El presunto fraude con fondos UE desvelado por TO llega al Congreso y a la Eurocámara
El Parlamento Europeo abrió en 2023 una investigación y el escrito de denuncia se amplía con nuevos casos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Varios de los casos de presunto fraude en la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, desvelados por THE OBJECTIVE, forman parte de un informe ampliado elaborado por la plataforma «Por una Justicia Independiente», que el pasado viernes lo presentó ante el Parlamento Europeo y este lunes en el Congreso de los Diputados. El objetivo es que la presidenta Francina Armengol lo entregue a los grupos parlamentarios y conozcan la denuncia que se presentó en la Eurocámara y que ahora se amplía.
Las informaciones publicadas por este periódico, que desde hace meses realiza un seguimiento a las denuncias de afectados por posibles fraudes en la concesión de subvenciones con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, conocidos como Next Generation, son las siguientes: «El SEPE no detectó un fraude de 2,8 millones de fondos UE adjudicados a una fundación«, «El Gobierno reparte los fondos europeos sin aplicar el control antifraude que exige la UE«, «La Eurocámara pide datos sobre la ‘trama de fondos UE» y «El Defensor del Pueblo reclama al Gobierno datos sobre un posible fraude con fondos UE«. A estas informaciones se unen otras publicadas en otros medios de comunicación.
Este informe es un paso más en la actividad que realiza esta plataforma independiente de la que forman partes magistrados en activo y jubilados, abogados en ejercicio y representantes de diferentes colectivos de la sociedad civil. Su principal misión es luchar por una «justicia independiente e imparcial» en España, denunciando que el Poder Legislativo y Ejecutivo está interfiriendo en España en el Poder Judicial» y ello supone «una amenaza a las finanzas europeas y es motivo para que Europa suspenda temporalmente las ayudas a España«. Las ayudas, dicen, «se reanudarían tan pronto se recupere la independencia del Poder Judicial».
El principal éxito de este colectivo es haber conseguido que su petición 15/61 presentada en 2020 ante el Parlamento Europeo pidiendo la revisión del Estado de Derecho en España se reactivara en octubre de 2023 y debatiera el 29 de noviembre en la Comisión de Peticiones de esta Cámara. Esta petición «reclama a Europa que exige el cumplimiento del Estado de Derecho en España, antes de seguir dando dinero de los fondos europeos«, según asegura a THE OBJECTIVE uno de los promotores.
El escrito, «un auténtico terremoto», según las fuentes consultadas, tuvo una respuesta del Comisario de Justicia de entonces, y «nos daban largas», pero ahora «parece que están reactivando temas que cuestionan al Gobierno actual«. En octubre de 2023, la Comisión de Peticiones le pide a la plataforma que exponga presencialmente la petición. Todos los partidos, a excepción de dos, el PSOE y el BNG, «nos apoyan la petición, que es que se investigue el Estado de derecho para poder seguir dando dinero a Europa de España».
El Parlamento Europeo, tras la exposición que realizó la plataforma el 29 de noviembre ante la Comisión de Peticiones, «mantiene abierta la petición, un hecho insólito, y eso indica que se va a investigar lo que se ha dicho». La investigación se centra en el documento actualizado, en el que decimos que «igual que Europa ha suspendido las ayudas a Polonia y Hungría porque no está garantizada la independencia judicial, en España habría que hacer lo mismo porque no se garantiza».
A día de hoy, España ya ha recibido tres desembolsos de los fondos Next Generation. En 2021 tuvo lugar un desembolso de 9.039 millones de euros de la prefinanciación correspondiente al 13% del total asignado, 10.000 millones de euros en diciembre de 2021, 12.000 en julio de 2022 y 6.000 millones en febrero de 2023. España ha recibido 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que corresponde al país en forma de transferencias no reembolsables, que ascienden a un total 69.528 millones de euros del Plan de Recuperación.
