El oro negociado entre Delcy y Aldama lleva a una «caja negra» de Chávez que heredó Maduro
La oposición venezolana ha denunciado en los últimos años el tráfico ilegal de lingotes con Turquía y Rusia
Nicolás Maduro (c) junto a su esposa Cilia Flores (i) y su vicepresidenta Delcy Rodríguez (d). | Foto: EP
El negocio del oro venezolano a finales de 2019 entre la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, y el principal comisionista de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama, parte de un contrato de compraventa en el que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (Fonden) ofrece 104 lingotes de este metal precioso a Bancasa SA por valor de 68.498.254,11 dólares (62,6 millones de euros al cambio actual).
Fonden es considerado en varias investigaciones periodísticas de los últimos años como una «caja negra» impulsada por Hugo Chávez en 2003 para proyectos estratégicos en Venezuela, utilizando para ello «una partida extrapresupuestaria» con ingresos derivados del petróleo. Un organismo que ha seguido funcionando en la etapa de Nicolás Maduro y que, en la actualidad, forma parte del organigrama del Ministerio venezolano de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, según subraya la UCO en su último informe remitido al juez instructor del caso Koldo.
El contrato de compraventa de las barras de oro tiene como fecha de creación el 27 de diciembre de 2019 y en él «se estipula una cláusula cuarta que la entrega del oro ha de realizarse entre el 27 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020». Aldama envió fotos a Delcy de esta operación financiera el 28 de diciembre de 2019. «Entre ellos, se localizan una captura de pantalla y un archivo pdf, referidos a un plan de vuelo con origen en Moscú el día 1 de enero de 2020, y destino Caracas el día 3 de ese mes, a través de Zambia», se indica en el citado informe.
Aldama le dijo a la mano derecha de Nicolás Maduro que la transferencia de este oro venezolano ya estaba en marcha. «No te dije es lo amarillo ya está todo listo y el jueves sale para ya los 350», le comentó a la vicepresidenta de Venezuela. La UCO explica al magistrado que de esta forma «podría referirse al oro, identificado como amarillo, que saldría el jueves 2 de enero de 2020 con el plan de vuelo ya reseñado» desde la capital de Rusia.
El comisionista tenía en un ordenador portátil el documento de vuelo emitido por el Departamento de Aviación Civil de Zambia para esta operación de compraventa de oro. En él se indicaban «los detalles del plan de vuelo» entre Moscú y Caracas. Así, el 1 de enero de 2020 salió el avión desde la capital rusa con destino al país africano. Al día siguiente, voló de Zambia a Venezuela, donde llegó el 3 de enero. «Este avión es tripulado por ciudadanos rusos, en total viajan 16 personas todas de la misma nacionalidad, especifican que la carga que transporta son 4.000 kg de suministros sanitarios», se indica en el informe de la Guardia Civil.
La presencia de Aldama en esta operativa, aparentemente como intermediario, supone que por primera vez un ciudadano español aparece en una transacción de oro autorizada por el régimen de Maduro. La oposición venezolana ha denunciado en los últimos años el tráfico ilegal de oro, tanto de entrada como salida, desde el país sudamericano. Varios medios informaron en el pasado que Venezuela ha sacado oro en bruto del país para transformarlo luego en lingotes en Turquía y Rusia. Tras ello, las barras de este material precioso vuelven a su lugar de origen -la citada Venezuela- o se blanquean en el sistema financiero como fuente de divisas.
Una investigación de Reuters en 2012 sobre Fonden determinó que este organismo había percibido alrededor de 100.000 millones de dólares en siete años para obras públicas que, sin embargo, se paralizaban o no llegaban a terminarse, ya que existían «desfases entre los recursos que recibe, los que contabiliza y el avance de las obras que financia». Además, en muchos casos fue «imposible determinar la evolución de las inversiones dada la escasa información pública».
Fonden surgió tras el paro petrolero de 2003. Chávez hizo en aquel momento «un insólito pedido» al Banco Central de Venezuela: un «millardito» (1.000 millones de dólares) de las reservas internacionales para inyectarlos en el sector agrícola. El ente emisor se negó con el argumento de que el uso de las reservas debilitaría la base monetaria y violaría la legislación vigente con esa orden a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El entonces presidente venezolano cambió la ley y estableció un «nivel óptimo de reservas», por el que todo ingreso por encima de ese tope -de inicio fijado en cerca de los 27.000 millones de dólares- sería transferido a fondos de inversión estatales. Gracias a ello, se empezó a nutrir de dinero a Fonden con el fin de «sembrar el petróleo», como lo definió Chávez.
Bancasa y su representante venezolano
En cuanto a Bancasa, posiblemente la UCO se refiere a Bancasa AG, una sociedad radicada en Zurich (Suiza) y cuyo representante legal era el venezolano David Manuel Pita Bracho, quien tenía en aquel momento contratos de asesoría de bancos oficialistas como el Banco de Venezuela y Banco Bicentenario para el manejo y administración de dichas entidades.
Precisamente, la Asamblea Nacional controlada por la oposición venezolana investigó en ese 2019 las denuncias sobre posibles irregulares contables y operaciones de lavado de dinero a través de Bancasa AG. Diputados próximos a Juan Guaidó alertaron entonces de que Pita Bracho también era representante de Zaman Bank, una entidad financiera de Kazajistán con la que este ciudadano venezolano había realizado movimientos de capitales procedentes de supuestas actividades delictivas.
La oposición venezolana solicitó la colaboración de la Fiscalía y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que identificasen el origen de las operaciones de Bancasa AG, al tiempo que pidieron que se bloqueasen cuentas bancarias y bienes del citado financiero y otros posibles implicados por presuntos delitos de corrupción y blanqueo, pero las pesquisas parlamentarias no prosperaron.
