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Política

Las taquígrafas del Congreso se plantan y no se harán responsables de los textos traducidos

Las funcionarias solo se hacen responsables de la transcripción de las intervenciones en castellano

Las taquígrafas del Congreso se plantan y no se harán responsables de los textos traducidos

Taquígrafas tomando nota de las intervenciones en el Congreso.

El uso de las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en el Congreso de los Diputados tiene unas consecuencias muy graves en el sentido de que, a partir de ahora, las taquígrafas no se hacen responsables de los textos que se publican en el Diario de Sesiones, referidos a las traducciones que los intérpretes hacen de las intervenciones en estas lenguas regionales. Este colectivo, según han asegurado a THE OBJECTIVE fuentes solventes, solo se hace responsable de lo que ellas transcriben, no de lo que les envían las personas encargadas de remitirles los textos ya traducidos.

La situación generada es muy complicada porque el Diario de Sesiones tiene como objetivo, precisamente, recoger con fidelidad todo lo que se dice en la Cámara Baja. Pero a partir de ahora, será muy difícil fiarse de esta fuente de información. «El cuerpo de Taquígrafos no puede dar fe de que lo que traduzcan los intérpretes es fiel reflejo de lo dicho por el orador», señalan a este periódico las fuentes consultadas. Además, añaden que «esto devalúa el trabajo, la calidad y la fiabilidad del Diario de Sesiones».

Los taquígrafos creen que la responsabilidad de toda la transcripción en castellano de las lenguas cooficiales ya es de los que se encargan de esta tarea, personal externo a la plantilla de la Cámara. Una cosa es la traducción simultánea a través de los pinganillos y otra muy distinta «el texto escrito del discurso que lo envían en el mismo idioma que se ha pronunciado».

Este problema se une a otro que se ha detectado en estos primeros días del uso de las lenguas cooficiales, como es el retraso en la publicación de las actas en el Diario de Sesiones, que solía realizarse habitualmente la mañana siguiente al día de la celebración del pleno o de las comisiones. Esta semana, la sesión del martes todavía no se había publicado el viernes. THE OBJECTIVE ha podido saber que el texto escrito en las lenguas oficiales llegó a los taquígrafos a las diez de la noche del miércoles. Igualmente, la sesión del jueves, día de la aprobación de la reforma del Reglamento se publicará, como pronto, el lunes o martes.

«Un lío»

«Hay que esperar que llegue el texto escrito para que pueda salir publicado en las dos lenguas. A partir de ahora, en el Diario de Sesiones aparecen dos filas en el que sale el texto en castellano y en el idioma en que se pronuncia. Eso lo tienen que escribir y tardan más. Las taquígrafas tienen su texto en castellano, lo que oyen a través de los cascos, pero hay que esperar», señalan.

El trabajo de estas funcionarias se ha incrementado porque «el texto llega en la lengua cooficial y ahora hay que ponerlo justo en el lugar que corresponde con el que hacen en castellano. Es más trabajo y un lío porque hay que diferenciar lo que se ha hablado en castellano o en otro idioma, y eso va a través de cursivas o no para diferenciarlo, porque, a veces, hablan un trozo en lenguas cooficiales y otro en español. Tienen que distinguir lo que cogen de la traducción simultánea y lo que realmente están hablando en castellano».

La aprobación de esta reforma del Reglamento tuvo lugar en el pleno de los pasados días 19 y 21 por el procedimiento de urgencia. La proposición de ley fue presentada por el PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV y comenzó a aplicarse antes incluso de ser aprobada, ya que el martes el primer debate tuvo que seguirse a través de un pinganillo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apuntó que su grupo parlamentario estudiará la vía jurídica para hacer frente a esta anomalía, señalando que es «un punto de inflexión en la historia democrática de este país» y «el primer pago de lo exigido por los independentistas». La asesoría jurídica estudiará si hay «indicios de inconstitucionalidad» porque considera que «una ley no se puede aplicar sin entrar en vigor».

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