El Gobierno incumple la ley al ocultar el coste del dentista que atiende a inmigrantes en Melilla
El Ministerio de José Luis Escrivá ignora resolución que le obliga a detallar el número de irregulares tratados en el CETI
Un inmigrante irregular es atendido en el servicio dental del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. | Fundación Odontología Social Luis Séiquer
El Gobierno de España ha incumplido la ley, en otra decisión que abunda en su histórica falta de transparencia, para ocultar el coste del servicio central que se ofrece en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, así como la cantidad de irregulares que ha atendido desglosada por años. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha incumplido la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que exigía al departamento que dirige José Luis Escrivá a responder a la pregunta de THE OBJECTIVE sobre el coste de la clínica dental del CETI desde que abrió, en 2016.
La resolución R-1258-2023, firmada por el presidente del Consejo de Transparencia, José Luis Rodríguez, imponía al Ministerio de Escrivá la obligación de remitir a este periódico «el coste desglosado por años del dentista del CETI de Melilla desde que lleva abierto», el «catálogo de servicios que incluye», «a cuántos inmigrantes ha atendido» cada año y «los cinco servicios más demandados», también desglosados con carácter anual. Ninguna cuestión ha sido respondida, pese a que ha expirado el plazo de diez días laborables que contempla la ley.
La resolución oficial, un documento de siete páginas, contenía instrucciones claras que han sido desatendidas. En esta se recuerda que «el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique». A esto se suma que «el Ministerio requerido tampoco ha contestado a la petición de alegaciones formulada en el marco de este procedimiento», lo que «dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información».
Pero esta falta de respuesta al requerimiento de alegaciones del Consejo no podía «dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública», por lo que se instó al Ministerio a una respuesta que no ha llegado. Las fuentes jurídicas consultadas por este diario admiten que para el Ejecutivo «es más fácil ignorar resoluciones firmes que ir a los juzgados a impugnarlas, como el resto de los mortales se ve obligado a hacer».
La clínica de Melilla
La clínica dental solidaria que se ubica en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla se abrió en 2016, atendiendo a cerca de mil personas en 2017 y 2.000 en 2018. Nació con el impulso de la Fundación Odontología Social Luis Séiquer y la colaboración de la Obra Social La Caixa. Desde entonces, la unidad funciona gracias a la implicación de tres odontólogos voluntarios locales y una decena de miembros de la organización que se desplazan hasta la ciudad autónoma periódicamente para trabajar de forma intensiva durante una semana.
Sin embargo, no fue hasta 2020 que la clínica empezó a estar abierta de forma regular y atender a los pacientes cuatro días a la semana. Esto ha sido posible gracias a Nicias Afoumpam Poni, un joven odontólogo de Camerún que ha sido enviado por la Fundación Odontología Social. Según El Faro de Melilla, ahí trabajan un total de cinco odontólogos y tres estudiantes que en unos meses acaban el máster y ofrecen una mano como auxiliares. Poco más se sabe de su coste y de la cantidad de inmigrantes atendidos como consecuencia de la opacidad del Gobierno de España.
