Presión total sobre Borràs: Junqueras, PSC y la asesora jurídica de Junts piden su dimisión
Laura Borràs, suspendida de sus funciones al frente del Parlament, se resiste a dimitir y amaga con abrir una nueva crisis en el seno de Junts per Catalunya
Laura Borràs en el Parlament. | Europa Press
La negativa de Laura Borràs a dimitir como presidenta del Parlament tras su condena por corrupción por parte de la Justicia catalana -y pese a estar suspendida de sus funciones desde que fue procesada- amenaza con convertirse en una nueva crisis política en Junts per Catalunya desde su salida del Ejecutivo catalán en octubre de 2022.
Desde el PSC a ERC y CUP, pasando por destacados miembros de su propio partido, insisten en su retirada para no erosionar las instituciones y exhibir «tolerancia cero» con la corrupción. Es decir, no solo son cada vez más las voces las que piden que se haga a un lado, sino que la presión sobre ella es transversal.
Junqueras, con el PSC
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha contemplado este martes que su partido se sume a la propuesta anunciada por el líder del PSC, Salvador Illa, de llevar a cabo una reforma del reglamento de la Cámara catalana para relevar a Borràs al frente de la institución.
En una entrevista con la Agencia Catalana de Noticias, el político separatista trasladaba el peso de esta decisión a Junts: «Si deciden anteponer los intereses de una persona a los intereses del país, ya lo veremos». Y añadía con respecto a la propuesta socialista que en ERC «siempre encontrarán un aliado para preservar las instituciones, pero el primer paso lo tiene que dar Junts».
Descartan un caso de ‘lawfare’
La presidenta de la comisión de garantías de Junts, Magda Oranich, rechazó en unas declaraciones en La 2 y Ràdio 4 que la condena a Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sea un caso de lawfare, como ha querido dar a entender la propia condenada.
Las teorías del lawfare consideran que se instrumentaliza la justicia para perseguir a adversarios políticos. Y Laura Borràs no ha dudado en usar esta estrategia al sostener que los tribunales buscan «castigarla» por ser independentista. No obstante, los hechos probados durante su juicio, como los correos electrónicos enviados explicando cómo fraccionar contratos durante su etapa en la Institución de las Letras Catalanas, han complicado que el resto de fuerzas independentistas avalen esta tesis.
En este marco, Oranich sostuvo: «Si fuese yo, dimitiría». La asesora jurídica de Junts explicó que Borràs ha sido condenada por delitos comunes y no políticos, y recordó que el reglamento del partido solo contempla que no se expulse a un miembro del partido es perseguido judicialmente por motivos políticos (el llamado lawfare). Algo que a su juicio no se aplica en el caso de Borràs.
Turull intenta calmar las aguas
Las declaraciones de Oranich han generado un terremoto político en el seno de Junts per Catalunya. Hasta tal punto que el secretario general, Jordi Turull, se ha reunido con la abogada este martes para acordar una misma postura. Y es que el propio Turull había cerrado filas con Borràs al considerar que se trataba un de un caso de lawfare «de manual».
Desde el partido buscan evitar que esta división afecte a sus perspectivas electorales de cara a los comicios de mayo. La opción Trias en Barcelona, con un perfil moderado, similar al de la extinta Convergència y alejado de Borràs y Puigdemont, se presenta como el modelo más exitoso, según los sondeos. Por esta razón, la dirección de Junts intenta hacer equilibrismos para mantener el pulso independentista, pero sin estridencias que perjudiquen sus resultados electorales.
