El Gobierno pide volver a llevar el catalán a la agenda de la UE el día antes de votar la amnistía
El punto se incluirá en el Consejo de ministros de Asuntos Generales del 19 de marzo, en cuyo orden no figuraba la propuesta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
España quiere que el asunto del reconocimiento del catalán, gallego y euskera como lenguas de la Unión Europea sea elevado de nuevo a nivel de ministros en la próxima reunión del 19 de marzo, según ha trasladado el Gobierno este mismo miércoles, víspera de la votación de la Ley de Amnistía en la comisión de Justicia del Congreso, al resto de socios comunitarios.
La petición ha sido trasladada por el Gobierno a los Veintisiete en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas para preparar la agenda del próximo Consejo de ministros de Asuntos Generales, previsto para el martes 19 de marzo y en cuyo orden del día provisional no figuraba el asunto de las lenguas cooficiales españolas.
De este modo, según han indicado a Europa Press distintas fuentes diplomáticas, la petición española será incluida en los puntos de información de la reunión a los que cada delegación puede solicitar añadir un tema. En este caso, añaden las fuentes, se espera un memorando para hacer balance del caso.
La delegación española ha pedido que sea tratado como asunto ‘AOB’ (punto ‘varios’ en la jerga comunitaria), lo que en la práctica supone que es un punto informativo sobre el que «no está prevista ninguna discusión», lo que no impide que otra delegación decida tomar la palabra en ese momento, según han indicado a Europa Press fuentes europeas que confirman también que en los grupos técnicos del Consejo «ningún trabajo preparatorio» sobre la oficialidad de estas lenguas ha tenido lugar.
La última vez que estuvo en la agenda de los 27 la petición del Gobierno de reconocer el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la Unión Europea –uno de los compromisos del PSOE con Junts de cara a la nueva legislatura– fue en la última reunión en que España controló la agenda en tanto que presidencia de turno del Consejo de la UE, el pasado diciembre.
Fuera de agenda con la presidencia belga
Con el relevo tomado por Bélgica en la presidencia rotatoria el pasado enero, el asunto salió del orden del día de los ministros europeos y quedó relegado a la espera de que se produjeran avances de calado en los grupos técnicos, ya que los socios reclaman dictámenes jurídicos y evaluaciones de impacto antes de decidir sobre una eventual modificación del reglamento que, en todo caso, requeriría de la unanimidad de los Veintisiete.
Durante el semestre español, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acudió repetidamente a las reuniones de Asuntos Generales para defender la especificidad del caso español y garantizar al resto de socios que España asumiría el coste de reconocer como oficiales las tres lenguas, renunciando así a una de las claves del reglamento de idiomas de la UE por el que se asegura que el gasto de traducción e interpretación que implica la oficialidad corre a cargo de las arcas comunitarias.
Sin embargo, los países socio siguen reclamando informes que aclaren cuál sería el coste del cambio de las reglas para el catalán, el gallego y el euskera, pero también cuál sería su encaje jurídico para evitar un «efecto dominó» con otras lenguas regionales en la UE, entre otras cuestiones.
En diciembre, la Comisión Europea calculó el coste en unos 132 millones, según una «estimación preliminar» basada en la experiencia con otras lenguas, si bien los servicios comunitarios avisaron de que no podrían ofrecer datos precisos hasta conocer en detalle el «régimen transicional» que plantea España para desplegar primero el catalán y más tarde las otras dos lenguas cooficiales.
Este movimiento del Gobierno coincide también con la carta que el pasado viernes remitió a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el ministro Albares para insistir en establecer un acuerdo administrativo que permita el uso del catalán, el gallego y el euskera en las sesiones plenarias de la Eurocámara, en línea con otros acuerdos similares que España cerró hace años con otras instituciones comunitarias.
