Celaá abre el melón más espinoso en Roma con la elección del director de la Obra Pía para Italia
Temor en círculos eclesiásticos a que se lleve a cabo una desamortización del patrimonio inmobiliario
Isabel Celaá en la presentación de un sello conmemorativo del Cuarto Centenario del Palacio de España como embajada permanente. | Foto: RRSS Obra Pía
La embajadora española ante la Santa Sede, Isabel Celaá, ha abierto el melón más espinoso desde su llegada a Roma a principios de 2022 con la elección de un nuevo director para gestionar el patrimonio inmobiliario de la Obra Pía en Italia. La legación diplomática ha publicitado una convocatoria pública para recabar candidatos al puesto que deja vacante el abogado Raúl Sandoval tras ocho años en la Ciudad Eterna.
La Obra Pía gestiona un importante patrimonio inmobiliario en Italia que en la actualidad permite a la Iglesia española cubrir sus necesidades eclesiales y caritativas en dicho país, sobre todo en la capital. Creada en 1840, coincidiendo con el declive de los Estados Pontificios y ante la posibilidad de una desamortización de bienes de la Iglesia por la aplicación de las nuevas leyes italianas, se nombró por primera vez un gobernador de las posesiones españolas en Roma y otras ciudades para custodiarlos. Desde el inicio, se eligió para ello la figura del embajador ante la Santa Sede.
De esta forma surgió la Obra Pía, una entidad sin ánimo de lucro y que se gestiona por sus propios medios, aunque está sometida a la tutela del Estado español. En 2008, cuando se fiscalizó su situación, era propietaria de 24 edificios en el centro histórico de Roma con un total de 273 inmuebles (191 viviendas, 10 oficinas, 66 locales comerciales y 6 estudios). Hace 20 años, por los alquileres se conseguían unos ingresos cercanos a los cinco millones de euros. La gestión de este patrimonio es la principal actividad de la Obra Pía y la renta obtenida por su alquiler es, en la práctica, «su única fuente de ingresos», según la web especializada Religión Confidencial.
La figura del director de la Obra Pía es importante porque la Iglesia católica teme en los últimos años que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ponga a la venta parte de este patrimonio inmobiliario. Precisamente, el desembarco de Celaá en Roma se vio en círculos eclesiásticos como un intento de llevar a cabo la «desamortización encubierta» de dichos bienes que no se hizo hace casi dos siglos, según las fuentes consultadas por el citado portal.
La exministra de Educación ha llevado a cabo un proceso exprés de captación de currículos, de apenas 14 días, desde el 17 de abril que se publicó la convocatoria de la plaza en la página web de la embajada española ante la Santa Sede hasta el pasado 30 de abril, cuando concluyó el plazo de recepción de las solicitudes.
¿Qué se necesita para optar a dicho cargo? Tener una licenciatura, «conocimiento de italiano adecuado a sus funciones» y experiencia y competencia «probadas» en administración y gestión patrimonial, fiscal y tributaria, «en especial de patrimonio inmobiliario», así como de mantenimiento y rehabilitación del mismo. También se exige «dirección y examen de contabilidad» y la «elaboración de inventarios de bienes», lo que sugiere que Celaá quiere poner al día la situación interna de la Obra Pía en Italia.
Además, «se valorará especialmente la experiencia en el Sector Público», así como la experiencia y competencia «en la gestión de temas jurídicos y regulatorios», en especial de temas contenciosos, derechos reales, obligaciones y contratos, así como en asuntos de «transparencia, cumplimiento normativo y rendimiento de cuentas».
La permanencia en el puesto tiene una duración de cuatro años, prorrogables «únicamente por una sola vez», por lo que se puede extender hasta un máximo de ocho. En cuanto al sueldo, la retribución es incierta y «se fijará en función de la trayectoria profesional, experiencia y circunstancias personales», según consta en el anexo de la convocatoria.
Sandoval fue elegido en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy gracias a su cercanía al entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien le había colocado de asesor en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa en 2014. Su elección estuvo envuelta en polémica ya que el embajador español en aquel momento, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, intentó aprobar el nombramiento tres días antes de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 pese a la oposición de varios consejeros, según publicó El País.
