Moncloa cree que los jueces forman parte de una «conjura» contra la «soberanía nacional»

El Gobierno se ha quitado la careta tras los últimos movimientos de los jueces sobre el expresidente catalán, Carles Puigdemont. Hace una semana, la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Teresa Ribera, ejerció de avanzadilla al cargar contra el juez Manuel García-Castellón por tener «una implicación política importante, y suele salir a colación en momentos políticos sensibles». La consigna del PSOE entonces fue ordenar silencio para apagar el incendio, pero hoy los socialistas se decantan por la estrategia contraria. La activación de la investigación judicial sobre los vínculos de Puigdemont con Rusia por parte de un un juez de Barcelona sirvió este lunes a Moncloa y Ferraz para denunciar abiertamente la injerencia «terrible» de la judicatura para evitar la aplicación de la ley de amnistía. 

El Gobierno ve una actuación coordinada por parte del estamento judicial con la única intención de «doblegar al Ejecutivo y a la soberanía nacional en España», según fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE. Desde Ferraz denuncian que «los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con el legislativo» con un «objetivo muy claro», de conjurarse contra la aplicación de la ley de amnistía. El Gobierno tiene dudas de que «sirva de algo», pero califican de «terrible» y «horrible» el seguimiento que hace la judicatura paso a paso de las negociaciones del Ejecutivo. «Cada vez que el legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha… y la ley no está aprobada. Tomar decisiones al albur del legislativo me parece terrible… Que tengan una influencia en el legislativo es horrible», relatan estas fuentes. 

«Se retratan ante Europa»

Sin embargo, en Moncloa no hay indignación, ni siquiera malestar ante estas presuntas injerencias judiciales sino al contrario. Existe una cierta satisfacción porque «los jueces se están retratando ante Europa». «Están demostrando que su intención es pararle los pies al Gobierno. A ver qué opina el comisario de Justicia de la Unión», inciden. A juicio del Ejecutivo, el poder judicial «no está ganando el relato en Europa», donde recuerdan que los magistrados del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se han alineado con el Gobierno español manifestado su convicción de que «es profundamente antidemocrático meterse en la técnica legislativa». 

Y advierten de que se está generando un caldo de cultivo que permite augurar que «Europa no va a parar la ley de amnistía a España». Y menos cuando, según sus cálculos, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) tendría que pronunciarse sobre una eventual cuestión prejudicial presentada por los tribunales españoles al tiempo en que se sucederán las negociaciones en Bruselas para el futuro Ejecutivo comunitario, donde las negociaciones se producen entre gobiernos. Es decir: «Será Pedro Sánchez con quien tendrá que negociar. Es una cuestión de conveniencia».

«Los jueces nos están haciendo un favor»

Este es un aspecto que permite al Gobierno ser optimista ante la cascada de recursos y cuestiones que planteara el poder judicial una vez que se apruebe definitivamente la norma en el mes de abril, momento a partir del cual Moncloa prevé que, lejos de amainarse, se endurezca la ofensiva judicial contra la amnistía. «Que sigan, que sigan saliendo jueces. No se dan cuenta que nos están haciendo un favor. Los jueces no tienen derecho a hacer política». Como botón de muestra citan «el manual que han hecho para parar una ley de amnistía, que emana de la soberanía nacional». Y se preguntan: «¿Y luego quieren algunos que los jueces se elijan a sí mismos? ¿Para qué queremos tener unos patricios en España que sólo defienden sus privilegios?»

En privado, el grueso de las críticas las concentra el juez García-Castellón por investigar a a Puigdemont por un delito de terrorismo por su presunta participación en la organización de Tsunami Democràtic y los CDR. Públicamente, la portavoz del PSOE, Esther Peña, evitó pronunciarse sobre la reactivación del caso Volho desde Barcelona, porque «estamos analizando la información que llega, las fuentes y la veracidad». Pero sí dibujó una crítica velada a su investigación por terrorismo: «Sí me preocupa que, para denostar una ley que va a ser un punto y aparte para la convivencia, seamos capaces de entrar en temas tan sensibles». 

Como adelantó THE OBJECTIVE, el Gobierno siempre ha pensado que lo sucedido en Cataluña nunca debió de ser tildado de terrorismo, pero es ahora cuando ha empezado a verbalizarlo públicamente. Una semana después del giro de guion que llevó al Gobierno a asumir los postulados independentistas incluyendo los delitos de terrorismo entre los beneficiados de la amnistía, «siempre y cuando no vulneren los derechos humanos». La portavoz Peña lo argumentó este lunes con total naturalidad al afirmar que «el independentismo incurrió en practicas reprobables, pero no hubo terrorismo». Un tipo de delitos que «están tipificados en el Código Penal» y que, a su juicio, «no es ni siquiera es lo que sucede aquí en Ferraz, ni en Gamonal, porque hubo una revuelta de los vecinos, ni los movimientos mineros ni en astilleros. No porque está tipificado ni lo ha considerado así el poder judicial». 

No hay negociación con ERC y Junts

El elemento de la ‘conjura judicial’ no es una cuestión menor en el marco de la negociación con los independentistas, en la medida en que sirve para convencer a ERC y Junts de que nuevos acuerdos que avanzaran supuestamente en el blindaje a Puigdemont provocarían justamente el efecto contrario. Para evitar riesgos, ésta es la primera de las negociaciones de la investidura en la que no se ha forzado la máquina por parte de los socios del Ejecutivo, hasta el punto de incluso han asumido hasta dónde podía llegar el Gobierno. La nueva portavoz de la Ejecutiva compareció a 24 horas de la votación en el Congreso sobre el dictamen de la comisión de Justicia que se votará este martes a las 15 horas, aguando la posibilidad de un nuevo acuerdo con los independentistas sobre las enmiendas que quedan vivas de ERC y Junts. Tras lo ocurrido con los decretos el miércoles 10 de enero, el Gobierno parece haber aplacado la furia negociadora de sus socios hasta el punto de que Moncloa sostiene que «no hay negociación» y Junts y ERC han aceptado que no se incluirán nuevas enmiendas en el texto que apruebe el Congreso y remitirá al Senado. 

La portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, afirmó que «no estamos negociando. No hay sobre la mesa ningún cambio sobre la votación de lo que salió de la comisión la semana pasada». Peña confesó que en el PSOE «estamos cómodos con el texto que surgió la semana pasada» aunque añadió de forma retórica que «lo que queda es tiempo», aunque éste no entrañe ninguna esperanza ni deseo de que albergue nuevos acuerdos. «Estamos satisfechos del texto que salió de la propia comisión» porque «el documento es impecable, suficientemente robusto». Moncloa y Ferraz dicen tener «garantías» y transmiten la tranquilidad de una aparente nueva fase en la relación con sus socios, caracterizadas porque no hay carreras de último minuto ni negociaciones in extremis.