Ayuso nombra consejera a la alto cargo que firmó el polémico contrato de su hermano
La presidenta madrileña coloca a Ana Dávila al frente del departamento de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en su nuevo Ejecutivo regional
Ana Dávila, la nueva consejera de consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso. | Twtter de A.Dávila
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha colocado a Ana Dávila de consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en su nuevo Ejecutivo. Esta última era la viceconsejera de Asistencia Sanitaria que, al inicio de la pandemia de coronavirus, firmó el polémico contrato de mascarillas con Priviet Sportive, S.L., empresa cuyo administrador único era Daniel Alcazar y cuyo intermediario fue Tomás Díaz Ayuso, hermano de la mandataria regional.
Dávila es licenciada en Psicología, con experiencia docente e investigadora en esta materia. Actualmente era diputada del Grupo
Parlamentario Popular ya que fue de número 19 en la lista del PP y antes de ello fue concejal de Sanidad, Familia y Menor en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
Además de su bagaje en la gestión pública regional como viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora general de Humanización y Atención al Paciente a las órdenes del consejero Enrique Ruiz Escudero, luego fue diputada y portavoz del PP en el área de Políticas Integrales de Discapacidad, asó como portavoz adjunta de Sanidad en la Asamblea madrileña.
Tanto Ayuso como Escudero defendieron la gestión de Dávila en el momento de contratar a Priviet Sportive. El entonces consejero de Sanidad defendió que el Gobierno regional actuó de forma totalmente transparente y rigurosa en la contratación de emergencia durante los momentos más duros de la pandemia de la covid-19, señalando que solo trataron con la empresa adjudicataria del contrato de las mascarillas, no con los proveedores. En ese momento, aseguró que desconocían la relación del hermano de Ayuso con la empresa.
El que fuera máximo responsable de la Sanidad madrileña defendió así que desde la Consejería de Sanidad se contactó únicamente con la empresa adjudicataria del contrato de emergencia vinculada al hermano de Ayuso, pero sin conocer la vinculación posterior que esta pudiera tener con sus proveedores. De ahí que él se enterase meses después por la prensa de la posible relación familiar.
«La relación que tenemos es con la empresa; luego su relación con proveedores en ese proceso no podemos y no tenemos acceso a ese tipo de información», indicó Escudero cuando saltó la polémica antes de subrayar el consejero que se valoró la oferta en relación a «precio, calidad y tiempo» pero que sobre el resto de cuestiones no tenían «ningún tipo de acceso». Tanto la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, así como la de la Fiscalía Europea se archivaron al no encontrarse indicios de delito.
El contrato en el punto de mira, que en última instancia le costó a Pablo Casado el liderazgo del PP, se cerró por un valor superior a 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2 y FFP3 que fue adjudicado en abril de 2020, justo en el inicio de la pandemia. El hermano de la presidenta medió en este contrato a cambio de una comisión de 280.000 euros, según denunció la entonces dirección del PP cuando saltó la polémica, pero Ayuso defendió limitó esa cifra a 55.850 euros por «las gestiones comerciales» realizadas para traer las mascarillas desde China.
El material sanitario se destinó al ala 10 del hospital de campaña instalado en Ifema por un importe total de 1.512.000 millones de euros, IVA incluido. Y fue firmado por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, la citada Ana Dávila que ahora ha ascendido a consejera madrileña de Sanidad.
