en un principio, «grupos feministas elogiaron la ley» después de que se aprobara la «eliminación de las disposiciones que permitían acusar a los infractores con delitos de menores si una superviviente no se defendía físicamente durante el asalto». No obstante, matiza que a partir de noviembre y ante las rebajas solicitados por los condenados se desencadenaron las «protestas públicas».
27% más de violaciones
El informe también destaca que en los primeros seis meses del año, «el Ministerio del Interior reportó 1.211 casos de violaciones, un aumento del 27% en comparación con el mismo periodo en 2021». Y destaca dos de los casos más mediáticos, como fue el «arresto» en mayo y julio de ese año «a cinco niños de entre 15 y 17 años y a un hombre de 18 años por las violaciones en grupo del 16 de mayo a dos niñas, de 12 y 13 años, en Burjassot (Valencia)».
El Departamento de Estado estadounidense considera que la existencia de «protocolos diferentes para gestionar casos de agresión sexual en todo el país» genera una suerte de incertidumbre en las víctimas de agresión sexual. «El Defensor del Pueblo citó problemas con la falta de evaluación de riesgo, monitoreo y la aplicación de medidas cautelares en casos de violencia de género. La falta de pautas claras significó que las sentencias por condena por delitos sexuales eran casi enteramente a discreción del juez y podría variar ampliamente», abundan a este respecto.
Aumento de la violencia de género
Otro de los datos que recoge es el informe anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2021, donde «los juzgados recibieron 162.848 denuncias por violencia de género, un aumento del 8% desde 2020». Y concreta que «las mujeres extranjeras representó casi un tercio de todos los denunciantes. Más del 71% de las 43.736 órdenes de protección solicitada fueron aprobadas por los tribunales».
Asimismo, y por lo que respecta al órgano de poder de los jueces, señalan la necesidad de renovación: «Durante una reunión de julio con la ministra de Justicia Pilar Llop, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, instó al Gobierno a trabajar con la oposición para renovar el mandato y la pertenencia de los miembros del CGPJ (…) en conformidad con las normas del Consejo Europeo, con una mayoría de miembros elegidos directamente por los jueces».
«El 14 de junio, el vicepresidente de la Comisión Europea y la comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourova, afirmó durante una visita a Madrid que las vacantes del CGPJ generaron «gran preocupación». Jourova reiteró la opinión de la Comisión de que la renovación debe seguir las normas del Consejo de Europa. En julio, la Comisión Europea publicó su evaluación anual del estado de derecho en el país, con recomendaciones de renovar el CGPJ, iniciar la reforma para permitir que la mayoría de los nombramientos para el cuerpo sean hechos por los propios jueces; reforzar la independencia del Fiscal General del Estado; y permitir la duración del mandato del fiscal de ser independiente del mandato del Gobierno».
Carlos Cuesta 2019 : «La ley de Violencia de Género es una aberración jurídica al servicio del marxismo»
“De cada 10 denunciados por violencia machista solo 2 terminaron en condena en el año 2016.. El loby feminista radical, nos vamos fuera de la justicia, el hombre pasa a tener una presunción de culpabilidad sin ningún tipo de garantía judicial, eso son la las leyes de género, se nos han escapado 8 de cada 10 pues vamos a nuestra capacidad de presión política, esa ley es una aberración, retrata a ciudadanos, se están vulnerando sistemáticamente derechos de los hombres acusados a los cuales sin garantía judicial se les esta privando de una determinada defensa jurídica, se esta saltando la constitución, ley del si, si, si ART 24.2, sin control judicial, adoctrinamiento, escuelas, padres, criba a la administración pública a todos los empleados públicos de la administración, tiene que ser retirada.”
Es curioso que Laporta haya ayer anunciado que demandará a todos lo periodistas y medios digitales que en su descripción del caso Negreira e hijo, falten al honor de personas y al club, pero eso no ocurre con las «hermanas» de sexo y profesión en el caso de Arcuri, el que protagonizo Ana Pardo de Vera, lo que desde hace años Ana Rosa o Griso impunemente generan contra hombres desde su altavoz mediático.
Lógico, normal si en este país son las mujeres las que más matan a menores lo dijo Serafín en el programa de Griso en 2022, son ellas las que denuncian a sus ex decenas de veces y se les aplica VIOGEN, secuestran a los menores y se van con ellos POR LA LABOR DE ORGANIZACIONES COMO INFANCIA LIBRE, DESPACHOS DE ABOGADAS SOLO PARA ELLAS, Y CENTROS PÚBLICOS SOLO PARA ELLAS.
curioso que en USA donde A las denuncias falsas de mujeres contra hombres se las aplica una condena de cárcel y económica no ESTE en ese informe, ni quien tiene que probar su inocencia por la carga de veracidad que implica la ley penal de autor de género es el denunciado, por la aberración jurídica que algún periodista denomino así hasta 2020, ya no.
Tampoco dice Laura si ese informe sobre que solo con denunciar a un hombre y pedir el protocolo VIOGEN, por ley, la denunciada tendrá derechos económicos, de residencia, laborales, de vivienda.
Teodoro L R no ha llevado su caso ante el TEDH y otros altos tribunales de la UE, así son solo las «hermanas» de Laura las protagonistas. Francesco Arcuri no ha llevado su caso por el trato que recibió en España a las mismas instancias europeas como dijo que haría su abogado italiano en 2018 a Griso. Como los hombres que han denunciado a políticos, ministras, cargos de alto rango por las denigrantes descalificaciones, insultos, falsedades vertidas contra ellos y en la UE no han sido atendidas, como por ejemplo el cliente de Guadalupe Sánchez.