Andalucía niega haber adjudicado contratos sanitarios «en fraude de ley»
El Gobierno regional asegura que «ningún informe de auditoría dice eso» y que se trata de «titulares engañosos»
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. | Francisco J. Olmo (Europa Press)
La Junta de Andalucía ha calificado como «rotundamente falso» que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) haya adjudicado contratos sanitarios «en fraude de ley» por valor de 458 millones y ha asegurado que «ningún informe de auditoría dice eso», por lo que señala que se trata de «titulares engañosos».
Fuentes del Gobierno andaluz se han pronunciado así después de que elDiario.es haya publicado que la Junta fraccionó miles de contratos «en fraude de ley» con los que repartió «a dedo» 458,3 millones de euros a las mismas empresas en el ejercicio de 2021, algo que ha denunciado un informe de la Intervención y tras lo cual los portavoces de la oposición han anunciado acciones legales.
Según esta información, el órgano fiscalizador acusa al SAS de trocear contratos millonarios en cientos de contratos menores —aunque en todos ellos el objeto de la prestación es «el mismo o similar»— con el fin de «disminuir la cuantía del mismo» para justificar la adjudicación a dedo a una misma empresa, «eludiéndose así los requisitos de publicidad y concurrencia competitiva» y, en definitiva, «infringir la ley».
El Ejecutivo regional ha precisado que 458,3 millones corresponde a la suma de todos los contratos menores en las centrales de compras del SAS en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén en 2021, provincias en las que se hicieron 295.914 contratos menores de los que se han analizado «solamente» 573, el 0,19 %.
«Extrapolar algunas salvedades de una muestra del 0,19 % a la totalidad de los contratos menores efectuados por el SAS en esas cuatro provincias en 2021 para decir que todos están en fraude de ley es una absoluta falta de rigor», aseguran las mismas fuentes.
Han explicado que el contrato menor es una figura legal válida para contratar y que en ningún caso se ha detectado desvíos de fondos públicos. Esos contratos sirvieron, han precisado, para comprar medicamentos, prótesis, marcapasos, etc, que han sido suministrados, recetados o implantados en pacientes que ahora tienen un problema de salud resuelto.
La Junta ha señalado que fue ella la que facilitó al PSOE 68 informes de auditoría, «en un ejercicio de transparencia sin precedentes en Andalucía» y ha acusado a los socialistas de utilizarlos «de forma tergiversada» y «casualmente el día después de conocerse un nuevo caso de enchufes y borrado de ordenadores en el caso de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), donde están imputados familiares muy directos de importantes cargos políticos del PSOE».
El Gobierno andaluz ha lamentado que el PSOE promueva en sus redes sociales acciones de desinformación para tapar sus propios escándalos y ha emplazado al secretario general del PSOE-A y líder de la oposición, Juan Espadas, a «reflexionar y dar al botón de STOP de la máquina del fango, con la que pretende embarrar el prestigio de la sanidad pública de Andalucía».
