PP y Vox incluyen en la Ley de Vivienda balear que los menores de edad puedan ir a los toros
Además, han anunciado que ampliarán a seis meses el plazo para eliminar la Oficina Anticorrupción
PP y Vox incluyen en la Ley de Vivienda balear que los menores de edad puedan ir a los toros
El Partido Popular votará a favor de una enmienda de Vox, en el decreto de vivienda, para permitir la asistencia de menores de edad a las corridas de toros en Baleares. Así lo ha compartido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Sebastià Sagreras, este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha recordado que la posibilidad de que los menores acudan a una corrida «forma parte de los acuerdos de investidura», firmados por PP y Vox.
Además, ha continuado Sagreras, la asistencia de público menor de edad a un espectáculo taurino es «una realidad en la inmensa mayoría de España». De hecho, ha rememorado «Podemos intentó en el Congreso prohibirlo y no lo consiguió porque el PSOE lo impidió».
Precisamente, en este sentido, el portavoz de los ‘populares’ en el Parlament ha esperado que «los socialistas voten ahora en consecuencia» en la Cámara Autonómica.
Amplían a seis meses el plazo para eliminar la Oficina Anticorrupción
Además, el PP ha propuesto ampliar a seis meses el plazo previsto para eliminar la Oficina Anticorrupción, en una de las enmiendas presentadas a la Proposición de Ley Transparencia y Control de los Cargos Públicos de Balears, que quiere acabar con la misma, al considerarla «un ente completamente politizado creado y usado como máquina de barro al servicio de los intereses del PSOE».
Así se ha pronunciado este lunes, en rueda de prensa, el diputado ‘popular’ Mauricio Rovira, quien ha explicado que el paquete de enmiendas registrado por el PP a la Proposición de Ley de Transparencia tiene como único objetivo mejorar el control a los cargos públicos de Baleares y la independencia del Registro de intereses y actividades y el Registro de patrimonio de los miembros del Govern y de los cargos públicos de la comunidad autónoma.
«En ningún caso queremos evitar la transparencia ni el control necesario de los cargos públicos, sino evitar duplicidades y dualidades con otros organismos, el elevado coste de la Oficina Anticorrupción y la politización que se ha hecho de la misma», ha añadido Rovira, destacando que «no va a dejar de verse lo que es obligado por ley que se vea», como las declaraciones patrimoniales.
«Siempre hemos estado a favor del buen gobierno y la transparencia, por ello enmendamos el texto para que los altos cargos deban presentar una declaración de actividades de dos años antes de ser cargo público», ha expuesto Rovira, quien ha además ha destacado que «el nuevo registro dependerá del Parlament y todos los expedientes actuales serán resueltos por el órgano más adecuado».
