Denuncian que la UE bloquea la investigación de un fraude con fondos europeos en Zamora
Los empresarios afectados amplían ante la Fiscalía europea la querella que ya está bajo investigación judicial
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera | Agencias
Los empresarios que han denunciado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora un presunto fraude en la gestión de los fondos europeos de unos 500 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez han ampliado la denuncia que enviaron en su día a la Fiscalía europea. Con esta ampliación alertan de que la OLAF, oficina europea antifraude, «se está negando a entregar un expediente de su titularidad, OC/2022/0892» al juzgado que investiga la causa, según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El texto, remitido el pasado mes de febrero a este organismo comunitario, señala que «se estaría incumpliendo el deber de colaborar en materia penal con un juez de un estado miembro, hechos sumamente graves y que vienen a constatar o reforzar, de forma notoria, que existe un presunto fraude en torno a este desarrollo industrial».
Igualmente, considera que «la OLAF esté desobedeciendo la petición de un juez de un estado miembro, debería poner en estado de alarma a las instituciones europeas». En este sentido, subraya que ello «viene a ser un signo inequívoco de presunta corrupción. Por este motivo, se pone en conocimiento de esta Fiscalía europea, ya que el fondo del asunto es un presunto fraude multimillonario al presupuesto de la Unión Europea».
Los afectados recuerdan que «se estaría encubriendo presuntamente un presunto delito de adjudicación de fondos europeos para un proyecto industrial: Biorrefinería Barcial del Barco y La Robla, de mi titularidad».
El origen de esta investigación judicial fue una información publicada por THE OBJECTIVE el 23 de marzo de 2023 bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información, por parte de la OLAF, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español. Una de ellas, con fecha 22 de noviembre de 2022, se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla» y pedía una respuesta antes del 15 de diciembre de este año. Esta es la respuesta a la que quieren acceder los empresarios, ya que es consecuencia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Europea el 11 de octubre de 2022.
Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como la OLAF y la Fiscalía, y a los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de este año. Con anterioridad, el portavoz de este grupo empresarial, Vicente Merino, ya había denunciado el caso, en enero de 2022, a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora. El importe de la subvención, si ha llegado a concederse, podría alcanzar los 500 millones de euros.
Desde que empezó la instrucción, el juez ha librado varios oficios reclamando el expediente de este caso, incluso con apercibimiento de «desobediencia», tanto a la OLAF (Oficina Europea Antifraude) como al Ministerio de Transición Ecológica, pero no se le ha remitido la información solicitada. Por ello, estos empresarios presentaron el pasado día 29 de febrero una nueva ampliación de la querella.
A día de hoy, España ya ha recibido tres desembolsos de los fondos Next Generation. En 2021 tuvo lugar un desembolso de 9.039 millones de euros de la prefinanciación correspondiente al 13% del total asignado, 10.000 millones de euros en diciembre de 2021, 12.000 en julio de 2022 y 6.000 millones en febrero de 2023. España ha recibido 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que corresponde al país en forma de transferencias no reembolsables, que ascienden a un total 69.528 millones de euros del Plan de Recuperación.
El cuarto desembolso, por un importe de 10.000 millones de euros, ya ha sido pedido, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, espera conocer el informe de la Comisión Europea respecto al cumplimiento de los hitos en la segunda mitad del mes de marzo. Para que Bruselas entregue este dinero tiene que comprobar que se han cumplido los hitos exigidos, como es el caso de la reforma del subsidio por desempleo, que fue tumbada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de enero.
