Trabajadores de una fundación ratifican ante un juez sus denuncias de fraude con fondos UE
En el acto de conciliación confirmaron las irregularidades y aseguran que «no nos van a intimidar» con esta «presión»
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Cinco trabajadores de la Fundación Social Desarrollo Responsable (Munus), denunciada ante el Ministerio de Trabajo por presuntas irregularidades en la gestión de una subvención de 2,8 millones de euros de los fondos europeos Next Generatión, desveladas por THE OBJECTIVE, han ratificado en el Juzgado de Primera Instancia número 86 de Madrid sus acusaciones contra esta fundación. En el acto de conciliación previo a la posible interposición de la demanda, que se celebró este miércoles con tres de los cinco empleados, «mantuvimos nuestras acusaciones y no nos retractamos en nada«, según señalaron a este periódico.
La citada fundación pretendía que los trabajadores rectificaran las sucesivas informaciones de este caso que ha publicado THE OBJECTIVE, basadas en documentación y testimonios de trabajadores y alumnos afectados por este presunto fraude. Pero no ha llegado a producirse porque «mantenemos nuestra postura y no hemos cedido a la presión», señalan. Estos trabajadores creen que este acto de conciliación ha sido una «forma de intimidarnos» para no seguir adelante con sus denuncias. Sin embargo, sostienen que «decimos la verdad».
Una vez que en el acto de conciliación la empresa no ha conseguido doblegar a los trabajadores, éstos están a la espera de que la fundación siga adelante con el proceso judicial, aunque esperan que no «echen más leña al fuego», ya que advierten de que no van a cambiar sus acusaciones.
El origen de este conflicto está en la denuncia presentada por trabajadores contratados por la Fundación Social Desarrollo Responsable (Munus) y Pánico Escénico S.L., ante el Ministerio de Trabajo. A la fundación y la empresa le fueron concedidas dos subvenciones de fondos europeos por importes de 1.599.998,40 euros y otra de 1.199.998,80 euros. Las ayudas llegaron por medio del SEPE (Servicio Público de Empleo) a cargo del Ministerio de Trabajo y Economía Social para la realización del programa TándEM. Los afectados alertaron sobre la falta de control del departamento ministerial que dirige Yolanda Díaz sobre la gestión del dinero y la ejecución del proyecto. «Paralizaron durante dos meses el dinero de la primera fase para ver qué pasaba con el dinero, qué voló. Investigaron y dijeron que todo bien», insiste.
Las irregularidades se concretan en «incumplimientos contractuales, abarcando aspectos como el impago de nóminas, la falta de contratos en los primeros meses en algunos casos o altas de falsos autónomos en otros, el incumplimiento de la jornada pactada, la omisión de la provisión de documentos esenciales como el contrato, el calendario laboral o las nóminas con sus respectivas cotizaciones y el cambio de alta de un organismo a otro sin comunicación ni consentimiento».
La fundación ha contraatacado con esta demanda en la que acusan a los trabajadores de «extorsionar a la fundación, al objeto de que, sintiéndose atacada, proceda a abonar a los demandados en conciliación, salarios, retribuciones y/o emolumentos absolutamente improcedentes». Igualmente, quieren que se avengan a reconocer que «todas las manifestaciones e imputaciones realizadas por los demandados son absolutamente falsas y han sido realizadas con conocimiento de sus falsedad o con temerario desprecio a la verdad». Esta fundación los acusa de presentarse en actos realizados por la fundación e increpar a los responsables con gritos de «¿por qué no nos paga la fundación? «caradura», «sinvergüenza». Los demandados aseguran que no insultaron y que han «exagerado».
Otra cuestión que plantean es que reconozcan que las manifestaciones e imputaciones realizadas se han hecho «con una clara intención de injuriar y calumniar a la fundación y a su presidente, causando una grave lesión a la dignidad y el honor de ambos». Finalmente, aluden a las «falsedades» que han difundido «en medios de comunicación» y piden que «reconozcan todo lo anterior, cesen en su comportamiento hostil de acoso y se retracten de todo lo manifestado acerca de la fundación y de su presidente».
La situación interna se ha agravado tras la visita de los inspectores del Ministerio de Trabajo y del SEPE, ya que los responsables de esta fundación han empezado a «extorsionar» a algunos trabajadores que se han acogido al programa TándEM, según han denunciado a este periódico: «Nos han pedido realizar de nuevo las hojas de firmas correspondientes a septiembre, octubre y noviembre, poniendo horas que no hemos trabajado, como nos obligaron otras veces. La inspección nos dijo que no hiciéramos eso porque es ilegal. Cuando nos hemos negado, la fundación nos ha dicho que tenemos que hacerlo porque si no, nos van a investigar, y nos han amenazado».
Desde el primer momento, la fundación negó las acusaciones de impagos el 22 de diciembre de 2023, según la versión de los hechos recogida por THE OBJECTIVE, pero reconoció «problemas de liquidez» de una empresa contratada como proveedor. Así, el presidente de la Fundación, Alberto Herreros, calificó de falsas las afirmaciones de los trabajadores, en un comunicado remitido a este periódico, ya que «la Fundación no debe a día de hoy ninguna cantidad a ninguna persona física ni jurídica. En este sentido, adjuntamos certificados de estar al corriente de pagos en Seguridad Social y Hacienda de ayer mismo. La Fundación no es una empresa sino una entidad sin ánimo de lucro, cuyo nombre es Fundación Desarrollo Social Responsable (marca Munus) que ha recibido unos fondos europeos para llevar a cabo una intervención con jóvenes menores de 29 años formándolos y contratándolos para llevar a cabo una trayectoria profesional en diferentes disciplinas durante nueve meses, nominas en este caso que asume la Fundación precisamente con esos fondos europeos».
Herreros considera que «todo está perfectamente acreditado, con contratos laborales, con intervenciones de todo tipo desde el punto de vista legal. La empresa a la que se refieren también en su artículo fue una empresa que se subcontrató como proveedor de la formación desde finales de abril hasta 20 julio como otras que impartieron formación en la primera fase, y otras que actualmente también están subcontratadas. Nos consta que tuvo problemas de liquidez para afrontar ciertos pagos, pero que parece que están resueltos y están pagando los débitos oportunos».
Posteriormente al envío de este comunicado, se han negado a ofrecer la versión de la fundación sobre las denuncias que han seguido realizando los trabajadores.
