El PP cuestiona la labor del Tribunal de Cuentas durante la pandemia: «Trataron de salvar a Illa»
Los ‘populares’ insisten en que era obligatorio verificar la solvencia de las empresas y acusan a Chicano de mentir
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparece en la comisión de investigación de Koldo en el Senado | Fernando Alvarado (EFE)
El PP ha vuelto a cuestionar la labor del Tribunal de Cuentas porque no le interesa «comprobar, controlar y verificar» los contratos de material sanitario suscritos durante la pandemia. Los populares han asegurado en el Senado que el ente tenía la obligación de acreditar la solvencia de las empresas pese a ser contrataciones de emergencia, algo que negó la semana pasada su presidenta, Enriqueta Chicano, en la comisión hermana del Congreso. Le acusan de mentir. El senador Salvador de Foronda también ha denunciado al órgano fiscalizador de ocultar párrafos de un informe para «salvar al exministro Salvador Illa».
Chicano ha comparecido este lunes en la comisión Koldo, donde se ha enzarzado con el representante del PP. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado en términos parecidos a los expuestos en la Cámara Baja. Foronda ha insistido a Chicano en que las empresas debieron acreditar su solvencia y capacidad pese a tratarse de contrataciones de emergencias, como señalaba un dictamen del Consejo de Estado emitido en mayo de 2021. La presidenta del Tribunal de Cuentas ha respondido que se trataba de una mera recomendación ya que estos informes son preceptivos.
«La solvencia no es exigible en los contratos de emergencias, aunque se considera una buena práctica», ha afirmado Chicano en medio de las murmuraciones de los senadores del PP. Foronda le ha reprendido asegurando que la ley no exime a la Administración de verificar las circunstancias de las empresas contratantes en ningún caso. Ha acusado a la presidenta del Tribunal de Cuentas de mentir en sede parlamentaria después de que la semana pasada, en el Congreso, afirmara que no era obligatorio.
El PP contra Chicano
El representante popular le ha requerido si es normal que una empresa como Soluciones de Gestión pasara de tener contratos de apenas 2.000 euros con la Administración a conseguirlos por valor de 53 millones en cuestión de meses. Se trata de las nueve adjudicaciones que investiga la Audiencia Nacional. Los investigadores apuntan a que se habrían conseguido a dedo y que los miembros de la trama Koldo se habrían beneficiado con mordidas. También le ha afeado que otras empresas adjudicatarias no estuvieran siquiera inscritas en el registro.
Foronda ha incidido en los informes elaborados para controlar las compras de las comunidades autónomas. Se ha referido en concreto a uno emitido el 29 de septiembre de 2022, votado por unanimidad por el pleno del Tribunal de Cuentas. En su opinión, ese documento eliminó un párrafo para «blanquear el informe» y «salvar al exministro Salvador Illa» porque se advertía de que las mascarillas se habían repartido «con mucha ligereza».
Chicano ha respondido que ese párrafo se incluyó en otro documento a petición de uno de los consejeros del órgano fiscalizador porque era un asunto de su departamento. «Hubo contratos que nunca se publicaron; no se cumplió el dictamen del Consejo de Estado sobre la solvencia; se han incumplido contratos; faltan reintegros…», ha insistido el representante del PP, especialmente beligerante.
Foronda y la presidenta del Tribunal de Cuentas se han enzarzado en varias ocasiones. La primera, a cuenta de las preguntas que le ha realizado el senador popular sobre su currículo y vínculos con el PSOE (fue asesora de Moncloa y candidata al Senado en 2000). Chicano se ha quejado en varias ocasiones de no escuchar sus preguntas, a lo que Foronda ha proclamado: «Le voy a poner una trompetilla». La presidenta del órgano fiscalizador y la bancada socialista se han quejado al presidente de la comisión por «falta de decoro».
Contienda política
«Lo que lamento profundamente es que traiga al Tribunal de Cuentas a un espacio de contienda que no le corresponde en absoluto», ha reprochado al dirigente del PP. Su partido ha continuado la vía que comenzó la semana pasada en el Congreso, dónde ya puso en duda la labor del órgano fiscalizador y recuperó un dictamen del Consejo de Estado emitido en mayo de 2021 que señalaba la obligación de verificar la solvencia de las empresas contratantes.
El dictamen del Consejo de Estado, que vio la luz un año después del inicio de la declaración del primer Estado de alarma, afirma que la Administración contratante tiene la obligación de verificar que se cumplen los requisitos de capacidad y solvencia de las empresas establecidos en la Ley de Contratación del Sector Público «incluso en los supuestos en los que se acude a la contratación de emergencia». En ese informe se reconoce que en un 34% de los contratos fiscalizados se constatan que se compraron esos requisitos.
El PP ya cargó en la Cámara Alta contra el Tribunal de Cuentas por no ser capaz de detectar ni prevenir la corrupción. El diputado José Vicente Marí llegó más lejos al acusar a su presidenta de «blanquear irregularidades». Chicano defendió el trabajo de los funcionarios, como ha vuelto a hacer este lunes, y reiteró que las cuestiones señaladas por los populares no eran objeto de análisis según la ley de contratos y que el órgano que preside no era competente.
El Tribunal de Cuentas ha realizado siete informes de fiscalización sobre la contratación de emergencia durante la pandemia, todos aprobados por unanimidad y elabora un balance general. Según datos del órgano, durante los primeros meses las Administraciones Pública realizaron más de 13.000 contratos de emergencia por valor de 2.129 millones. En muchos de ellos, reconoció la propia Chicano en la comisión mixta a principios de abril, se advirtieron deficiencias e irregularidades. No obstante, la Fiscalía archivó todos los casos.
«Incidencias comunes»
«Incidencias comunes» en los contratos de todas las Administraciones, ha reconocido este lunes a la senadora del PSOE, Amparo Marco. Chicano ha insistido que el Tribunal de cuentas no tiene capacidad de sancionar a las instituciones, ya que su labor es contable y solo puede recuperar las partidas que han salido indebidamente de un ente público. «Si ustedes consideran que debemos tener más capacidad deben cambiar la ley», ha espetado la presidenta del órgano fiscalizador al representante de ERC, Josep Maria Reniu.
El senador del Grupo Plural ha afeado a Chicano que el Tribunal de Cuentas no advirtiera que los elevados precios de las contrataciones podrían estar «encubriendo comisiones y beneficiando a los oportunistas». Chicano ha asegurado que no observaron nada anormal y ha defendido a los funcionarios que componen la institución: «Estamos aquí gracias a sus informes. Ustedes están leyendo los datos».
