Un juez amenaza con procesar a Teresa Ribera si no ayuda a aclarar un fraude con fondos UE
Los empresarios que denunciaron el caso piden que sea llamada a declarar, al no entregar los expedientes
La vicepresidenta tercerea del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera | EP
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora ha dictado un oficio en el que recuerda al Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, que tiene que remitir al Juzgado los expedientes relacionados con programas de Reto Demográfico y Despoblación de 2020, así como el despliegue de renovables en 2021 y concesión de ayudas a Acciona o proyectos vinculados con biorrefinerías. El oficio recordatorio, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, es «con apercibimiento de desobediencia».
Ribera no ha colaborado hasta ahora en las diligencias previas que está llevando a cabo este juzgado en el marco de la investigación abierta a raíz de la denuncia interpuesta el 7 de diciembre de 2021 por un grupo de empresarios en el que alertan de una «posible trama corrupta» en la concesión de fondos europeos en España, vinculada al proyecto de la Biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla. La queja de estos empresarios ha llegado hasta la Fiscalía europea y se ha trasladado al Parlamento Europeo y la Oficina Antifraude (OLAF), con el objetivo es aclarar si esta subvención se ha concedido y en qué condiciones.
Desde este juzgado se ha pedido el expediente de la supuesta concesión de la subvención al Ministerio de Transición Ecológica y ante la falta de respuesta ha librado este oficio en el que señala que «recuérdese al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico el oficio que ha sido remitido y que tenía por objeto que remitiesen al juzgado los expedientes que pudieran haberse iniciado a consecuencia de las siguientes cuestiones: con fecha 23 de diciembre de 2020, Programa Reto Demográfico y Despoblación; y con fecha 27 de febrero de 201, despliegue de renovables, integración en sectores e innovación, ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico».
Igualmente, el juez se ha interesado por conocer «si existen solicitudes o expedientes de concesión de ayudas o subvenciones por parte de Acciona, relativas a las anteriores manifestaciones de interés o proyectos vinculados (biorrefinería-bioetanol sostenible)».
Los promotores de esta querella ya adelantaron a este periódico que esta falta de colaboración les iba a llevar a «llamar como testigo a Teresa Ribera y a José Manuel Entrecanales. Ambos están en la lista de testigos que queremos llamar en la causa, en breve. Ellos tienen que saber, a fecha de hoy, absolutamente todo, y nosotros estamos urgiendo a que pongan los fondos a disposición de un proyecto y se tiene que ejecutar».
La petición de comparecencia de Teresa Ribera como testigo se formalizó el 27 de diciembre de 2023, según el documento que obra en poder de THE OBJECTIVE, «al objeto de que pueda esclarecer si ha firmado adjudicación de fondos al desarrollo industrial del proyecto de Biorrefinería de Barcial el Barco y de La Robla en favor de Acciona u otro tercero, e igualmente el por qué no
se ha respondido a los requerimientos de los promotores y propiedad industrial (desde la propiedad industrial se ha informado de los hechos y se ha requerido una solución -obra en autos- sin haber recibido contestación), realizados a su Ministerio tanto desde la Secretaria del Ministerio de lndustria (reenvío de denuncia que obra en autos), como por carta certificada. Todos los envío fueron emitidos a la Secretaría de Estado de Energía. lgualmente, la falta de respuesta a este órgano judicial».
El origen de esta investigación fue una información publicada por THE OBJECTIVE el pasado 23 de marzo bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información, por parte de la OLAF, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español. Una de ellas, con fecha 22 de noviembre de 2022, se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla» y pedía una respuesta antes del 15 de diciembre de este año. Esta es la respuesta a la que quieren acceder los empresarios, ya que es consecuencia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Europea el 11 de octubre de 2022.
Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como la OLAF y la Fiscalía, como a los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de este año. Con anterioridad, el portavoz de este grupo empresarial, Vicente Merino, ya había denunciado el caso, en enero de 2022, a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora. El importe de la subvención, si ha llegado a concederse, podría alcanzar los 500 millones de euros
