Sánchez predice una guerra judicial: «Los jueces actúan como oposición al Gobierno»
El PSOE ve una intromisión del poder judicial en la potestad del Ejecutivo y confía en que Pumpido revertirá esta decisión
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (d), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press
El Gobierno entiende que la doble decisión del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los nombramientos realizados por el Ejecutivo, concretamente sobre Magdalena Valerio en el Consejo de Estado y Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado, «no es una casualidad» y esconde el principio de una «guerra judicial» que se extenderá durante toda la legislatura, según las fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE. La acusación soterrada de una actuación política de la judicatura para coartar la acción del Gobierno de Pedro Sánchez es compartida por varios miembros del Ejecutivo que abogan por dar la batalla ante lo que, a su juicio, son intentos de erosionar y maniatar al poder ejecutivo por parte del judicial. Por ello, el Gobierno ya ha avanzado que se plantea recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo sobre la anulación del nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que «no comparte» la sentencia del alto tribunal porque «creemos que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España, como es nombrar a la presidencia del Consejo de Estado». Bolaños se refería al recurso planteado por la fundación Hay Derecho que argüía que la actual presidenta del órgano consultivo no cumple uno de los dos requisitos exigidos para optar al cargo por no ser una «jurista de reconocido prestigio». Pero, en la crítica, deslizaba un ligero reproche al TS por cuestionar las decisiones del Ejecutivo.
Un reproche que se amplifica y reviste de malestar en las conversaciones en privado con miembros del Gobierno que vinculan esta decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo con la que este jueves tomó el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), rechazando la idoneidad del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, en un informe inédito hasta la fecha. Bolaños fue más duro con este último informe que considera «al margen de la ley».
«El CGPJ hace de oposición al Gobierno»
En este sentido, las fuentes gubernamentales consultadas creen que «llueve sobre mojado» porque «el Consejo se ha convertido en oposición al Gobierno dando un salto cualitativo» de intentar revocar los nombramientos del Gobierno. Y suman un argumento más, que sea el mismo gobierno de los jueces que «se excede en sus funciones», quienes «han eliminado la tutela judicial efectiva» permitiendo que el bloqueo en el organismo impida el normal funcionamiento de los órganos judiciales. «Están en funciones, no hacen nada. Están las salas paradas y no les importa, es terrible», señalan a THE OBJECTIVE fuentes gubernamentales.
Sin embargo, pese a la aparente coordinación de los varapalos judiciales al Gobierno, el clima en Moncloa no es de preocupación. Tanto el presidente como su núcleo duro y el equipo del ministro de Justicia, a la sazón ministro de la Presidencia, dan pistas de que darán la batalla contra lo que perciben como el inicio de la «guerra judicial», que se inició con el primer pleno del CGPJ pronunciándose «de forma preventiva contra la amnistía» sin que la Ley se haya aprobado aún por el Congreso de los Diputados. Algo que el Ejecutivo califica como una suerte de «Minority Report». Y el primer paso será recurrir la decisión contra el nombramiento de Valerio ante el Tribunal Constitucional. Una decisión que, según fuentes de Moncloa, se está sopesando, aunque el núcleo duro esta determinado a presentarlo.
Desencuentro en Bruselas por la amnistía
Un primer aviso al Supremo de que el Gobierno no pretende amilanarse de cara a la madre de todas las batallas, que será la que se libre en torno a la amnistía. El Gobierno descuenta que la sala de lo penal del alto tribunal, que preside Manuel Marchena, presentará una cuestión de inconstitucional sobre la amnistía una vez que reciba la luz verde del Congreso de los Diputados. Y será entonces cuando el Ejecutivo tendrá que intensificar su ofensiva argumental en favor de esta medida de gracia que también se llevará a los tribunales europeos con la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE).
Este mismo jueves el ministro Bolaños se reunió en Bruselas con la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, con un primer polémico desencuentro. Al término del encuentro, Bolaños aseguró que la Comisión Europea tenía «cero preocupación por la salud uy la fortaleza del Estado de derecho en España. Cero preocupación, cero, ninguna», pero sus palabras fueron desmentidas este viernes por el portavoz de Justicia comunitario, Christian Wigand, quien aseguró que «el comisario no ha dicho por ahora que la ley de amnistía no plantea preocupaciones». Un desmentido al que tuvo que responder el Ministerio de Justicia. Fuentes ministeriales quisieron reiterar lo dicho la víspera por el ministro Bolaños, insistiendo en que «hay cero preocupación por el estado de Derecho y la separación de poderes en España».
