Un estudio alerta de la «politización creciente» de los altos cargos: desde el CIS a Correos
El ‘Dedómetro’ de Hay Derecho revela una formación insuficiente y una permanencia de menos de tres años en el cargo
Pedro Saura, Raquel Sánchez y José Félix Tezanos. | Ilustración de Alejandra Svriz
A los altos cargos les falta formación y les sobra ideología. Un estudio de la Fundación Hay Derecho revela que ha aumentado la politización en el sector público estatal, lo que «compromete la independencia de sus directivos y su capacidad de gestión imparcial». La última edición del Dedómetro alerta de que en nuestro país prevalece «una profesionalización insuficiente y una politización creciente». Como ejemplos de esas malas prácticas destacan tres organismos: Paradores (que preside la exministra Raquel Sánchez); Correos (Pedro Saura) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que dirige el cuestionado José Félix Tezanos.
Hay Derecho ha presentado este miércoles en Impact Hub Madrid su último Dedómetro, un estudio que analiza el mérito y la capacidad de los directivos del sector público. También analiza la transparencia de esas entidades. En esta nueva edición, la fundación ha centrado su investigación en el ámbito estatal, tomando como muestra a 215 altos cargos de 40 entidades durante un periodo de 20 años. Entre los organismos analizados, algunos tan representativos como Correos y el CIS, contra los que han cargado tinta la oposición.
La puntuación media del mérito y capacidad apenas supera el aprobado (5,15). Más de la mitad de los altos cargos suspenden porque no tienen la formación ni la experiencia requerida y solo 39 obtienen una calificación que supera los ocho puntos. Aunque la idoneidad de los directivos del sector público estatal ha mostrado una leve mejoría, el estudio alerta de que la politización ha aumentado.
La evolución de Correos
La alta rotación (la mitad de los directivos permanecen menos de tres años en el puesto) impide desarrollar estrategias a medio o largo plazo. «Es incompatible con el desarrollo de planes estratégicos en las empresas públicas», ha reconocido Rafael Rivera, responsable de la investigación. Para Safira Cantos, directora de Hay Derecho, el estudio evidencia que «es esencial que los directivos del sector público sean nombrados por su mérito y capacidad, y que se normalicen los procesos abiertos de selección basados en requisitos objetivos».
El Dedómetro 2024 destaca algunos casos de malas y buenas prácticas en términos de mérito y capacidad. Entre los casos negativos subrayan tres por distintas circunstancias: Paradores, Correos y el CIS. El estudio destaca que ninguno de los últimos presidentes de Paradores tenía una experiencia contrastada en el sector turístico. La exministra Raquel Sánchez, nombrada en diciembre, cuenta con 16 años de experiencia profesional, pero principalmente en cargos políticos sin relación con el ámbito de la entidad dependiente del Ministerio de Industria y Turismo.
El epígrafe específico del estudio tilda a Paradores como «el descanso de los políticos». Sánchez relevó a Pedro Saura, que pasó a dirigir Correos a pesar de no contar con la formación requerida. El Dedómetro advierte de «una tendencia preocupante» hacia la politización en los nombramientos de sus responsables. «El caso de Correos supone una evolución regresiva en cuanto a mérito y capacidad, obteniéndose los peores resultados de toda la serie en los dos últimos nombramientos», insiste el informe de 147 páginas al que ha accedido THE OBJECTIVE.
Saura, que ha encadenado diferentes cargos públicos durante los gobiernos socialistas, sustituyó a Juan Manuel Serrano, un ingeniero técnico de informática que jamás había tenido relación con el servicio postal. Apenas se le contabilizan tres años de experiencia de gestión como director de Sistemas y Gestión de Convenios y gerente en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). El estudio subraya que antes de su nombramiento se había desempeñado como jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
Agujero en Correos
Su amistad con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo que Serrano fuese nombrado presidente de Correos en julio de 2018. Su gestión ha sido muy criticada, ya que ha dejado un agujero en la empresa pública que supera los 1.000 millones de euros. En 2022, últimas cuentas auditadas, las pérdidas de la firma sumaron los 217 millones de euros, las mayores de todas a excepción de las previstas para el siguiente ejercicio, para el que se espera que alcancen los 300 millones. A pesar de ello, en enero fue recolocado en la gestora de autopistas.
El CIS es otro claro caso de «regresión» en términos de politización, indica el Dedómetro. En los últimos 20 años, la entidad ha tenido seis presidentes. En su mayoría eran profesionalmente idóneos para el cargo, aunque hay casos con una gran vinculación política, como el actual responsable, José Félix Tezanos. Fue nombrado a finales de junio de 2018, apenas unas semanas después de que el PSOE llegara al Gobierno. Su labor ha estado en el ojo del huracán desde entonces. El PP estudia llevar sus «abusos» ante la justicia, especialmente después de ser expedientado por la Junta Electoral por la encuesta flash sobre la primera «carta a la ciudadanía» de Sánchez.
«Por desgracia, el CIS es solo un ejemplo, ni siquiera demasiado extremo, aunque sí muy vistoso, de una mala praxis absolutamente extendida en nuestro sector público: la de considerar que los puestos directivos de las entidades públicas estatales son un botín a repartir entre los afines», denuncia Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho.
En cuanto a las buenas prácticas, el informe destaca tres entidades: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), presidida por Cristina Herrero, que «se mantiene como autoridad realmente independiente»; el Banco de España, que con Pablo Hernández de Cos al frente confirma «la buena senda» emprendida tras la crisis financiera de 2008; y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), presidida por Rodrigo Buenaventura, que exige requisitos objetivos para designar a su máximo responsable.
Para poder medir el mérito y la capacidad de los responsables de las entidades públicas, el informe sostiene que la transparencia es fundamental. El Dedómetro 2024 mide también este factor. La investigación de Hay Derecho revela que el 85% de las entidades analizadas incumple la ley de transparencia. Solo seis de las 40 entidades publican todos los indicadores requeridos por la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno. Son AENA, la AIReF, el Banco de España, la CNMV, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
