Canarias no aceptó las mascarillas del 'caso Koldo' hasta que se las rebajaron un 66%

El Servicio Canario de la Salud (SCS) recibió 837.800 mascarillas de la empresa del ‘caso Koldo‘ en abril de 2020 que sus hospitales descubrieron que no tenían el nivel de seguridad encargado (FFP2) y que no aceptó hasta noviembre, cuando se certificó que al menos eran FFP1 y la empresa ofreció cobrarlas un 66 % más baratas, al precio de quirúrgicas.

Solo en uno de los tres encargos de mascarillas que la sanidad canaria le hizo a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por un importe total de 16,64 millones de euros (cifra que luego quedó en 12 millones, precisamente por ese motivo) hay constancia en la Plataforma de Contratación de las Administraciones Públicas de que surgiera un problema similar al que afrontó el Govern balear.

Ocurrió el 22 de abril de 2020, en las primeras semanas del estado de alarma, cuando el SCS adjudicó a Soluciones de Gestión de forma directa y sin publicidad, pero con amparo en las normas de contratación de emergencia dictadas en aquellas fechas, el suministro de 2,75 millones de mascarillas de nivel de filtración KN95 o FFP2.

La empresa vinculada por el caso Koldo debería haber cobrado por esa partida 6,87 millones, a razón de 2,50 euros por unidad. Y, de hecho, en los seis días siguientes a firmarse el encargo, entregó a los hospitales públicos canarios 2,27 millones de mascarillas.

Pero surgió un problema, según el expediente de contratación: el servicio de prevención de riesgos de uno de los hospitales descubrió casi de inmediato, el 27 de abril, que había cuatro modelos de mascarillas KN95 (identificadas como KN95 FDA, KN95 KSA, KN95 202003, y KN95 EN1492001) que no cumplían el nivel de filtración exigido para que su uso protegiera a los sanitarios; es decir, no llegaban a FFP2.

Su advertencia dejó en el aire un total de 837.800 mascarillas, con un coste total de 2.094.500 euros. El 22 de julio, la sanidad pública canaria se lo comunicó a la empresa y envió muestras al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que certificó sus sospechas.

Sin embargo, el informe del CNMP, que llegó en septiembre de 2020, ofreció una salida a la que se acogió la empresa implicada en el suministro: las mascarillas no eran FFP2 (lo que exige filtrar el 94% de las partículas presentes de aire inhalado), pero estaban por encima de un nivel de filtrado FFP1 (78% de las partículas).

En ese momento, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas ofreció al SCS venderle esas mascarillas al precio que tenían las quirúrgicas en abril, cuando se hizo el encargo: 0,845 euros por unidad; o lo que es lo mismo 707.5718 por el lote completo de esas 837.800 piezas. Su propuesta contenía un segundo apartado: suministrar además 555.000 mascarillas FFP2 de un modelo ya contrastado al precio pactado al inicio, 2,50 euros la unidad (1,38 millones, en total).

El Gobierno de Canarias tenía en ese momento dos opciones: resolver el contrato con la empresa o aceptar su oferta de compensación, opción última que fue la elegida. En un documento firmado el 3 de noviembre de 2020, el entonces director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, explica el motivo de esa elección: en ese momento, alega, los hospitales públicos de las islas consumían 510.828 mascarillas quirúrgicas y FFP2 a la semana y seguían tendiendo necesidad de aprovisionarse.

«Valorando los tiempos de entrega de un nuevo pedido, así como la disponibilidad inmediata de contar con dicho material, esta dirección acepta como compensación y resarcimiento de la situación generada, ajena a esta administración», dice Domínguez en ese documento. Y se fijó una cautela: el importe total en el que se quedaba la factura, 2.095.018 euros solo se abonaría cuando se entregasen las 555.000 mascarillas FPP2 y ese lote fuera inspeccionado para comprobar que respondían al estándar de seguridad exigido.

Ya en 2021, en los documentos de ese expediente aparecen no solo los logotipos del SCS y del Gobierno de Canarias, sino también la bandera de la Unión Europea, porque el Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres decidió aprovechar la oportunidad legal que se abrió a las autonomías de confinanciar esos gastos extraordinarios en material sanitario con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Es este detalle, el empleo de fondos comunitarios, el que ha habilitado a la Fiscalía Europea a asumir la investigación de esos expedientes para verificar si el dinero de la UE empleado en pagar esos lotes se empleó correctamente o si fue malversado.

Conrado Domínguez dimitió de su cargo el 3 de noviembre de 2022 al verse imputado en el primer ‘caso Mascarillas’ de Canarias, la presunta estafa cometida por una empresa a la que se pagaron cuatro millones de euros por adelantado por una partida de cubrebocas que nunca entregó. Ese caso también está en manos de la Fiscalía Europea.