El PSOE cerrará con Junts y ERC enmiendas «técnicas» a la amnistía durante las Navidades 

El Gobierno quiere tener resuelto el cuerpo definitivo de la ley de amnistía antes de que acabe el año. Su objetivo es que, al cierre de 2023, estén pactadas y presentadas las enmiendas con sus socios sobre las cuestiones «técnicas» que negocia con Sumar, ERC y Junts sobre aspectos «menores» de la norma. Según fuentes parlamentarias y gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE, la negociación entre el Gobierno y sus socios se desarrolla in extremis, a una semana del final del año y con el propósito de alumbrar enmiendas «por consenso» entre las cuatro formaciones que constituyen el grueso de la alianza gubernamental.

La idea es dar un salto cualitativo y apuntalar las alianzas del Ejecutivo en el ámbito parlamentario. Dicho de otra forma: limar las asperezas y dificultades que impidieron pactar un texto conjunto en las dos proposiciones de ley presentadas en el Congreso, primero con la reforma del reglamento del Congreso para la modificación del uso de las lenguas, y después con la presentación de la ley de amnistía que registró en solitario el PSOE. Según recuerdan a este diario fuentes de ERC, en ese momento «no se firmó la ley porque estábamos haciendo una revisión» de la misma, para evitar «escenarios adversos». 

La ley «saldrá como entró»

Tanto ahora como entonces, el texto presentado por el PSOE genera dudas entre Junts y ERC. Por ello, los socios independentistas del Ejecutivo necesitan «garantías mínimas de que la ley de amnistía será plenamente efectiva», explican fuentes republicanas a este diario, que añaden que es necesario que «se cumpla con la expectativa, que se cubra lo que tiene que cubrir». Este último requisito es dispar entre los independentistas catalanes, porque ERC prioriza la cantidad —el más de un millar de ciudadanos que tienen cuentas pendientes con la Justicia por colaborar con el referéndum ilegal de 2017—; y Junts prioriza la calidad, que beneficie al expresidente catalán, Carles Puigdemont, y otros condenados por delitos de terrorismo. 

El Gobierno deja claro que el cuerpo de la norma «saldrá como entró al Parlamento» y que las enmiendas «no cambiarán de forma sustancial la ley». Es más, el Ejecutivo asegura que «tenemos el compromiso de que ERC y Junts votarán a favor aunque no se aceptaran sus enmiendas». El objetivo es lograr que éstas se aprueben por consenso y que sean cuestiones insustanciales. Sería el primer texto conjunto que suscribirían el Gobierno y sus socios, que hasta la fecha se han limitado a apoyos externos a las iniciativas presentadas por el PSOE. 

Trámite de urgencia

Un salto cualitativo que responde a las necesidades del Gobierno de acortar los plazos de tramitación parlamentaria de la amnistía ante la «procrastinación del PP en el Senado», donde la mayoría absoluta de los de Feijóo en la Cámara Alta logrará demorar 60 días su aprobación y su remisión al Congreso. Por ello, la Mesa abrirá previsiblemente este martes el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y la adscripción de la proposición de ley a la comisión de Justicia. «Se ha acordado el plazo de urgencia para que se no se alarguen los plazos» y se limite a una semana, frente a los 15 días del procedimiento ordinario. 

Se baraja que no se presente ninguna enmienda a la totalidad por la naturaleza de la iniciativa legislativa. Al tratarse de una proposición de ley (a iniciativa de los grupos parlamentarios) y no de un proyecto de ley (a iniciativa del Gobierno), la presentación de enmiendas a la totalidad no supone la devolución del texto al Ejecutivo, sino la presentación de un texto alternativo que supondría asumir los postulados del Gobierno de aprobar algún tipo de amnistía. Fuentes gubernamentales no esperan que el PP o Vox vayan a caer en esa trampa, salvo que prioricen ralentizar el trámite una semana más. Igualmente, fuentes populares admiten que «cuando tú haces una objeción total plena, no tiene sentido presentar enmienda a la totalidad, porque no impugnamos el alcance de la amnistía, sino la necesidad y la moralidad de aprobarla». 

«El artículo 54: cinco son más que cuatro»

Los populares sospechan que la presidencia del Congreso romperá en los próximos días una nueva norma no escrita en el parlamento: el decalaje de una semana entre que termina el plazo de enmiendas a la totalidad y empiezan las enmiendas al articulado. «No lo van a respetar», auguran fuentes parlamentarias, acostumbradas a la  ruptura de los consensos y tradiciones inveteradas en el Congreso por parte de la presidenta Francina Armengol. Explican que este periodo de una semana de respiro entre ambos plazos de enmiendas responde a la necesidad de que se supere el debate de totalidad de la norma porque, en caso de abrir el plazo al articulado, podría ser que las enmiendas «estén colgadas de un texto que podría rechazarse» con el consiguiente caos jurídico del cuerpo jurídico que enmiendan. «Pero aquí todo funciona por el artículo 54: cinco son más que cuatro», ironizan sobre el juego de mayorías en el órgano rector de la cámara. 

De hecho, lo que prevén los socios del Ejecutivo si finalmente no se presentan enmiendas a la totalidad, es que, finalizado el plazo de una semana, se abriría «automáticamente el plazo de enmiendas al articulado», donde se presentarán las enmiendas pactadas entre PSOE, Sumar, Junts y ERC. Siguiendo con el procedimiento de urgencia, la Mesa cerraría el plazo de presentación de enmiendas al articulado dentro de dos semanas, coincidiendo el final de año 2023 con el final del periodo ordinario de sesiones. Una cuestión relevante en la medida de que el Gobierno o la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tendrían que habilitar de forma extraordinaria la ponencia de la comisión, primero, y la propia comisión, después, para incorporar las enmiendas al dictamen y ser elevadas a un pleno a mediados del mes de enero para que el Congreso apruebe las medidas de gracia y las envíe al Senado para dormir el sueño de los justos hasta su vuelta, a principios del mes de abril.