El Defensor del Pueblo reclama al Gobierno datos sobre un posible fraude con fondos UE
Una afectada presenta una queja denunciando la «incompetencia absoluta y la pasividad de la Administración»
El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo
El Defensor del Pueblo ha decidido actuar ante un nuevo caso de posible fraude en la gestión de los fondos europeos concedidos a España dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, conocidos como Next Generation. Se trata del Programa Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas, gestionado por el SEPE, con una subvención de 112 millones de euros. Decenas de trabajadores de diversos puntos de España que habían firmado su contrato para empezar a trabajar en centros penitenciarios no han podido hacerlo y elevaron una queja al Defensor del Pueblo, que pidió información a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Este programa tenía como objetivo que jóvenes desempleados menores de 30 años pudieran trabajar durante doce meses en la Administración Pública. Un año y medio después de acogerse al programa no han podido comenzar a trabajar y, lo que es peor, el SEPE e Instituciones Penitenciarias se pasan la pelota sobre si han recibido el dinero, «el SEPE ha entregado ese dinero y se desentiende. Se supone que lo ha entregado a instituciones penitenciarias y ellos son los que lo tienen que gestionar, pero dicen que no les ha llegado. Alguien miente porque se pasan la pelota unos a otros«, asegura a este periódico una de las afectadas.
Esta situación se materializó en una queja presentada el 18 de septiembre de 2023 ante el Defensor del Pueblo en la que señalan que «la administración nos realizó una contratación a través del programa primera experiencia profesional en la administración pública para entrar a trabajar durante 12 meses en un Centro penitenciario, sin embargo, un año y tres meses después continuamos sin saber nada al respecto a pesar de haber firmado un contrato de trabajo».
Las irregularidades se concretan en «haber realizado una selección de personal sin tener los medios suficientes para hacer efectivos los contratos en un tiempo moderado (ha pasado un año y tres meses desde que realizaron la selección), haber jugado con las expectativas laborales y personales de cientos de jóvenes en toda España y llevar a cabo una firma de contratos que no poseen validez alguna al no tener la firma ni la fecha de inicio de la actividad laboral, generando así esperanzas de que se va a alcanzar el supuesto puesto de trabajo».
La titular de la queja denuncia que se ha producido «un silencio administrativo total al no tenernos informados en ningún momento a los jóvenes que íbamos a entrar a trabajar sobre los plazos, períodos, situación actual etc; haber influido de manera perjudicial en la salud mental y estabilidad económica de los jóvenes seleccionados, por haber hecho la administración ilusiones falsas hasta en tres ocasiones sobre el inicio del programa. Lo cual ha obligado a muchos jóvenes a no comprometerse en otros trabajos por tener este contrato firmado con la administración y ‘no saber qué va a pasar’; dejar aquellos trabajos que no eran nuestra especialidad pero al menos nos daban algo de dinero con lo que poder continuar con nuestros proyectos de vida, bajo la premisa de que (cito textualmente) ‘el 1 de junio quieren que empecéis y tenéis que constar en desempleo si os sigue interesando el programa’. Y así hasta en 3 ocasiones..».
A jucio de esta afectada, la principal responsable es la Administración, sobre la que alerta de la «incompetencia absoluta y la pasividad con la que se ha tratado este tema, a pesar de haber dejado en el «limbo» a más de 100 jóvenes de toda España.
Y a pesar de ser un programa financiado por los fondos Next Generation».
El 11 de octubre, el Defensor del Pueblo reconoció «la tardanza» de Instituciones Penitenciarias y comunicó a la titular de la queja que «se ha requerido la remisión urgente de la misma». No ha sido hasta el 19 de diciembre de 2023 cuando esta institución remitió la respuesta del organismo dependiente del Ministerio del Interior.
En el escrito señalan que «a las gestiones enumeradas prolijamente en nuestro informe de fecha 27 de marzo de 2023, se han sumado las llevadas a cabo durante estos meses, tendentes a asegurar los fondos precisos para afrontar todos los gastos que la contratación de ese personal implica, incluidos los incrementos retributivos aplicados en el ejercicio de 2023″.
Y señalan que «en estos momentos, especialmente complicados desde una perspectiva presupuestaria, estamos implementando las actuaciones necesarias para incorporar al montante de la subvención los incrementos retributivos que, como ya se ha informado, no cubre la misma, y que proceden del Capítulo-1 del presupuesto propio de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. A esos incrementos, obviamente, se han debido incorporar los previstos en la reciente Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, por el que se aprueba el incremento del 0,5 por ciento en las retribuciones del personal al servicio del sector público en aplicación de lo previsto en el artículo 19. Dos.2.a) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. La consecución de este objetivo se ha previsto para el día 1 de diciembre de 2023».
Finalmente, el Defensor del Pueblo señala que «esta institución ha acordado ampliar sus actuaciones con el citado organismo al objeto de que nos facilite algunos datos necesarios para el esclarecimiento de los hechos advertidos en su queja».
