La UE niega el informe del caso de desvío de fondos europeos en Zamora

La Oficina Europea Antifraude (OLAF) se ha negado a entregar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora, que investiga un supuesto caso de fraude en la gestión de los fondos UE, el expediente relacionado con «la solicitud y/o concesión de fondos para el proyecto de Biorrefinería Multifuncional Integrada de Barcial (Zamora) y La Robla (León), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia u otros análogos», según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En su escrito de contestación, remiten al Gobierno español, al que los empresarios que han denunciado el caso apuntan como máximo responsable, señalando que «debe dirigir dicha petición a las autoridades competentes nacionales».

Esta negativa a colaborar con la Justicia es la segunda que se produce en los últimos días después de que, como desvelara este periódico, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera, tampoco remitiera el expediente del caso al juez. Esta circunstancia llevó al magistrado a realizar un apercibimiento de «desobediencia» por no atender sus requerimientos.

La actitud de la Oficina Europea Antifraude (OLAF), que fue la primera que reclamó información al Gobierno de Pedro Sánchez sobre posibles irregularidades, ha sorprendido a uno de los empresarios que han presentado la querella por esta posible trama de corrupción con fondos europeos. Vicente Merino se muestra muy crítico y apunta que esto quizás explique la presunta trama que lleva denunciando desde final de 2022.

«Es obligatorio colaborar en materia penal con un juez de un Estado miembro, absolutamente obligatorio, y lo están incumpliendo», señala Merino, «y eso ya puede ser un delito en sí, el mero hecho de haberse negado a entregar un expediente». Sobre las causas que podrían explicar esta negativa, el denunciante apunta que es posible «una connivencia entre algunos estamentos de la Unión Europea y el Gobierno español. Ya hemos dicho hace mucho tiempo que consideramos que es posible que existe una trama y que presuntamente se hayan apropiado de fondos europeos ¿Qué en esa trama haya ramificaciones en Bruselas? lo llevamos diciendo hace meses, y ahora son hechos objetivos: ¿un juez ha pedido un expediente a la OLAF?, sí; ¿la OLAF se ha negado a presentárselo?, sí; ¿ha inclumpido normativa europea?, sí. A partir de ahí las valoraciones más importantes son las que haga el propio juez», subraya Merino.

La OLAF se encuentra investigando este caso y Merino recuerda que «ha llegado a haber manifestaciones de que había adjudicaciones en presunto fraude. Hay que ser cada vez más prudentes». Sin embargo, a pesar de la prudencia, una vez que el asunto está judicializado, el denunciante asegura que antifraude de la UE «está incumpliendo normativa europea y eso es un hecho muy grave. Es un presunto delito, en sí, el no entregar el expediente a petición de un juez».

Merino, a la vista de esta negativa, tiene previsto presentar al juez un escrito «en primer lugar alegando que en nuestra opinión se incumple normativa europea y que, el hecho de que no entregue el expediente, y de que se nos haya manifestado por varias autoridades que hay fondos afectados, todo esto a su vez es material probatorio que apunta a que, efectivamente, cada vez con mnás carga, pueda haber una trama y se está encubriendo, presuntamente».

La Oficina Europea Antifraude (OLAF) ya confirmó, a través de un documento oficial fechado el 27 de julio al que tuvo acceso THE OBJECTIVE, que había abierto un proceso de investigación por la gestión de los fondos europeos Next Generation, que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez. Concretamente, se está actuando sobre los aproximadamente 500 millones que se podrían haber concedido al proyecto de Biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla, una iniciativa impulsada por un grupo empresarial de Castilla y León, integrado por Biorrefinería Multifuncional Barcial S.L., Desarrollos Bioenergéticos La Robla S.L., EA Bio Multifuncionall Buñuel Navarra S.L. y EA Multifunctional Biorefineries Green Holding Company S.L.

Este documento confirma al grupo de empresarios que no le puede facilitar los escritos que le reclama, en base a la normativa europea, como es la respuesta del Gobierno español a la petición de información que hizo la OLAF en su día, porque «habida cuenta del marco regulador antes mencionado, el Tribunal General consideró que el acceso público a los documentos de investigación de la OLAF sería especialmente perjudicial para la capacidad de la OLAF para llevar a cabo su misión, en aras del interés público. Como se explica en la respuesta a su solicitud inicial, este asunto fue desestimado en la fase de selección, que es una parte intrínseca del proceso de investigación».

El origen de esta investigación que es la base de la pregunta del eurodiputado de Izquierda Unida fue una información publicada por THE OBJECTIVE el pasado 23 de marzo bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información, por parte de la OLAF, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español. Una de ellas, con fecha 22 de noviembre de 2022, se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla» y pedía una respuesta antes del 15 de diciembre de este año. Esta es la respuesta a la que quieren acceder los empresarios, ya que es consecuencia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Europea el 11 de octubre de 2022.

Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como ante la OLAF, la Fiscalía y los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de este año. Con anterioridad, el portavoz de este grupo empresarial, Vicente Merino, ya había denunciado el caso, en enero de 2022, a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora. El importe de la subvención, si ha llegado a concederse, podría alcanzar los 500 millones de euros.

A día de hoy, España ya ha recibido tres desembolsos de los fondos Next Generation. En 2021 tuvo lugar un desembolso de 9.039 millones de euros de la prefinanciación correspondiente al 13% del total asignado, 10.000 millones de euros en diciembre de 2021, 12.000 en julio de 2022 y 6.000 millones en febrero de 2023. España ha recibido 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que corresponde al país en forma de transferencias no reembolsables, que ascienden a un total 69.528 millones de euros del Plan de Recuperación.