Antifraude señala al ministro Torres por el comité 'en la sombra' que seleccionó a la trama
La ONIF critica el ente autonómico que el actual ministro de Política Territorial creó al inicio de la pandemia
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha colocado en una delicada situación al expresidente canario Ángel Víctor Torres, al subrayar en un informe del sumario del caso Koldo que la elección de Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas en 2020 partió del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria, un ente creado en los primeros días de la pandemia y que estuvo presidido por actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
El departamento de inspección financiera del Ministerio de Hacienda hace hincapié, en un informe de principios de febrero, en que fue el propio Ejecutivo canario de Torres el que facilitó esa información y, para ello, incluye en el sumario la respuesta que la Agencia Tributaria recibió desde el archipiélago cuando inició las primeras indagaciones sobre los polémicos contratos hace dos años.
«En el Gobierno de Canarias se creó un Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria ante la crisis generada por el coronavirus COVID-19 que, entre otras funciones, se le asignó la búsqueda de proveedores que pudieran suministrar de forma urgente material sanitario de protección para el personal de los centros sanitarios en particular y de toda la población en general. El proveedor SOLUCÍONES DE GESTIÓN SL fue una propuesta de ese Comité», señaló el anterior Gobierno canario por escrito.
Sin embargo, desde el entorno de Torres se niega ahora esa versión. Un portavoz del ministro puntualizó este martes al medio canario El Día que no fue ese comité de gestión el que propuso comprar a la trama de Koldo. «La propuesta llegó a través de un correo electrónico al Servicio Canario de Salud y tras un análisis técnico de la propuesta, se aprobó por el propio Servicio Canario de Salud», señaló al respecto.
La creación de este comité -en realidad, fueron tres- fue anunciada por Torres en marzo de 2020 tras el primer estado de excepción, pero nunca llegó a formalizarse su constitución. En aquel entonces, el Ejecutivo canario alegó que la asunción de competencias por parte de este Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria provocaría una «alteración absoluta» de la estructura del Gobierno autonómico.
Como consecuencia de ello, no se levantaron actas de sus reuniones, ni quedaron registradas las deliberaciones, las recomendaciones o el número de asistentes en cada cónclave mientras se prolongó el coronavirus y se adoptaron con carácter de urgencia los contratos por el procedimiento de negociado sin publicidad. De ahí que se le denominase comité ‘en la sombra’ con el paso de los meses.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya advirtió en un informe elaborado en septiembre de 2022 que en los contratos suscritos por el Servicio Canario de Salud con la trama «se desconoce cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato así cómo y de qué manera se gestionó el suministro de las mascarillas».
El entonces Gobierno de Torres firmó cuatro contratos con la empresa Soluciones de Gestión en 2020. El primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por cinco millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.
No obstante, esta última partida defectuosa y la empresa de la trama se vio obligada a reponer varios meses después un lote de más de 800.000 mascarillas que el Gobierno autonómico de Canarias había catalogado como «no aptas» para su uso en los hospitales.
Si bien ambas partes cumplieron «los términos del contrato», la UCO subrayó en su informe que se habían observado «las mismas carencias» que en otros expedientes analizados. «Se desconoce cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato, no se han aportado comunicaciones entre el órgano de contratación y SOLUCIONES DE GESTIÓN, ni tampoco cómo y de qué manera se gestionó el suministro de las mascarillas», deja claro al respecto.
Y en cuanto al contrato de FFP2, la Guardia Civil señala que se tenía que haber realizado «una valoración de precios u otras medidas compensatorias para la Administración» en vez de aceptar de la empresa dirigida por Juan Carlos Cueto las nuevas condiciones.
