El precedente de Murcia: un juez podría tumbar la expulsión de los ediles de Vox en Madrid
En 2020, la Justicia ordenó a los de Santiago Abascal a readmitir a tres diputados expulsados por desacato

Javier Ortega Smith, Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, en un pleno del Ayuntamiento de Madrid. | EP
Javier Ortega Smith, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Madrid que han sido suspendidos cautelarmente de militancia como paso previo a su expulsión, tienen un motivo para el optimismo: el precedente de Murcia. Tres diputados murcianos de la formación que preside Santiago Abascal —Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco José Carrera— fueron expulsados en junio de 2020, pero recurrieron a la Justicia que les dio la razón en primera instancia (Juzgado de Cartagena) y en segunda (Audiencia Nacional), por cuanto la expulsión no respetó el debido proceso interno ni los derechos estatutarios.
El caso es, mutatis mutandis, muy parecido al que ahora atañe a los tres diputados díscolos de Vox en Madrid, a los que se ha expedientado por no acatar la decisión de la cúpula de nombrar portavoz a Arantxa Cabello, una decisión que, a su juicio, «vulnera la autonomía del grupo y la ley». Javier Ortega Smith ya ha anunciado que va a «pelear con los estatutos y recurrir lo que tenga que recurrir». «Si el motivo es no firmar la portavocía, tienen toda la razón. Según la ley municipal y el reglamento general del pleno, compete el nombramiento a los miembros del grupo», deslizan desde el entorno de los tres concejales díscolos, desde donde recuerdan que el propio José Luis Martínez-Almeida, abogado del Estado, les ha dado la razón y ha recalcado que la decisión de apartar a Ortega de la portavocía sólo le corresponde al grupo municipal.
Por lo expuesto, estas fuentes intuyen que la dirección nacional está intentando encontrar otros pretextos para su expulsión, tales como filtrar chats privados del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a medios de comunicación, algo que, según ha podido constatar este medio, no se ha producido. «Tengo la conciencia tranquila, he defendido con honradez, lealtad, patriotismo y coherencia al partido», se ha defendido el ex secretario general del partido, en el CEN desde 2014 hasta diciembre de 2025.
El precedente de Murcia
En junio de 2020, tres diputados de Vox en Murcia fueron expulsados tras un conflicto por el control del grupo parlamentario. El argumento clave fue que la expulsión no respetó el debido proceso interno ni los derechos estatutarios, y que los expulsados podían mantener el acta (no perdían el escaño automáticamente al ser expulsados del partido). Paradójicamente, quien defendió entonces los intereses del partido fue Javier Ortega Smith, abogado de oficio, que por eso recuerda bien este precedente.
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cartagena, Salvador R. Ludeña, falló la nulidad de la expulsión. Como principal conclusión, el juez declaró nula la resolución que fijó el Comité de Garantías de Vox, que suspendía de militancia y representación a los tres diputados por «decidir unilateralmente el despido de cuatro trabajadores de su grupo parlamentario y quitar como titulares de las cuentas de este grupo a dirigentes nacionales», entre ellos Ortega Smith. El magistrado adujo que la resolución de Vox incurría en «la vulneración de los derechos de asociación y participación pública de los artículos 22 y 23.1 de la Constitución Española».
Vox recurrió la sentencia, pero en enero de 2024 la Audiencia Provincial de Murcia confirmó el fallo, ratificando la nulidad de la expulsión. A pesar de las sentencias favorables, los diputados no volvieron plenamente al partido (Vox se resistió a ejecutarlo en la práctica), pues Juan José Liarte y Francisco José Carrera pidieron la baja voluntaria en 2023, mientras que Mabel Campuzano había pasado a ser consejera en el Gobierno de López Miras (PP).
Ortega, a los tribunales
En definitiva, si se produce en Madrid la expulsión definitiva (aún es cautelar), los concejales podrían demandar a Vox por nulidad de la expulsión con argumentos parecidos: infracción de estatutos, vulneración de derechos de militancia, falta de proporcionalidad o irregularidades en el procedimiento disciplinario. Además, podrían alegar la autonomía del grupo municipal (regulada por el Reglamento del Ayuntamiento de Madrid), ya que el cargo de portavoz lo elige el grupo, no la ejecutiva nacional.
Fuentes municipales del partido confían en que así será, pues «Ortega Smith es un abogado mayúsculo y sabe lo que hace», en detrimento de Marta Castro, a la que conceden poca fiabilidad. Por lo pronto, si los concejales díscolos pierden la militancia, pasarían a no adscritos, como en Murcia, y el grupo Vox en Cibeles se mantendría con dos concejales: Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal.
