Las prisas del PP en el Senado amenazan con limitar el informe del CGPJ sobre la amnistía

El informe sobre la ley de amnistía que debe elaborar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a petición del Senado puede quedar incompleto. Varios vocales del órgano de gobierno de los jueces han mostrado su preocupación porque los plazos impidan analizar las enmiendas que presenten los grupos en el Congreso, cuya tramitación aún no ha comenzado. Consideran que el PP utilizó sus mayoría en la Cámara Alta para activar los trámites y disponer de un documento técnico que advierta de las consecuencias de aprobar esta medida y evitar así que se convierta en ley.

«La Mesa del Senado (…) ha acordado solicitar, a instancias del Grupo Parlamentario Popular, del senador Gordillo Moreno y la senadora Gómez Enríquez, del Grupo Parlamentario Mixto (ambos pertenecen a Vox), informe al CGPJ sobre la proposición de ley de amnistía», especifica el documento que firmó el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, el 5 de diciembre.

La solicitud llegó al órgano de gobierno de los jueces dos días más tarde, en víspera de festivo. La Comisión Permanente del CGPJ actuó rápido y designó el pasado miércoles a los vocales Wenceslao Olea, del sector conservador, y Mar Cabrejas, del progresista, como ponentes del informe sobre la ley de amnistía que solicitó el Senado. La elección responde a criterios de cualificación, aunque desde la institución admiten que en temas controvertidos se busca «que todas las sensibilidades estén representadas».

El trámite de la amnistía

Los vocales consultados por THE OBJECTIVE consideran que tanto la Cámara Alta como el GGPJ se han podido precipitar. «Pedir ya el informe implica riesgos, como que no incluya las enmiendas que, se presupone, van a presentar los grupos durante su trámite en el Congreso». La ley de amnistía se ha presentado como proposición de ley, por lo que no requiere informes preceptivos. Estos solo son necesarios cuando se trata de un proyecto de ley y, por tanto, los presenta el Gobierno, aunque no son vinculantes.

El artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial extiende la posibilidad de solicitarlos por «cualquier cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna». Algo que legitima la acción activada por el Senado. Ese artículo especifica que el CGPJ debe emitir el informe «en el plazo improrrogable de 30 días», aunque raramente se cumple. No obstante, prevé conceder una prórroga de 15 días «atendiendo a las circunstancias del caso».

Este escenario ha soliviantado a parte del Consejo, que teme que los plazos impidan recoger en el informe las enmiendas de los grupos, que pueden alterar notablemente el texto inicial. El proceso aún no ha comenzado. La Mesa del Congreso decidirá la próxima semana en qué comisión se despacha la ley de amnistía, que podría ir tanto a la de Justicia como a la Constitucional, ambas presididas por el PSOE.

Una vez enviada a una comisión, lo primero es abrir un plazo para presentar enmiendas a la totalidad al texto, aunque las fuentes consultadas por este diario lo consideran «poco probable», ya que al ser proposición de ley requiere un articulado alternativo. Si ese trámite se convoca por la vía de urgencia, los grupos dispondrán de un plazo de cuatro días. Los mismos que tendrían para presentar enmiendas al articulado, sobre el que se prevén modificaciones, aunque se desconoce su calado.

La estrategia del PP

Si el periodo se extiende, lo que no es descartable, el informe que debe elaborar el CGPJ no incluiría las enmiendas. Algo que algunos miembros del órgano de gobierno de los jueces califican de negativo. Las fuentes consultadas sostienen que el objetivo del PP sería dotarse de un documento técnico que alerte de sus posibles consecuencias. Algo que ya ocurrió con la ley del solo sí es sí. Esta institución advirtió en 2021 de que su aprobación implicaba revisiones de condena a la baja, como finalmente ocurrió.

De esa manera, insisten, los populares podrían dar la batalla mediática durante la tramitación de la ley de amnistía. Los más optimistas esperan que la norma se apruebe definitivamente en abril. Eso, incluso si se habilita enero como hábil en el Congreso (el debate continúa abierto) o se activa un pleno extraordinario para aprobar el texto ese mismo mes.

El problema es que luego debe ir al Senado, donde el PP se ha valido de su mayoría para reformar el Reglamento y dilatar el recorrido de la propuesta. Puede permanecer hasta dos meses retenido. El PSOE ya ha anunciado que recurrirá el cambio al Tribunal Constitucional. La iniciativa también contó con la oposición de otros grupos. El portavoz de Junts, Josep Lluís Cleries, llegó a acusar a los populares de utilizar «el filibusterismo» para obstruir la tramitación parlamentaria.

El órgano de gobierno de los jueces ya se pronunció el 6 de noviembre sobre la ley de amnistía, en plenas negociaciones entre el PSOE y los independentistas catalanes por la investidura de Pedro Sánchez. Un dividido pleno del CGPJ aprobó una declaración institucional en la que advertía de que su aprobación supondría «la abolición» del Estado de derecho y «una grave vulneración de los derechos fundamentales». Y eso que entonces no se conocía el texto.

El PSOE registró la ley de amnistía en solitario, sin la firma de sus socios de investidura, el 13 de noviembre. Lo hizo a través del procedimiento de urgencia, lo que suponía reducir los plazos a la mitad. La fórmula permitiría que el texto aprobado se remitiese al Senado en menos de un mes. Un escenario que conseguirá retrasar el PP con la reforma del Reglamento.