El jefe de gabinete de la Secretaría General de los fondos UE también quiere irse del Gobierno
Desde que la ministra Montero controla directamente los fondos europeos ya se han producido dos dimisiones
La gestión del Plan y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, conocido como los fondos Next Generation, se está convirtiendo en el talón de Aquiles del Gobierno de Pedro Sánchez y de la máxima responsable de los mismos, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Su deficiente funcionamiento por fallos en la implantación del sistema informático CoFFe y el temor a firmar determinada documentación está provocando la salida de sus responsables.
Tras la marcha de Rocío Frutos de la dirección general, en diciembre de 2021, este martes se conoció que también abandonó el cargo su sucesor, Jorge Fabra, como ya apuntó THE OBJECTIVE en diciembre de 2023. Pero estas fugas pueden ir a más porque el malestar en esta Secretaría General es evidente. Este periódico ha podido saber que el jefe de gabinete de la máxima responsable, Mercedes Caballero, también quiere irse. Daniel Gómez Velasco así lo ha trasladado y, si no se frena su salida, será el siguiente en abandonar el barco de la gestión de los fondos.
A Jorge Fabra le ha sustituido José Ángel Alonso, según se supo este martes tras la reunión del Consejo de Ministros, que aprobó su nombramiento. Alonso era el subdirector de Informática de la Secretaría General de Fondos Europeos, por lo que la ministra María Jesús Montero ha recurrido al banquillo.
Desde que la ministra Montero pasó a controlar directamente los fondos europeos, ya se han producido dos dimisiones. Como ya publicó THE OBJECTIVE, este cambio en el control de los fondos alarmó internamente al Ministerio de Hacienda, por la «politización» de los mismos. A día de hoy, ya hay varias denuncias, ante un juzgado de Zamora, ante el Defensor del Pueblo y ante organismos europeos sobre una posible «trama» en el reparto de estos fondos.
El Consejo de Ministros del 5 de diciembre de 2023 aprobó el Real Decreto 1009/2023 de 5 de de diciembre «por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales», que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 6 de diciembre. En esta remodelación, pasó desapercibido, aunque no para los técnicos de Hacienda, que la Secretaría General de Fondos Europeos, que depende directamente de la ministra, había pasado a controlar a la Dirección General de Fondos Europeos y la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resilencia.
Un cambio que no es baladí para el control de los fondos, ya que en la estructura de la anterior legislatura, la Secretaría General de Fondos Europeos, que dirige Mercedes Caballero, dependía de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por lo que no era gestionada directamente por la ministra. «Al hacerla depender directamente de la ministra, hay varias lecturas. Por una parte, se le da más relevancia y, por otra, hay una mayor politización, perdiendo su carácter técnico, tanto en el órgano como en la persona que lo ocupa como secretaria general», subrayan a este periódico fuentes conocedoras de las consecuencias del cambio.
«Hay mucho revuelo entre los funcionarios y preocupación porque a partir de ahora habrá mucha más politización en estos fondos», comentaron a THE OBJECTIVE fuentes solventes, que apuntaron a un posible golpe contra la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, y se preguntaron si «ha sido un castigo por su mala gestión y el reconocimiento de que el programa informático CoFFee sigue sin funcionar».
A día de hoy, España ya ha recibido tres desembolsos de los fondos Next Generation. En 2021 tuvo lugar un desembolso de 9.039 millones de euros de la prefinanciación correspondiente al 13% del total asignado, 10.000 millones de euros en diciembre de 2021, 12.000 en julio de 2022 y 6.000 millones en febrero de 2023. España ha recibido 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que corresponde al país en forma de transferencias no reembolsables, que ascienden a un total 69.528 millones de euros del Plan de Recuperación.