A raíz de aquel suceso, se modificó el reglamento interno de esta entidad para dar publicidad al proceso de designación del nuevo director. El mencionado abogado logró a principios de 2020 que se le renovase en el cargo, con el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos ya en el poder, gracias al estallido de la crisis sanitaria del coronavirus.
750.000 euros de inversión en la embajada
La llegada de Celaá a Roma ha supuesto una importante inversión en el el gasto en obras en el emblemático edificio que sirve de Embajada y residencia oficial. En total, más de 750.000 euros en el imponente palacio Monaldeschi, la legación diplomática permanente más antigua del mundo, desde que se produjo su llegada a Roma hace dos años.
El mencionado palacio ubicado en la Piazza di Spagna necesitaba mejoras estructurales fruto de su singularidad arquitectónica, pero entre los diplomáticos ha sorprendido que Celaá siga acaparando todas las reformas desde que se instaló en Monaldeschi cuando sus antecesores apenas tuvieron dinero para ello en el pasado.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de febrero la declaración de emergencia para contratar las actuaciones, obras y servicios necesarias en los salones de los Cardenales y de los Obispos por un importe de 496.972,18 euros (IVA incluido). Celaá comunicó a la Subdirección General de Asuntos Patrimoniales del Ministerio de Asuntos Exteriores su «preocupación» por el avanzado estado de «deformación» de los artesonados de ambos salones «que pondrían en peligro la propia estructura del inmueble». Por ello, solicitó que se adoptasen «de manera urgente las medidas necesarias para su solución».
Dicho y hecho. El Ejecutivo dio luz verde a las modificaciones mediante el procedimiento de emergencia que permite el artículo 120 de la ley de Contratos, con el que se agilizan todos los trámites administrativos. Moncloa justificó la premura para «evitar que el deterioro acelerado de los elementos estructurales del inmueble ponga en riesgo tanto la propia integridad del inmueble como del personal que desempeña sus funciones y reside en el mismo».
El deterioro del edificio al que se alude ya había sido advertido por varios embajadores que precedieron a Celaá, pero ha sido ahora cuando se han acelerado las obras con ella de inquilina. El Gobierno ya desembolsó en dicha legación más de 250.000 euros en los últimos meses de 2022, coincidiendo con los festejos por los 400 años del llamado Palacio España. Nada más llegar Celaá a la Ciudad Eterna se acometió en marzo de ese año la reforma de un ascensor por un montante de 111.186,77 euros (IVA incluido). La empresa adjudicataria fue la italiana Idl Elever, según la documentación que aparece en el Portal de Transparencia.
A finales de agosto se aprobó la restauración de seis alfombras antiguas por 44.364,53 euros (IVA incluido) y que tenían «un importante valor histórico y de representación institucional que, debido al uso continuado, requieren de varias intervenciones, con el fin de garantizar su buen estado de conservación», según precisó Exteriores en los pliegos de la licitación.
El último de los contratos de 2022 apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de octubre. Consistió en la reforma de la instalación eléctrica de la Embajada por 98.000 euros. Un contrato adjudicado también a la italiana Ecotecno Restauri en el que se acometieron trabajos de cableado, instalación de accesorios eléctricos y conductos de baja tensión.
Los trabajos de mejora en la residencia oficial que ocupa Celaá contrastan con los gastos que tuvo su predecesora, la diplomática María del Carmen de la Peña. En noviembre de 2011, poco antes de ceder el testigo a la exministra, hubo «trabajos correctivos en las instalaciones de seguridad de la cancillería y la residencia» por valor de 3.142,9 euros, que se sumaron a otro contrato similar en mayo de ese año para el «mantenimiento preventivo y correctivo» de las mismas en ambos sitios por 18.110,38 euros. Además, aquel verano se procedió a la restauración de nueve reposteros por 9.970,4 euros, por lo que la suma de las tres adjudicaciones apenas superaron los 30.000 euros.
