El PP pide en el Senado la «destitución inmediata» del fiscal general del Estado
Los populares registran una moción para su debate en Pleno y califican de «infame» la actitud de Álvaro García Ortiz
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha registrado una moción consecuencia de interpelación para su debate en Pleno en el que pide que se inste al Gobierno a la destitución «inmediata» del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el «incumplimiento grave de sus funciones». En el texto, firmado por la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, se destaca su actuación «sectaria» y de «apoyo al Partido Socialista», a la vez que califican de «infame»su actitud «ante los ataques y acusaciones de lawfare a sus compañeros jueces y fiscales del procés».
Los populares han redoblado la ofensiva de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y han puesto en su punto de mira al fiscal general del Estado. El PP recuerda que el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado «ha estado rodeado de polémica desde su nombramiento por Real Decreto 675/2022, de 1 de agosto, renovado por Real Decreto 1182/2023, de 27 de diciembre, debido a los escándalos que protagoniza y que dañan la imagen de una más de nuestras instituciones. Esta última vez, su nombramiento no obtuvo el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, que emitió informe desfavorable, siendo la primera vez que ocurre en los casi 50 años de democracia, que el CGPJ rechaza al candidato a Fiscal General del Estado propuesto por el Gobierno. Pero además los propios fiscales han pedido al Gobierno que se anule el nombramiento de Garcia Ortiz, por su condena por desviación de poder y su apoyo ‘descarado’ al Gobierno de Pedro Sánchez
El Grupo Popular hace referencia en su moción que el fiscal general del Estado incluyó en el orden del día del Consejo Fiscal que se celebró el 24 de abril «debatir sobre al petición realizada en reiteradas ocasiones por el Senado para que este órgano informe
sobre la proposición de Ley de Amnistía al procés. Hasta ahora el Sr García Ortiz se había negado a emitir informe sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, incluso ocultando al resto de miembros del Consejo la petición, y alegando que no era de su competencia».
Entre sus actuaciones más sectarias y de apoyo al partido socialista, a juicio del PP, «está la instrucción dada a al fiscal superior de al Comunidad de Madrid, para que enviara a los medios de comunicación desde su gabinete de prensa, una nota de prensa con la cronología de las conversaciones privadas mantenidas entre el letrado de Alberto González yel fiscal del caso, ya que al tratarse de la pareja sentimental de una dirigente del Partido Popular, podía tener rédito político la información. Se trata de un caso gravísimo de violación del secreto profesional y de un derecho tan fundamental como el de defensa jurídica en los tribunales de justicia. Hoy hemos conocido que se han filtrado nuevos documentos relacionados con el caso, un día antes de la reunión de la
Junta de Fiscales».
También, subraya el PP, «hemos conocido por la prensa la instrucción dada por el Fiscal General del Estado al fiscal jefe de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, consistente en detener de manera deliberada la tramitación del ‘caso Koldo’, una trama que afectaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez, a varios de sus ministros y a altos cargos socialistas, hurtando a los españoles acudir a las urnas sabiendo que el Gobierno estaba enzarzado en una grave trama de corrupción, por la proximidad de las elecciones del 23 de julio de 2023″.
Igualmente, «desde Europa tanto el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, como la Comisión Europea, repetidas veces han apercibido a España respecto a la necesaria independencia del Fiscal General del Estado y el Ejecutivo, sin ocultar su preocupación por esta relación anómala. No parece que pueda merecer un juicio de idoneidad el nombramiento de un candidato que ha demostrado tan deficiente esmero en al pulcritud del desempeño de la Fiscalía de más relevante trascendencia».
Por todo ello, quieren que el Pleno del Senado inste al Gobierno a que, «en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, proponga la destitución de forma inmediata de don Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, previo acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en aplicación del artículo 31.4 de al Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por al que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones y por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo».
Finalmente, proponen instar al Gobierno «a que designe un nuevo fiscal general del Estado que cumpla con los requisitos legales para su elección, y que garantice la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia requerida para el
ejercicio del cargo».