El PP accede a presentar enmiendas parciales a la ley de amnistía para devaluar su contenido
El PSOE baraja el 30 de enero para la aprobación del texto en un pleno del Congreso de los Diputados
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. | Europa Press
El Grupo Parlamentario Popular presentará enmiendas parciales a la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, una. vez que fue rechazada este miércoles la enmienda a la totalidad con la que pretendía frenar esta polémica medida pactada entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha confirmado que no renunciarán a esta vía parlamentaria, aunque son conscientes de que «tendremos poco éxito». El PSOE ya baraja la fecha del 30 de enero para aprobar el texto en el Pleno de la Cámara Baja.
Los populares harán uso de esta herramienta parlamentaria y cuentan con cinco días para presentarla, ya que el plazo finaliza el próximo día 16. Las enmiendas que se presenten tendrán que «ser muy peculiares ya que no podemos entrar al detalle porque si no la gente entendería que aceptamos la amnistía y vamos a entrar al detalle» precisan fuentes populares. «No compartimos nada de la amnistía», recuerdan. En este sentido, señalan que no creen que este tipo de enmiendas al detalle del articulado se vayan a presentar, «otra cosa es tomar la decisión de presentar una enmienda de supresión a cada cosa».
Tellado subraya que cumplirán este trámite porque «tenemos un compromiso con el conjunto de la ciudadanía, nos hemos expresado con claridad en contra de la ley y lo que corresponde es utilizar todos los recursos a nuestro alcance para oponernos a esta ley que es inconstitucional y una traición al Estado de derecho, a la separación de poderes y al principio elemental de igualdad de los ciudadanos ante la ley».
Los populares están convencidos de que «tenemos que utilizar el procedimiento de enmiendas parciales que se abre. Vamos a solicitar la comparecencia de personas que puedan opinar desde un punto de vista jurídico sobre la inconveniencia de una ley que atenta contra principios esenciales de nuestra democracia. Creemos que vamos a tener poco éxito porque es evidente que el PSOE tiene un compromiso con sus socios que es tramitar esta ley cuanto antes porque no se fían de su capacidad de cumplimiento de sus propios compromisos y, además, el PSOE se encuentra en una situación de vergüenza de sus propios actos».
Una vez que finalice el plazo de presentación de enmiendas, si no lo prorrogan más allá del 16 de este mes, la Mesa de la Comisión de Justicia tiene que reunirse para calificarlas. Una vez calificadas, convoca la Ponencia que posiblemente dure una sesión y con el informe convocarán la Comisión en la semana del 22 al 26 de enero. Seguidamente, al ser ley orgánica, habría que convocar el Pleno del Congreso para su votación final.
Si se agilizan los plazos, el texto podría entrar en el Senado a principios de febrero y el Grupo Popular prolongará durante dos meses, el plazo máximo, la tramitación. En esta cámara será el lugar en el que comparezcan los expertos y el PP pondrá en marcha todos los mecanismos de consulta que el PSOE se ha saltado en el Congreso al tramitar la ley por el procedimiento de urgencia. El Senado rechazará el texto, ya que la mayoría absoluta del PP se impondrá a la de Sánchez y sus socios, pero en su regreso al Congreso se levantará el veto.
El texto que llegue al Senado llevará incorporadas las enmiendas que los socios de Sánchez (Sumar, Junts, ERC, PNV y Bildu) incorporarán a la ley. El texto presentado por el PSOE genera dudas entre Junts y ERC, como ya publicó THE OBJECTIVE. Por ello, los socios independentistas del Ejecutivo necesitan «garantías mínimas de que la ley de amnistía será plenamente efectiva», explican fuentes republicanas a este diario, que añaden que es necesario que «se cumpla con la expectativa, que se cubra lo que tiene que cubrir». Este último requisito es dispar entre los independentistas catalanes, porque ERC prioriza la cantidad —el más de un millar de ciudadanos que tienen cuentas pendientes con la Justicia por colaborar con el referéndum ilegal de 2017—; y Junts prioriza la calidad, que beneficie al expresidente catalán, Carles Puigdemont, y otros condenados por delitos de terrorismo.
