El Gobierno no contabiliza los casos de fraude que se han producido con la 'ley trans'

El Gobierno no contabiliza el número de supuestos fraudes en los cambios de sexo registral bajo la ley trans. No lo hace porque recopilar los datos de todos los Registros Civiles de España resultaría complicado, debido al gran número de oficinas y su dispersión. Así lo indican los datos aportados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a partir de una solicitud de THE OBJECTIVE al Portal de Transparencia.

La Ley 4/2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida comúnmente como ley trans, es una norma española que entró en vigor el dos de marzo de 2023 y que tiene como objetivo garantizar y promover la igualdad y la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales), así como de sus familias, estableciendo un marco jurídico que asegure la protección de sus derechos en todos los ámbitos: social, público y privado.

En este contexto y en relación con las personas transexuales, que son aquellas cuya identidad de género (la vivencia interna de ser hombre, mujer u otro género) no coincide con su sexo biológico, y que buscan adaptar su cuerpo y/o vida para que coincidan con su verdadera identidad de género, puede darse la posibilidad de que haya personas que soliciten un cambio de nombre y sexo en documentos oficiales sin ser transexuales, a pesar de que existan controles administrativos y supervisión profesional para evitar el uso indebido, con el objetivo de obtener algún beneficio determinado.

Entre las posibles ventajas que pueden motivar cambiar de género legalmente a personas que no pertenecen a este colectivo —gestión para la cual no es necesario contar con informes médicos ni tratamientos hormonales previos porque se basa en la autodeterminación de género— se encuentran el acceso a espacios o servicios diferenciados por género, la participación en ciertas políticas de igualdad o programas de acción positiva, la protección legal frente a la discriminación y los cambios administrativos en documentos.

Este periódico solicitó a la cartera encabezada por Félix Bolaños información acerca del procedimiento para detectar casos de fraude en la ley y, a su vez, conocer cuántos se habían localizado, con un desglose por autonomías. En la respuesta, el acceso a dicha información pública fue inadmitido, debido a que, según explican, «las solicitudes de rectificación registral de la mención relativa al sexo se presentan ante la persona encargada de cualquier oficina del Registro Civil», el registro público oficial en el cual el Estado deja constancia de los hechos y actos fundamentales de la vida de las personas que afectan a su estado civil para darles validez legal.

Dado que son muchos los actos que se inscriben en el Registro Civil, como el nacimiento, el matrimonio, la filiación, la nacionalidad y los cambios de nombre y sexo, entre otros, «recabar la información de cada uno de los Registros Civiles requeriría de una compleja acción previa de reelaboración, dado el número y la situación de las oficinas del Registro Civil», apuntan. En esta línea, aseguran que se deniega la concesión de estos datos porque ese proceso «no supone una mera reelaboración básica o general, sino una compleja tarea de reelaboración», es decir, dicha información no existe tal cual y facilitarla supondría la ejecución de un nuevo trabajo.

Cambios de sexo tras la ley

Tal y como se contó en este medio, según las cifras oficiales hechas públicas en el mes de marzo, justo dos años después de la aplicación de la ley, un total de 10.670 personas habían modificado su sexo en el registro civil. De ellas, 5.139 lo hicieron durante el primer año, 2023, y 5.531 lo realizaron en 2024, lo que supone un aumento del 7,63% durante el segundo año desde la puesta en marcha. Prevalece el cambio de hombre a mujer: más de la mitad —en concreto, un 63%— fueron personas que eran hombres al nacer y que, mediante la mera declaración libre y voluntaria de su identidad, cambiaron su sexo registral al de mujer.

En lo que se refiere a los territorios, según los datos del último año cabe destacar que la Comunidad de Madrid y Cataluña acapararon casi la mitad de los cambios de sexo en España en 2024, con un 45,54% sobre el total. En estas autonomías se hicieron 1.422 y 1.097 modificaciones, respectivamente. En tercer lugar, se situó Andalucía, con un registro de 570 ajustes de identidad. En contraste, el lugar donde menos cambios de sexo se realizaron fue La Rioja, con solo ocho. Las otras cuatro divisiones administrativas con menor incidencia de modificaciones de identidad fueron Ceuta (13), Melilla (19), personas que lo registraron en consulados (23) y Cantabria (35).