La Fiscalía remite al Supremo la denuncia contra Alvise por presunta financiación ilegal
Los afectados por el cierre del club financiero alertan de un posible fraude de más de 300 millones de euros
El cartel de Alvise para las elecciones europeas.
La Fiscalía General del Estado ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia presentada el pasado jueves por el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo contra el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise Pérez’, para que investigue si puede existir un posible delito de financiación ilegal por el presunto cobro de 100.000 euros en metálico durante la campaña de las elecciones europeas, según explican fuentes jurídicas.
El órgano fiscal que dirige Álvaro García Ortiz ha dado este paso ya que Alvise es aforado por su condición de eurodiputado. Las citadas fuentes subrayan que la denuncia fue ampliada este martes por Romillo, fundador de Madeira Invest Club (MIC), la empresa de inversión en moneda digital que promocionó a Alvise. El denunciante es conocido en el mundo de las criptomonedas y el blockchain con el seudónimo de Luis Cryptospain.
En paralelo, los afectados por el sorpresivo cierra de MIC la semana pasada, concretamente el pasado 16 de septiembre, han presentado una denuncia en la Audiencia Nacional contra este club financiero «y todos sus responsables» por un supuesto fraude de más de 300 millones de euros, según ha anunciado en su página web Aránguez Abogados. En este sentido, explica que el escrito ya está siendo instruido por el Juzgado Central de Instrucción número 4 que dirige José Luis Calama.
«Es el primer y único procedimiento que tiene ya reparto, por lo que todas las denuncias posteriores pueden unirse al mismo. (…) La unión hace la fuerza y estamos encantados de poder ayudar a otros compañeros y que el procedimiento avance con mayor rapidez para que nuestros patrocinados recuperen su capital cuanto antes», asegura este bufete, que dice representar a medio millar de afectados.
El despacho ha presentado este miércoles una ampliación de la denuncia en la que piden a la Audiencia Nacional que se inhiba y que la competencia pase al Supremo. Según ha explicado este despacho a Europa Press, Romillo habría manifestado «públicamente la vinculación de esta trama con Alvise Pérez, motivo por el que argumenta y excusa la paralización de la plataforma y la no devolución del capital a los afectados».
La denuncia del líder de Madeira va acompañada de diversa documentación así como supuestas conversaciones con el líder de SALF que demostrarían la relación y los pagos en mano en Madrid, según eldiario.es y la Cadena Ser. Además, Romillo se ha puesto a disposición de la Justicia española, al tiempo que se ofrece a liquidar sus bienes para compensar a sus inversores con el patrimonio que aún mantiene y el dinero que figura en cuentas bancarias portuguesas.
La entrega de los 100.000 euros a Alvise se produjo en las oficinas de Sentinel BQ, una empresa del mismo dueño de MIC que dispone de 5.000 cajas de seguridad fortificadas en el centro de Madrid y que permite hacer intercambios de dinero bajo una promesa de total confidencialidad: a espaldas de Hacienda y sorteando las medidas antifraude a las que están obligadas las entidades financieras.
A principios de abril, el líder de SALF le había trasladado a Romillo sus «necesidades» de cara a los comicios europeos, entre los que citaba conseguir «fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas» para pagar mítines, publicidad y actos de campaña.
La ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones anónimas y establece que los partidos políticos no pueden aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales, ni tampoco donaciones procedentes de personas jurídicas. Además, todas las donaciones superiores a 25.000 euros deben notificarse al Tribunal de Cuentas por el partido político en el plazo de tres meses desde su aceptación.
