Crean un mapa con los 130 casos de posible malversación de fondos de Igualdad
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres localiza los lugares en los que se ha desviado dinero
La ministra de Igualdad, Ana Redondo atiende a los medios de comunicación, a 26 de septiembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). | EP
Un mapa con ficha y foto para localizar los 130 casos de mal uso de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género registrados y comunicados al Ministerio de Igualdad. Esa es la iniciativa que ha emprendido la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que aglutina a centenares de colectivos feministas y socialistas, para dar a conocer el escándalo de posible malversación de caudales públicos que afecta al gabinete de Ana Redondo, así como a consistorios y comunidades tanto del PSOE como del Partido Popular.
Entre los casos documentados se encuentran carreras de tacones, papeleras y contenedores para tampones, pasos de peatones arcoíris, talleres de maquillaje, charlas LGTB o bailes con vermú posterior. A juicio de la Alianza, esas iniciativas «no son objeto de ninguna medida financiable con los fondos del Pacto de Estado», pues estos deberían dedicarse a ayudar a mujeres víctimas de violencia.
Para las feministas radicales, el mal uso de los fondos se enmarca en la definición legal de malversación de caudales públicos, y señalan a la ministra de Igualdad porque «es de su responsabilidad litigar para recuperar los fondos malversados y garantizar que el dinero no tenga un uso diferente de aquel al que estaba destinado, ya que esto afecta a la función encomendada a los asuntos competenciales de su administración y afecta gravemente al Pacto de Estado».
130 casos
El pasado 1 de abril, la asociación de feministas envió a la ministra de Igualdad una primera relación de casos documentada sobre el mal uso de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas, a las que el Gobierno de España repartió este año 160 millones.
Como respuesta, la ministra se comprometió por carta a «identificar si se está realizando un uso indebido de los fondos y de ser así, se considerarán actividades no financiables y así se les comunicará a los organizadores». Redondo expresaba en la misiva su condena a «aquellas actividades que supongan un mal uso de estos fondos o que banalicen las políticas públicas destinadas a erradicar la violencia de género, la expresión más salvaje de la desigualdad entre mujeres y hombres».
Un compromiso que se ratificó tras la polémica por el cartel del Ayuntamiento de Almería sobre la violencia sexual contra la infancia, acusado de blanquear la pederastia y financiado con fondos del Pacto de Estado. Sin embargo, las feministas clásicas denunciaron a posteriori que diferentes corporaciones locales continuaban «detrayendo recursos del Pacto de Estado para iniciativas ajenas, cuando no contrarias, a la lucha contra la violencia contra las mujeres».
El 12 de abril fue remitida a la ministra una segunda relación de casos a los que siguieron sucesivos envíos el 20 de mayo y el 24 de junio. En aquella ocasión, en una nueva carta, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres pidió a Igualdad que denuncie por malversación de caudales públicos a las instituciones que desvíen los fondos del Pacto de Estado hacia fines no contemplados en las medidas del Pacto.
Casi medio año después, el mapa de la malversación, que sitúa los casos recopilados a fecha de 20 de julio, es el resultado gráfico de este trabajo de documentación.
El pasado 23 de septiembre se celebró un Pleno Extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. El objetivo principal fue la aprobación de las medidas a proponer para el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para su posterior remisión al Congreso de los Diputados. «Confiamos en que el control por parte del Ministerio y comunidades autónomas, el uso riguroso y la fiscalización de los gastos eviten en el futuro los casos de mala utilización documentados por ContraBorrado», afirman las feministas.
