La Eurocámara pide datos sobre la «trama» de fondos UE destapada por THE OBJECTIVE
La presidenta de la Comisión de Control Presupuestario de la Unión Europea se ha comprometido a hacer un seguimiento de la presunta corrupción
La jefa de la delegación de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier. | Gustavo Valiente (EP)
La presunta «trama corrupta» denunciada por varios empresarios ante la Fiscalía Europea, la Oficina Antifraude (OLAF) y varios ministerios como Transición Ecológica y Hacienda ya está en manos de la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Mónica Hohlmeier, la eurodiputada más activa en la búsqueda de transparencia en la gestión que hace España de los fondos europeos, según ha confirmado a THE OBJECTIVE el portavoz de este grupo empresarial de Castilla y León. Se trata de un grupo que solicitó fondos europeos de hasta 500 millones de euros para el proyecto Biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla.
Vicente Merino, la voz de los propulsores de esta iniciativa, mantuvo el 25 de mayo una reunión por videoconferencia con la eurodiputada alemana para informarle sobre esta «presunta» trama y sus intentos frustrados de obtener información de las autoridades españoles sobre la situación de la tramitación de estas subvenciones. Su objetivo era abrir una vía política en Europa, paralela a la judicial que se se dirime en un juzgado de Zamora, y a la política en España, para presionar al Gobierno de Pedro Sánchez a dar una explicación sobre el destino del dinero. La iniciativa partió de uno de los socios inversores, el empresario alemán Markus Beste.
Merino asegura a THE OBJECTIVE que durante una hora mantuvieron una conversación con Hohlmeier y que, fruto de la misma, su convicción es que «lo está considerando como una cuestión seria. Nos pidió una documentación acreditativa de todo lo que estábamos diciendo, de que presentamos los proyectos en tiempo y forma, de que estaba acreditaba nuestra titularidad, y no solo lo relativo a las patentes, sino a los desarrollos, y que, si se han solicitado fondos para unos desarrollos, tienen que ser para esos desarrollos. Nos dijo que si se han cometido fraudes, tienen que desviarse a la Fiscalía europea, que no es un tema de la Olaf, que no ejerce la acción penal sino solo administrativa».
Hohlmeier, después de exponerle los hechos denunciados, recomendó a los empresarios que «actualizáramos la información a la Fiscalía europea porque nosotros entendemos que hay presuntos delitos, y ya hablamos de ejercer la acción penal. Como ya hay una actuación judicial en Zamora, la Fiscalía puede investigar su competencia, lo que se centra en fondos europeos y, cuando termine su labor, sería entregársela al juez. La eurodiputada estaba interesada en estar informada y nos ha pedido que le actualizáramos la información también a ella».
Permanente contacto
Merino está muy agradecido por el interés mostrado por la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo: «Nos ha transmitido una seriedad y una forma de atender que no estamos viendo con el Ejecutivo a nivel nacional. Estamos convencidos de que si la profesionalidad a nivel europeo la hubieran tenido aquí, este asunto estaría por otras vías. Vamos a estar en permanente contacto con la eurodiputado».
Como ha venido informando THE OBJECTIVE, esa investigación es consecuencia de una denuncia que se presentó ante la Fiscalía europea el 11 de octubre de 2022 y en la que el grupo empresarial integrado por Biorrefinería Multifuncional Barcial S.L., Desarrollos Bioenergéticos La Robla S.L., EA Bio Multifuncionall Buñuel Navarra S.L. y EA Multifunctional Biorefineries Green Holding Company S.L. denunciaba esta trama en proyectos protegidos por patentes de su propiedad. Concretamente, comunicaban a la Fiscalía europea que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegidos por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona».
Los empresarios tuvieron conocimiento de esta investigación de la OLAF tras la información publicada en THE OBJECTIVE el pasado 23 de marzo, en la que se advertía que la Unión Europea estaba vigilando seis adjudicaciones de fondos europeos por sospechas de corrupción. Una de ellas era este proyecto y fijaba el plazo del 15 de diciembre de 2022 para hacer efectiva esta petición. La OLAF quiere saber si el proyecto «ha recibido financiación europea o si el proceso de solicitud para su obtención está en curso de tramitación. En el caso de estar en curso se ruega se comunique en el momento que se cofinancie».
Igualmente, quiere saber si «el proyecto es único o corresponde a proyectos diferentes (Barcial del Barco, por un lado, y el de La Robla, por otro); así como «si en el caso de haber recibido financiación europea», se le remite la «referente a la identificación del proyecto, beneficiario, situación actual, periodo de implementación y detalle de la financiación europea recibida». Igualmente, se interesa por si «el grupo Acciona ha recibido financiación europea o si el proceso de solicitud para su obtención está en curso de tramitación». Si la ha recibido, reclama el «detalle, cuantificación y proyecto vinculado». Finalmente, pide las manifestaciones de interés entre el grupo industrial y Acciona, que después no llegaron a materializarse en un compromiso formal para realizar el proyecto.
Hasta el día de hoy, este grupo empresarial, a pesar de sus continuos requerimientos a distintos estamentos de la Administración española, todavía no ha tenido una respuesta concreta a la información enviada a la oficina antifraude de la Unión Europea.
